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La-grande-Belleza-baile-despilfarroEl pasado día 28 de enero de 2016, el Gobierno italiano aprobó un “Disegno di legge” para la nueva Ley del Cine, que, de resultar aprobado, supondrá una modificación transcendental pata la industria audiovisual italiana.

El Ddl (disegno di legge), que en este caso ya se conoce como “Ley del Cine Franceschini” (por el Ministero que la ha promovido),  deberá ser aprobado por las Cortes Generales, según la Constitución italiana, si bien ya se presenta como un hecho y un triunfo por el Gobierno puesto que no se espera ninguna incidencia ni rechazo en su tramitación y aprobación parlamentaria. Debemos recordar que la importantísima Ley de Mecenazgo e incentivos culturales aprobada en 2014 (Decreto Ley n.83 31/05/2014, convertido en Ley 29/07/2014 n.106), que además de rebajar el IVA cultura, creaba, entre otros, el Art-Bonus, un incentivo fiscal del 65%, deducible en tres años para particulares y empresas que hagan donaciones en apoyo del patrimonio artístico y cultural nacional, fue aprobada por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, con la única oposición de la minoritaria “Liga Norte”.

Los incentivos que introduce la futura Ley del cine son de una importancia transcendental, mejorando incluso a la ley francesa, en la que se inspira. Estas mejoras, que se listan en la web del Ministerio Italiano de Bienes Culturales (http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1315140184.html), son, de manera resumida las siguientes:

Creación de un “Fondo” único para el cine y el audiovisual dotado con 150 millones  de euros más:
Se creará un único Fondo para incentivar la inversión en el cine y el audiovisual, que se nutrirá, siguiendo el modelo francés, de un porcentaje de la recaudación  impositiva generada por la explotación de los contenidos audiovisuales en televisión, salas de cine, Internet (incluido el generado por compañías telefónicas y de telecomunicaciones). Consistirá en un porcentaje fijo (12%) de la recaudación del IRPF y el IVA en estos específicos sectores, con un mínimo garantizado de 400 millones de euros anuales.

Seguridad jurídica: automatismo en la financiación y reinversión en el sector:

Desaparecen las resoluciones administrativas y las comisiones ministeriales para la concesión de ayudas en función del “interés cultural”, siendo sustituidas por un sistema de incentivos automáticos. Se elimina el criterio subjetivo y la cuantía de las ayudas viene determinada por parámetros objetivos que tienen en cuenta los resultados económicos, artísticos y de difusión: incluyendo tanto premios recibidos, como éxito en espectadores. Los productores y distribuidores recibirán subvenciones para llevar a cabo nuevas producciones.

Ayuda específica para nuevos realizadores: 
Hasta un 15% del nuevo Fondo se dedicará a: 1. ayudar a producir primeros y segundos largometrajes de directores noveles, apoyar a jóvenes autores, start-ups y pequeñas salas de exhibición; 2. Subvencionar Festivales y Certámenes de calidad; 3. Digitalización del patrimonio cinematográfico y audiovisual italiano.

Potenciación de los seis Tax Credit ya existentes,con incentivos de hasta un 30% para inversores y un 40% para productores independientes :
La nueva ley del cine potenciará el crédito fiscal reforzando los seis tax credits ya
existentes y inversión extranjera en el sector.El crédito tributario aumenta hasta el 40% para los productores independientes que distribuyen por su cuenta las propias películas.

Fondo especial de 5 millones para las pequeñas y medianas empresas :
Habrá una sección especial del Fondo destinada a pequeñas y medianas empresas, para garantizar operaciones de financiación.

Incentivos para quien inversión en nuevas Salas de cine. Hasta 100 millones más en 3 años:

Destinado a aumentar el número de pantallas y la calidad de las salas, estableciendo  un plan extraordinario de hasta 100 millones de euros en tres años para reactivar las salas cerradas y abrir otras nuevas.

