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Nuevo éxito del Abogado MARCELINO TAMARGO  de nuestro Despacho asociado ESPACIO LEGAL (www.espaciolegal.net), quien ya acumula más de 200 fallos favorables a nuestros clientes en pleitos pidiendo la nulidad de contratos bancarios de productos financieros complejos.

Se trata de la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Gijón en fecha 10 se septiembre de 2012, en el procedimiento ordinario 1229/2011.  La demandante y su difunto esposo suscribieron, con 70 y 75 años de edad respectivamente, un Bono del Deutsche Bank “BN European Invest BK 5,75” por importe de 50.000€. Los clientes suscribieron el producto en la convicción de que suscribían un depósito por 5 años con un interés del 5,75% anual, cuando realmente era una emisión de bonos cotizables en la Bolsa de Luxemburgo, del Banco Europeo de Inversiones, con garantía del 5,75% sólo durante 5 años, y con vencimiento en 2045.

Dentro de la sólida fundamentación jurídica de la Sentencia dictada por el Magistrado-Juez D. Sergio García García, expuesta a lo largo de 23 páginas, se deben destacar afirmaciones como las siguientes:

  • Existe “un específico deber u obligación a cargo de la entidad de crédito de recabar la información necesaria sobre las características, conocimientos y experiencia de sus clientes, a los efectos de ofertarles productos como el analizado en el presente caso (es decir: productos financieros derivados o complejos).
  •  “Tampoco puede desconocerse la condición de particular de la demandante y su esposo, y la contratación por su parte del producto financiero de manera totalmente desvinculada de cualquier tipo de actividad profesional; lo que, sin duda, les hace acreedores de la condición de consumidor y les otorga la especial protección que se contiene en la normativa sobre esta materia, frente a la que se dispensa normalmente a cualquier persona en el ámbito de la concertación de un negocio jurídico.”
  •  Existe “la obligación de la entidad de crédito de informar a sus clientes con la debida diligencia de todos los asuntos concernientes a sus operaciones, y con toda la información de que dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción por ellos de decisiones de inversión, es necesaria y obligada por la ley, porque en el Mercado de Valores el inversor minorista se encuentra frente al intermediario profesional en una situación de inferioridad. El inversor minorista carece de los conocimientos y experiencia necesarios para poder decidir con conocimiento de causa, y por esta razón, la Ley obliga al intermediario a informar al inversor, lo que permite restablecer un cierto equilibrio entre el intermediario profesional y el inversor minorista. De este modo, la normativa sobre la materia parte de la presunción de que el inversor, salvo que se trate de un profesional, es un cliente sin la experiencia, los conocimientos y la cualificación necesarios para valorar correctamente los riesgos por sí solo. Y por tanto, el derecho a recibir una información completa, clara y comprensible sobre el producto que se le ofrece por parte del intermediario ha de ser satisfecho por éste.
  •  en estos casos de productos complejos y/o sofisticados, aun siendo el cliente el que elige el producto, es el Banco el que lo ofrece como algo idóneo para el cliente; lo que aconteció también en el presente caso, en el que, si bien Dº Luis pudo ir a la sucursal bancaria con la finalidad de contratar un producto de renta fija, fue el empleado de la sucursal, el que puso en conocimiento de aquél la próxima salida al mercado del producto en cuestión.”

 El fallo declara  “la nulidad del contrato concertado entre las partes para la adquisición del bono “BN Eurpoean Invest BK 5,75”, suscrito mediante orden de 27 Julio de 2.005, debiendo procederse a la restitución de las partes a la situación anterior a la fecha de formalización del contrato, mediante el reintegro de las cantidades recíprocamente entregadas y percibidas, con sus intereses a computar desde la fecha de cada uno de los cargos efectuados en ejecución de aquéllas.

 

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Reproduzco con orgullo un artículo publicado en La Voz de Asturias el pasado día 11 de enero de 2012, sobre mi socio, amigo y extraordinario Abogado, Marcelino Tamargo. El cómputo de asuntos ganados desde la publicación ya ha aumentado, por cierto.

El ‘terror’ de los bancos

Marcelino Tamargo ha ganado 182 juicios a entidades

11/01/2012 00:00 / J. C. G. Gijón

La épica obertura de Guillermo Tell de Rossini suena, bajita, en el despacho de Marcelino Tamargo en la calle Corrida. Ahí abrió Espacio Legal en 2006. Su primer cliente fue él mismo: se “autodefendió” contra su ex mujer en su proceso de divorcio. Diez años antes, se veía programando ordenadores de por vida. Había estudiado Ingeniería Informática para “librarse” de un futuro tras la barra de la sidrería de sus padres en La Felguera. “Estudié Informática, pero no era lo mío”, reconoce. Se decidió por estudiar Derecho a distancia. Quería cambiar de vida. Y cambió: hoy es el referente nacional de la lucha contra los excesos de los bancos contra empresas y ciudadanos. De 185 juicios contra entidades financieras, ha ganado 182. Tan sólo se le resistía una provincia. Hasta ayer, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le daba la razón en un juicio contra créditos ilegales en Granada. “Esto parece la Reconquista”, bromea.

