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La-grande-Belleza-baile-despilfarroEl pasado día 28 de enero de 2016, el Gobierno italiano aprobó un “Disegno di legge” para la nueva Ley del Cine, que, de resultar aprobado, supondrá una modificación transcendental pata la industria audiovisual italiana.

El Ddl (disegno di legge), que en este caso ya se conoce como “Ley del Cine Franceschini” (por el Ministero que la ha promovido),  deberá ser aprobado por las Cortes Generales, según la Constitución italiana, si bien ya se presenta como un hecho y un triunfo por el Gobierno puesto que no se espera ninguna incidencia ni rechazo en su tramitación y aprobación parlamentaria. Debemos recordar que la importantísima Ley de Mecenazgo e incentivos culturales aprobada en 2014 (Decreto Ley n.83 31/05/2014, convertido en Ley 29/07/2014 n.106), que además de rebajar el IVA cultura, creaba, entre otros, el Art-Bonus, un incentivo fiscal del 65%, deducible en tres años para particulares y empresas que hagan donaciones en apoyo del patrimonio artístico y cultural nacional, fue aprobada por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, con la única oposición de la minoritaria “Liga Norte”.

Los incentivos que introduce la futura Ley del cine son de una importancia transcendental, mejorando incluso a la ley francesa, en la que se inspira. Estas mejoras, que se listan en la web del Ministerio Italiano de Bienes Culturales (http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1315140184.html), son, de manera resumida las siguientes:

Creación de un “Fondo” único para el cine y el audiovisual dotado con 150 millones  de euros más:
Se creará un único Fondo para incentivar la inversión en el cine y el audiovisual, que se nutrirá, siguiendo el modelo francés, de un porcentaje de la recaudación  impositiva generada por la explotación de los contenidos audiovisuales en televisión, salas de cine, Internet (incluido el generado por compañías telefónicas y de telecomunicaciones). Consistirá en un porcentaje fijo (12%) de la recaudación del IRPF y el IVA en estos específicos sectores, con un mínimo garantizado de 400 millones de euros anuales.

Seguridad jurídica: automatismo en la financiación y reinversión en el sector:

Desaparecen las resoluciones administrativas y las comisiones ministeriales para la concesión de ayudas en función del “interés cultural”, siendo sustituidas por un sistema de incentivos automáticos. Se elimina el criterio subjetivo y la cuantía de las ayudas viene determinada por parámetros objetivos que tienen en cuenta los resultados económicos, artísticos y de difusión: incluyendo tanto premios recibidos, como éxito en espectadores. Los productores y distribuidores recibirán subvenciones para llevar a cabo nuevas producciones.

Ayuda específica para nuevos realizadores: 
Hasta un 15% del nuevo Fondo se dedicará a: 1. ayudar a producir primeros y segundos largometrajes de directores noveles, apoyar a jóvenes autores, start-ups y pequeñas salas de exhibición; 2. Subvencionar Festivales y Certámenes de calidad; 3. Digitalización del patrimonio cinematográfico y audiovisual italiano.

Potenciación de los seis Tax Credit ya existentes,con incentivos de hasta un 30% para inversores y un 40% para productores independientes :
La nueva ley del cine potenciará el crédito fiscal reforzando los seis tax credits ya
existentes y inversión extranjera en el sector.El crédito tributario aumenta hasta el 40% para los productores independientes que distribuyen por su cuenta las propias películas.

Fondo especial de 5 millones para las pequeñas y medianas empresas :
Habrá una sección especial del Fondo destinada a pequeñas y medianas empresas, para garantizar operaciones de financiación.

Incentivos para quien inversión en nuevas Salas de cine. Hasta 100 millones más en 3 años:

Destinado a aumentar el número de pantallas y la calidad de las salas, estableciendo  un plan extraordinario de hasta 100 millones de euros en tres años para reactivar las salas cerradas y abrir otras nuevas.

Protección de los cines históricos:

Se agilizará el reconocimiento de la declaración de interés cult
ural, al que podrá
n optar también salas de cine y de teatro y librerías históricas, para favorecer su conservación y su valoración.

Transparencia y agilización de los procedimientos para la programación de cine en televisión y de inversión televisiva en obras italianas y europeas.

Desaparece la “censura de Estado”:
No habrá más comisiones ministeriales que valoren las películas, sino que se establece un nuevo sistema de clasificación que responsabilice a los productores y a los distribuidores cinematográficos, siendo ellos quienes clasificarán sus propios contenidos. El Estado tendrá sólo una labor de vigilancia y sanción.

Es oportuno recordar, además, que Italia tiene determinado el IVA cultural en el 10%.

España se queda cada vez más atrasada y sola en esta materia.