Protección de los cines históricos:

Se agilizará el reconocimiento de la declaración de interés cult
ural, al que podrá
n optar también salas de cine y de teatro y librerías históricas, para favorecer su conservación y su valoración.

Transparencia y agilización de los procedimientos para la programación de cine en televisión y de inversión televisiva en obras italianas y europeas.

Desaparece la “censura de Estado”:
No habrá más comisiones ministeriales que valoren las películas, sino que se establece un nuevo sistema de clasificación que responsabilice a los productores y a los distribuidores cinematográficos, siendo ellos quienes clasificarán sus propios contenidos. El Estado tendrá sólo una labor de vigilancia y sanción.

Es oportuno recordar, además, que Italia tiene determinado el IVA cultural en el 10%.

España se queda cada vez más atrasada y sola en esta materia.

 

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Desde ayer se vienen repitiendo en los medios de comunicación alarmantes noticias sobre un supuesto fraude millonario de subvenciones en las ayudas al cine, presuntamente cometido mediante la compra de taquilla por parte de algunos Productores de común acuerdo con algunas Salas de cine.

Al parecer, el problema gira en torno a la convocatoria de 2012, que se realizó por Resolución de 30 de marzo de 2012. De manera tremendamente resumida, para recibir una cantidad de dinero importante en cuanto ayuda complementaria a la amortización, había, entre otros muchos, un requisito fundamental e ineludible: alcanzar un mínimo de 60.000 espectadores efectivos, o 30.000 si la película es en lengua oficial española distinta del castellano o se trata del primer o segundo largometraje de un Director. El presunto fraude se habría cometido mediante la compra de entradas para conseguir este requisito, que no obedecían a espectadores reales.

Durante la tramitación de la convocatoria de 2012, el ICAA comenzó un procedimiento de comprobación masivo y sin precedentes, motivado (según el propio ICAA) por una “denuncia de trabajadores del sector”, que no se ha llegado a conocer. Se puso la lupa en gran cantidad de películas (hasta 38 al parecer, realmente en todas las que no habían tenido un notorio éxito comercial que las dejara fuera de sospecha) y se solicitó numerosa documentación contable a los cines que estaban bajo sospecha, con el fin de cruzar datos que permitieran, en su caso, descubrir cualquier fraude. Finalmente, a finales de octubre de 2012, se denegó la ayuda por este motivo a doce películas. Las fechas son muy importantes en este asunto.

La mayoría de las Productoras a las que se denegó la ayuda iniciaron la vía administrativa de recursos, en varios de los cuales este Despacho participó profesionalmente. Los recursos administrativos de reposición y sus correspondientes Resoluciones se sucedieron en los primeros meses de 2013, tras lo cual, algunos de los afectados decidieron continuar por la vía judicial, interponiendo el pertinente recurso contencioso-administrativo. Sabemos positivamente que al menos dos de las películas llegaron hasta la segunda instancia, en la Audiencia Nacional, y que al menos una de ellas obtuvo pronunciamiento favorable, ordenando al ICAA que procediera al pago de la ayuda. 

Al parecer, paralelamente a la vía administrativa, el ICAA envió un informe a Fiscalía por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a resultas del cual,  la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid ha interpuesto denuncias, que han derivado en cuatro procedimientos penales (según las noticias aparecidas en prensa).

Con relación a la actuación del ICAA, se debe tener en cuenta que no podía hacer otra cosa, ya que los funcionarios tienen obligación de denunciar ex Artículo 262 LECrim: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante”, pudiendo en caso de no hacerlo, incurrir ellos mismos en responsabilidad penal, según el artículo 408 del Código Penal: “La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.”