A Marcelino Tamargo, la conciencia le cambió cuando trabajaba como abogado para un banco. Hasta entonces era un joven más, sin grandes ideales. Sin embargo, el banco comenzó a encomendarle varios desahucios. Ahí cambió todo. “No me parecía justo. Era contrario a las condiciones que el banco le ponía a los más humildes”, señala. Sin embargo, el detonante fue el suicidio de una mujer un día antes a que Tamargo acudiera a su casa para desahuciarla.

Aquella traumática experiencia le hizo dejar el banco para luchar, precisamente, contra los bancos. Abrió Espacio Legal con Margarita González, una ex compañera en la entidad financiera también hastiada de su trabajo. Tras tres años dedicado a asuntos menores, en 2009 le llegó la oportunidad de su vida: la demanda de la empresa Urbastur contra una entidad bancaria.

“Acepté el caso porque, al leer el contrato que la empresa había firmado, no entendí nada. Aquello tenía que ser nulo por narices”, señala. Resulta que la empresa había firmado un seguro contra la subida de tipos de interés. Al bajar los tipos, la empresa adeudó 60.000 euros al banco a los seis meses de firmar el contrato. Tamargo buceó en la legislación y encontró una fisura. “Existe un Real Decreto de 1996 que los bancos nunca habían cumplido. El decreto exigía la transparencia de los bancos y el derecho del ciudadano a ser informado de manera veraz”, explica. El caso era peliagudo. “Un juicio contra un banco es durísimo, de locos, porque el demandante ha firmado un documento, los comerciales juran que dieron todo tipo de explicaciones y los abogados de los bancos suelen ser muy agresivos, pero lo cierto es que son productos especulativos”, afirma el abogado langreano afincado en Gijón. La fisura que encontró no sólo le permitió ganar el juicio sino que ha sentado jurisprudencia en casos de información precontractual. Su logro figura en el diccionario Aranzadi, el vademecum del derecho español.

Su primer éxito destapó una oleada de demandas. “La gente antes no denunciaba a sus bancos”, señala Tamargo, que calcula haber salvado pérdidas por valor de 50 millones de euros. Ahora, tiene en sus manos 391 casos.

Bankinter no gana para sustos últimamente. Primero fueron (y son, ya que hay numerosos procedimientos judiciales en marcha) los intercambios de tipos (swap, IRS o como se quieren llamar), y ahora los fondos de inversión perdidos en la debacle islandesa. Bajo la dirección letrada de Marcelino Tamargo – ESPACIO LEGAL ya hemos tenido ocasión de enfrentarnos con Bankinter en numerosas ocasiones pidiendo la nulidad de contratos swap (v.  http://asuapedefin.wordpress.com/2011/07/28/el-equipo-de-marcelino-tamargo-se-va-de-vacaciones-con-6-sentencias-mas-y-un-auto-de-rebeldia/).

El banco tiene ahora un nuevo frente abierto, sobre todo tras la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 5ª), núm. 105/2011 de 1 abril, cuyos razonamientos aplastantes probablemente animen a muchos afectados a recurrir al procedimiento judicial para reclamar el dinero perdido.

La Audiencia viene a confirmar una Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cartagena. En síntesis, se acuerda la nulidad de la adquisición por una cliente de participaciones preferentes en Banco de Islandia, ordenando devolver la totalidad del dinero (58.000€ perdidos íntegramente) con sus intereses.

La argumentación de la Sentencia (que adjuntamos íntegra para quien tenga interés en su lectura), muy resumida es la siguiente:

Partiendo de lo expuesto, debe señalarse que no ha acreditado el Banco demandado que suministrase a la hoy actora esa precisa información sobre las características y riesgos reales de las participaciones preferentes adquiridas, por lo que, no constando acreditado que la hoy actora posea una formación financiera que le permitiese conocer las características y riesgos de ese producto, especialmente el referente a la posibilidad de pérdida total o parcial del capital invertido, ha de concluirse que concurrió en el consentimiento prestado por la actora para la ejecución de la orden de compra de esas participaciones un error esencial y excusable, que resulta imputable al Banco hoy demandado.

Otro tanto puede decirse de los fondos invertidos por bancos españoles en Lehman Brothers, que merecen un post aparte, ya que existe igualmente jurisprudencia favorable al cliente, en una demanda individual resuelta el mes de julio en Madrid, sobre cuya cuestión volveremos próximamente.

Personalmente, estoy gratamente sorprendida de la enorme profesionalidad con que se están tomando estos asuntos los titulares de Juzgados de Primera Instancia, competentes al ejercitarse una acción de nulidad por vicio del consentimiento. Si bien se presupone que serán los Jueces Mercantiles los que estén habituados al manejo de los complicados conceptos financieros que se ventilan en estos pleitos, es remarcable el estudio que de los asuntos concretos y de la jerga financiera están llevando a cabo los jueces civiles, y es justo reconocerlo y agradecérselo.

SENTENCIA MURCIA CENDOJ

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