 

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Desde ayer se vienen repitiendo en los medios de comunicación alarmantes noticias sobre un supuesto fraude millonario de subvenciones en las ayudas al cine, presuntamente cometido mediante la compra de taquilla por parte de algunos Productores de común acuerdo con algunas Salas de cine.

Al parecer, el problema gira en torno a la convocatoria de 2012, que se realizó por Resolución de 30 de marzo de 2012. De manera tremendamente resumida, para recibir una cantidad de dinero importante en cuanto ayuda complementaria a la amortización, había, entre otros muchos, un requisito fundamental e ineludible: alcanzar un mínimo de 60.000 espectadores efectivos, o 30.000 si la película es en lengua oficial española distinta del castellano o se trata del primer o segundo largometraje de un Director. El presunto fraude se habría cometido mediante la compra de entradas para conseguir este requisito, que no obedecían a espectadores reales.

Durante la tramitación de la convocatoria de 2012, el ICAA comenzó un procedimiento de comprobación masivo y sin precedentes, motivado (según el propio ICAA) por una “denuncia de trabajadores del sector”, que no se ha llegado a conocer. Se puso la lupa en gran cantidad de películas (hasta 38 al parecer, realmente en todas las que no habían tenido un notorio éxito comercial que las dejara fuera de sospecha) y se solicitó numerosa documentación contable a los cines que estaban bajo sospecha, con el fin de cruzar datos que permitieran, en su caso, descubrir cualquier fraude. Finalmente, a finales de octubre de 2012, se denegó la ayuda por este motivo a doce películas. Las fechas son muy importantes en este asunto.

La mayoría de las Productoras a las que se denegó la ayuda iniciaron la vía administrativa de recursos, en varios de los cuales este Despacho participó profesionalmente. Los recursos administrativos de reposición y sus correspondientes Resoluciones se sucedieron en los primeros meses de 2013, tras lo cual, algunos de los afectados decidieron continuar por la vía judicial, interponiendo el pertinente recurso contencioso-administrativo. Sabemos positivamente que al menos dos de las películas llegaron hasta la segunda instancia, en la Audiencia Nacional, y que al menos una de ellas obtuvo pronunciamiento favorable, ordenando al ICAA que procediera al pago de la ayuda. 

Al parecer, paralelamente a la vía administrativa, el ICAA envió un informe a Fiscalía por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a resultas del cual,  la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid ha interpuesto denuncias, que han derivado en cuatro procedimientos penales (según las noticias aparecidas en prensa).

Con relación a la actuación del ICAA, se debe tener en cuenta que no podía hacer otra cosa, ya que los funcionarios tienen obligación de denunciar ex Artículo 262 LECrim: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante”, pudiendo en caso de no hacerlo, incurrir ellos mismos en responsabilidad penal, según el artículo 408 del Código Penal: “La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.”

Con relación al tipo penal aplicable, se está hablando de fraude de subvenciones y de falsedad. Esto es incorrecto, ya que la falsedad es delito medial para el fraude de subvenciones. El tipo penal de aplicación a este supuesto es el artículo 308.1 del Código Penal, que incluye como elemento objetivo “falsear las condiciones” requeridas: El que obtenga subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones públicas de más de ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe” (redacción vigente en 2012, que es la norma más favorable)

Sin embargo, el delito que sí tiene cabida junto con el fraude de subvenciones es el delito genérico de estafa, del artículo 248 del Código Penal: “Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”. Un tema precioso desde el punto de vista de técnica jurídico-penal es la complejidad que presenta el concurso de normas entre el delito de estafa y el fraude de subvenciones, sobre el cual se han dictado interesantísimas Sentencias, así como si el tipo del fraude de subvenciones sólo lo puede cometer el beneficiario de la ayuda. Estas dos cuestiones, por su extensión, deben ser objeto de análisis independiente cada una de ellas y no las vamos a desarrollar en este momento.

Por otra parte, se debe tener muy en cuenta que en este caso concreto no ha llegado a existir consumación del delito, por cuanto el ICAA nunca llegó a pagar las ayudas, si bien no existe duda alguna en la doctrina y la jurisprudencia de que estos delitos se pueden cometer en grado de tentativa, lo que sería de aplicación al presente supuesto.  Si tenemos en cuenta que según el artículo 62 del Código Penal “A los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito consumado….”, no podemos más que concluir que es exageradísima  e incierta la afirmación de algunos medios de comunicación de que los acusados en estos procedimientos “se enfrentan a penas de cinco años de cárcel”.