Con relación al tipo penal aplicable, se está hablando de fraude de subvenciones y de falsedad. Esto es incorrecto, ya que la falsedad es delito medial para el fraude de subvenciones. El tipo penal de aplicación a este supuesto es el artículo 308.1 del Código Penal, que incluye como elemento objetivo “falsear las condiciones” requeridas: El que obtenga subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones públicas de más de ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe” (redacción vigente en 2012, que es la norma más favorable)

Sin embargo, el delito que sí tiene cabida junto con el fraude de subvenciones es el delito genérico de estafa, del artículo 248 del Código Penal: “Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”. Un tema precioso desde el punto de vista de técnica jurídico-penal es la complejidad que presenta el concurso de normas entre el delito de estafa y el fraude de subvenciones, sobre el cual se han dictado interesantísimas Sentencias, así como si el tipo del fraude de subvenciones sólo lo puede cometer el beneficiario de la ayuda. Estas dos cuestiones, por su extensión, deben ser objeto de análisis independiente cada una de ellas y no las vamos a desarrollar en este momento.

Por otra parte, se debe tener muy en cuenta que en este caso concreto no ha llegado a existir consumación del delito, por cuanto el ICAA nunca llegó a pagar las ayudas, si bien no existe duda alguna en la doctrina y la jurisprudencia de que estos delitos se pueden cometer en grado de tentativa, lo que sería de aplicación al presente supuesto.  Si tenemos en cuenta que según el artículo 62 del Código Penal “A los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito consumado….”, no podemos más que concluir que es exageradísima  e incierta la afirmación de algunos medios de comunicación de que los acusados en estos procedimientos “se enfrentan a penas de cinco años de cárcel”.

Por otra parte, según el artículo 13.2 del Código Penal Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave”, y según el artículo 33.3 Son penas menos graves: a) La prisión de tres meses hasta cinco años.” (las reformas del Código Penal desde 2012 no afectan a estos preceptos en cuanto a su concreta aplicación al supuesto específico). El hecho de ser un delito menos grave nos marca el plazo de prescripción, lo que es transcendental en el caso que nos ocupa: según la redacción del Código Penal vigente en el momento de comisión del delito, los delitos menos graves prescribían a los tres años (artículo 131.1 Código Penal).

La única consecuencia posible de todo lo expuesto es que a fecha de hoy ya no cabe el inicio de acciones penales contra ningún otro Productor o exhibidor. Las normas sobre prescripción del art. 132 del Código Penal son claras: el cómputo comienza el día en que se pudo poner la denuncia, por tener conocimiento de los hechos. Aunque busquemos la fecha más favorable al ejercicio de la acción, esta fue cuando el ICAA dictó la correspondiente Resolución de minoración de espectadores, en octubre de 2012. En este momento al menos, el ICAA tenía conocimiento de las posibles irregularidades (y probablemente lo tuvo también en fecha anterior). Por lo tanto, las denuncias que no hayan sido ya interpuestas, no pueden prosperar a fecha de hoy. Sin embargo, al menos teóricamente, ya la vista de los plazos que manejan los Juzgados, sí cabe la posibilidad de que existan procedimientos penales en marcha, por denuncias interpuestas y admitidas a trámite antes de la prescripción, de los cuales el denunciado aún no tenga conocimiento. Para que esto suceda, las denuncias tienen que haber sido nominales, ya que es imprescindible que se señale específicamente la persona del denunciado en la denuncia para interrumpir la prescripción cuando aún no se ha dirigido el procedimiento contra esa persona, y en este caso sólo se interrumpe respecto de la/s persona/s expresamente denunciadas y no respecto de otras posibles responsables mientras no se dirija contra ellas específicamente el procedimiento.

Resulta desesperante y de una inseguridad jurídica lamentable que se esté hablando de presuntos procedimientos penales en curso de los que los presuntos denunciados no tienen conocimiento, y resulta absurdo que se esté hablando de procedimientos contra alguna persona que ha ganado el procedimiento contencioso-administrativo frente al ICAA en la Audiencia Nacional, como José Frade P.C. (“La venganza de don Mendo Rock”).

En definitiva, se está creando una alarma social que puede considerarse inmerecida para una cuestión que está muy acotada, como hemos visto: en 2012 se denegó la Ayuda a 12 películas, de entre 74 peticionarias. Esto pone las cifras del presunto fraude millonario en su justa cantidad, tanto económica como porcentual. Según se recoge en prensa, dos películas vieron repuestos sus derechos por los Tribunales contencioso-administrativo, y otras cuatro películas han terminado en un procedimiento penal iniciado hace ya tiempo.

Y yo me pregunto:  ¿Por qué aparece esta noticia tan antigua precisamente ahora? ¿Qui prodest?

El procedimiento se inició en virtud de denuncia de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), a cuya denuncia se unió la Asociación de Consumidores y Usuarios de Medios Audiovisuales de Cataluña (TAC). Se solicita la calificación de “Sálvame diario” como “no recomendado para menores de 16 años”, o, subsidiariamente, como “no recomendado para menores de 12 años” y consiguientemente se reubique fuera de la franja horaria de protección reforzada. Previamente se habían recibido 192 denuncias de particulares. El programa ocupa, de lunes a viernes la totalidad de la franja horaria de protección reforzada de las tardes, que va de 17:00 a 20:00 horas.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia es dura en su respuesta, al afirmar que:

“….en el programa “Sálvame diario” se tratan noticias del corazón de forma frívola y en sus emisiones se suelen poner de manifiesto conflictos personales y familiares como parte del espectáculo; se usa con frecuencia un lenguaje malsonante, vulgar y soez y se producen insultos; también se recurre a la imagen y cuerpo de las mujeres con objeto de hacer insinuaciones más o menos procaces; se banalizan determinados temas de carácter sexual relacionados con la prostitución o mediante supuestos consultorios sexológicos; se vierten comentarios más o menos banales sobre el consumo del alcohol u otras drogas; o se promueve la competitividad o el arribismo a cualquier precio o sin respetar los derechos de los demás. Todo ello se hace, además, de una forma recurrente y continuada en el tiempo.
Por las características de los colaboradores del programa y de los invitados, y de los temas que tratan, lo normal es que se produzcan enfrentamientos y discusiones entre ellos. Asimismo, se utilizan imágenes o se nutre de otros programas, como “Sálvame Deluxe” o “Supervivientes”, que están calificados como “no recomendados para menores de 12 años”.

Afirma la CNMC que “Sálvame diario” incurre en:

“La presentación explícita y sin solución positiva o no criticada de graves conflictos emocionales (por ejemplo, la venganza, el odio en el seno de la familia, los malos tratos, los problemas de identidad sexual, el divorcio traumático, la violencia doméstica, etc.), y de conflictos exacerbados”,

“La presentación sin finalidad educativa o informativa de actitudes intolerantes, racistas, sexistas y violentas, conductas competitivas que no respeten las reglas o los derechos de los demás, o arribismo a cualquier precio, o esta misma presentación no criticada y que incite a la imitación”

“La presentación no criticada de la violencia como forma de solucionar los problemas”

“La presentación no criticada y/o complaciente de situaciones y manifestaciones denigratorias”

“La presentación de lenguaje soez expresado de manera ofensiva y/o violenta”

Termina requiriendo a MEDIASET para que en un plazo de 10 días o bien adecúe la calificación por edades (y consiguientemente suprima el programa de la franje de emisión) o bien adecúe los contenidos.

Al parecer la propuesta de MEDIASET se basa en dividir el programa en dos franjas horarias: “Sálvame limón” entre las 16:00 y las 17:00, cuando los niños están aún en el colegio, con el contenido habitual, y “Sálvame naranja”, a partir de las 17:00, con una temática suavizada y adecuada a la calificación actual por edades (¡¡¡¡menores de 7 años!!!).

Realmente, leyendo la Resolución, cuesta trabajo creer que este programa se esté emitiendo desde hace años en horario de tarde, habiendo hecho la Admninistración hasta ahora caso omiso a las denuncias presentadas.

Adjuntamos texto íntegro:

Informe CNMC Sálvame

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