Por otra parte, según el artículo 13.2 del Código Penal Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave”, y según el artículo 33.3 Son penas menos graves: a) La prisión de tres meses hasta cinco años.” (las reformas del Código Penal desde 2012 no afectan a estos preceptos en cuanto a su concreta aplicación al supuesto específico). El hecho de ser un delito menos grave nos marca el plazo de prescripción, lo que es transcendental en el caso que nos ocupa: según la redacción del Código Penal vigente en el momento de comisión del delito, los delitos menos graves prescribían a los tres años (artículo 131.1 Código Penal).

La única consecuencia posible de todo lo expuesto es que a fecha de hoy ya no cabe el inicio de acciones penales contra ningún otro Productor o exhibidor. Las normas sobre prescripción del art. 132 del Código Penal son claras: el cómputo comienza el día en que se pudo poner la denuncia, por tener conocimiento de los hechos. Aunque busquemos la fecha más favorable al ejercicio de la acción, esta fue cuando el ICAA dictó la correspondiente Resolución de minoración de espectadores, en octubre de 2012. En este momento al menos, el ICAA tenía conocimiento de las posibles irregularidades (y probablemente lo tuvo también en fecha anterior). Por lo tanto, las denuncias que no hayan sido ya interpuestas, no pueden prosperar a fecha de hoy. Sin embargo, al menos teóricamente, ya la vista de los plazos que manejan los Juzgados, sí cabe la posibilidad de que existan procedimientos penales en marcha, por denuncias interpuestas y admitidas a trámite antes de la prescripción, de los cuales el denunciado aún no tenga conocimiento. Para que esto suceda, las denuncias tienen que haber sido nominales, ya que es imprescindible que se señale específicamente la persona del denunciado en la denuncia para interrumpir la prescripción cuando aún no se ha dirigido el procedimiento contra esa persona, y en este caso sólo se interrumpe respecto de la/s persona/s expresamente denunciadas y no respecto de otras posibles responsables mientras no se dirija contra ellas específicamente el procedimiento.

Resulta desesperante y de una inseguridad jurídica lamentable que se esté hablando de presuntos procedimientos penales en curso de los que los presuntos denunciados no tienen conocimiento, y resulta absurdo que se esté hablando de procedimientos contra alguna persona que ha ganado el procedimiento contencioso-administrativo frente al ICAA en la Audiencia Nacional, como José Frade P.C. (“La venganza de don Mendo Rock”).

En definitiva, se está creando una alarma social que puede considerarse inmerecida para una cuestión que está muy acotada, como hemos visto: en 2012 se denegó la Ayuda a 12 películas, de entre 74 peticionarias. Esto pone las cifras del presunto fraude millonario en su justa cantidad, tanto económica como porcentual. Según se recoge en prensa, dos películas vieron repuestos sus derechos por los Tribunales contencioso-administrativo, y otras cuatro películas han terminado en un procedimiento penal iniciado hace ya tiempo.

Y yo me pregunto:  ¿Por qué aparece esta noticia tan antigua precisamente ahora? ¿Qui prodest?

Aquí va el texto completo; entrará en vigor para las producciones que finalicen a partir del 1 de enero de 2014. Para más información, mcastelo@legalarte.es.

Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/30/pdfs/BOE-A-2013-11331.pdf

Artículo 1. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

(…)

Quinto. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014 se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo:

Uno.  (…)

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 38, que queda redactado de la siguiente forma:

«2. Las inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada darán derecho al productor a una deducción del 18 por ciento. La base de la deducción estará constituida por el coste de producción, así como por los gastos para la obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción a cargo del productor hasta el límite para ambos del 40 por ciento del coste de producción, minorados todos ellos en la parte financiada por el coproductor financiero.

El coproductor financiero que participe en una producción española de largometraje cinematográfico tendrá derecho a una deducción del 5 por ciento de la inversión que financie, con el límite del 5 por ciento de la renta del período derivada de dichas inversiones.

A los efectos de esta deducción, se considerará coproductor financiero la entidad que participe en la producción de las películas indicadas en el párrafo anterior exclusivamente mediante la aportación de recursos financieros en cuantía que no sea inferior al 10 por ciento ni superior al 25 por ciento del coste total de la producción, a cambio de participar en los ingresos derivados de su explotación. El contrato de coproducción, en el que deberán constar las circunstancias indicadas, se presentará ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Las deducciones a las que se refiere este apartado se practicarán a partir del período impositivo en el que finalice la producción de la obra. Las cantidades no deducidas en dicho período podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos sucesivos, en las condiciones previstas en el apartado 1 del artículo 44 de esta Ley. En tal caso, el límite del 5 por ciento a que se refiere este apartado se calculará sobre la renta derivada de la coproducción que se obtenga en el período en que se aplique la deducción.

Reglamentariamente se podrán establecer las condiciones y procedimientos para la práctica de esta deducción.»

Después de que las Industrias Culturales llevan años luchando por la defensa de la propiedad intelectual, empleando ingentes recursos humanos y materiales en la batalla contra la piratería (hasta la fecha absolutamente perdida), de repente alguien filtra un documento y resulta que uno de los pocos logros que por fin parece que se va a obtener se debe a presiones norteamericanas…. Obviamente, esta no es más que una de las leyendas urbanas (¿o debería decir ciberleyendas?) que se prodigan en torno a la llamada Ley Sinde.

 Quién le iba a decir hace un año a la Ministra que pasaría a la historia legislativa española por intentar poner coto a las infracciones contra la propiedad intelectual. Es muy, pero que muy curioso cómo todo lo relativo a propiedad intelectual genera tamaños revuelos en una sociedad que se aquieta con todas las desgracias que está padeciendo, con todas las miserias que está atravesando. No puedo entender, y conste que lo intento, cómo es posible que haya más movilización popular contra la “Ley Sinde” que contra la avaricia desmedida que nos ha llevado a esta catástrofe, o contra las subidas abusivas de los suministros energéticos, por poner algunos ejemplos: ¿cómo es posible que todos los Anonymous españoles estén contentos pagando un precio desorbitado a los operadores de Internet, muchísimo más alto con diferencia que en los países de nuestro entorno y pongan el grito en el cielo a la hora de pagar a los autores?.

Habrá que esperar al desarrollo reglamentario de la Ley Sinde, que es de la máxima importancia, de cara a no conculcar derechos fundamentales de nadie, pero no cabe duda que debe de existir una norma que frene el estado salvaje de la piratería en Internet, porque ya nadie quiere invertir en Industrias creativas, lógicamente. No sé si yo soy la única que aprecia el deterioro de los productos musicales, televisivos, literarios… que se nos vienen ofreciendo. Esto no puede seguir así.

 Antes la queja era que no intervenía un Juez. Esto se ha modificado en la nueva redacción del Proyecto de Ley, de manera que ahora no sólo interviene sino que da audiencia al supuesto infractor. Tampoco es suficiente. ¿Es que se desconfía de la imparcialidad de los Juzgados Centrales de Instrucción, órganos a los que se atribuye la competencia? Yo creo que lo que no se quiere es pagar a los creadores. Y yo me vuelvo a preguntar: ¿por qué a los demás sí y a los creadores no?. Y no tengo respuesta.

El pasado día 1 de julio de 2010 tuvo lugar la ¿Jornada? organizada por el ICAA bajo el título “Una nueva mirada a la financiación e inversión en la producción de Cine en España”. 

Realmente hay que colocar la palabra “Jornada” entre interrogaciones porque fue más bien un “Encuentro” de muchísima gente del Sector que acudió en masa. El aforo estuvo muy corto ante el éxito de convocatoria, quedándose muchas personas sin poder asistir. Ello no era para menos, dado el enorme interés tanto de los temas de las ponencias como de los ponentes, excepto el caso clásico del que viene a presentar su empresa, que nunca falta en estas cosas.

Desde mi deformación profesional como Abogada, no puedo dejar de destacar las excelentes ponencias de mis compañeros Chema Méndez o Jon Garaiyurrebaso, entre otros, sobre incentivos fiscales, o la interesantísima exposición del franco-español Christophe Vidal, de Coficiné.

Estaba todo el Gremio: los grandes Productores de España y los pequeños, los gestores del ICAA, la cúpula de EGEDA, Abogados expertos en Audiovisual y algún banquero camuflado. Creo que sin duda se puede calificar como “EL BOLO DEL AÑO” en el Sector, encontrándonos en un ambiente propicio para hablar, tranquilo. Hasta el catering fue sensacional!!

Una idea repetida ad nauseam: HAY QUE HUIR DE LA ATOMIZACIÓN Y CREAR PRODUCTORAS FUERTES que generen confianza en el sector financiero y en los posibles inversores… la idea sin duda es sensacional, pero yo me pregunto ¿son más fuertes 10 pobres juntos que por separado? no lo sé… tal vez los pequeños estemos condenados a desaparecer…por más que lo pienso desde ese día, no veo con quién se puede fusionar nuestra pequeña Productora TORMENTA FILMS.

Para terminar, mandar mi más sincera enhorabuena a IGNASI GUARDANS, a quien no pude acercarme para agradecer personalmente la iniciativa al final del Evento, ya que fue absolutamente suya (sospecho que eligió hasta el catering, ya que es hombre de buen gusto). Es justo reconocer el trabajo bien hecho y en este caso lo ha estado. Otros días toca decir otras cosas, pero hoy no, y eso es lo bueno.

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