You are currently browsing the category archive for the ‘Ministerio de Cultura’ category.

Desde ayer se vienen repitiendo en los medios de comunicación alarmantes noticias sobre un supuesto fraude millonario de subvenciones en las ayudas al cine, presuntamente cometido mediante la compra de taquilla por parte de algunos Productores de común acuerdo con algunas Salas de cine.

Al parecer, el problema gira en torno a la convocatoria de 2012, que se realizó por Resolución de 30 de marzo de 2012. De manera tremendamente resumida, para recibir una cantidad de dinero importante en cuanto ayuda complementaria a la amortización, había, entre otros muchos, un requisito fundamental e ineludible: alcanzar un mínimo de 60.000 espectadores efectivos, o 30.000 si la película es en lengua oficial española distinta del castellano o se trata del primer o segundo largometraje de un Director. El presunto fraude se habría cometido mediante la compra de entradas para conseguir este requisito, que no obedecían a espectadores reales.

Durante la tramitación de la convocatoria de 2012, el ICAA comenzó un procedimiento de comprobación masivo y sin precedentes, motivado (según el propio ICAA) por una “denuncia de trabajadores del sector”, que no se ha llegado a conocer. Se puso la lupa en gran cantidad de películas (hasta 38 al parecer, realmente en todas las que no habían tenido un notorio éxito comercial que las dejara fuera de sospecha) y se solicitó numerosa documentación contable a los cines que estaban bajo sospecha, con el fin de cruzar datos que permitieran, en su caso, descubrir cualquier fraude. Finalmente, a finales de octubre de 2012, se denegó la ayuda por este motivo a doce películas. Las fechas son muy importantes en este asunto.

La mayoría de las Productoras a las que se denegó la ayuda iniciaron la vía administrativa de recursos, en varios de los cuales este Despacho participó profesionalmente. Los recursos administrativos de reposición y sus correspondientes Resoluciones se sucedieron en los primeros meses de 2013, tras lo cual, algunos de los afectados decidieron continuar por la vía judicial, interponiendo el pertinente recurso contencioso-administrativo. Sabemos positivamente que al menos dos de las películas llegaron hasta la segunda instancia, en la Audiencia Nacional, y que al menos una de ellas obtuvo pronunciamiento favorable, ordenando al ICAA que procediera al pago de la ayuda. 

Al parecer, paralelamente a la vía administrativa, el ICAA envió un informe a Fiscalía por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a resultas del cual,  la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid ha interpuesto denuncias, que han derivado en cuatro procedimientos penales (según las noticias aparecidas en prensa).

Con relación a la actuación del ICAA, se debe tener en cuenta que no podía hacer otra cosa, ya que los funcionarios tienen obligación de denunciar ex Artículo 262 LECrim: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante”, pudiendo en caso de no hacerlo, incurrir ellos mismos en responsabilidad penal, según el artículo 408 del Código Penal: “La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.”

Con relación al tipo penal aplicable, se está hablando de fraude de subvenciones y de falsedad. Esto es incorrecto, ya que la falsedad es delito medial para el fraude de subvenciones. El tipo penal de aplicación a este supuesto es el artículo 308.1 del Código Penal, que incluye como elemento objetivo “falsear las condiciones” requeridas: El que obtenga subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones públicas de más de ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe” (redacción vigente en 2012, que es la norma más favorable)

Sin embargo, el delito que sí tiene cabida junto con el fraude de subvenciones es el delito genérico de estafa, del artículo 248 del Código Penal: “Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”. Un tema precioso desde el punto de vista de técnica jurídico-penal es la complejidad que presenta el concurso de normas entre el delito de estafa y el fraude de subvenciones, sobre el cual se han dictado interesantísimas Sentencias, así como si el tipo del fraude de subvenciones sólo lo puede cometer el beneficiario de la ayuda. Estas dos cuestiones, por su extensión, deben ser objeto de análisis independiente cada una de ellas y no las vamos a desarrollar en este momento.

Por otra parte, se debe tener muy en cuenta que en este caso concreto no ha llegado a existir consumación del delito, por cuanto el ICAA nunca llegó a pagar las ayudas, si bien no existe duda alguna en la doctrina y la jurisprudencia de que estos delitos se pueden cometer en grado de tentativa, lo que sería de aplicación al presente supuesto.  Si tenemos en cuenta que según el artículo 62 del Código Penal “A los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito consumado….”, no podemos más que concluir que es exageradísima  e incierta la afirmación de algunos medios de comunicación de que los acusados en estos procedimientos “se enfrentan a penas de cinco años de cárcel”.

Por otra parte, según el artículo 13.2 del Código Penal Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave”, y según el artículo 33.3 Son penas menos graves: a) La prisión de tres meses hasta cinco años.” (las reformas del Código Penal desde 2012 no afectan a estos preceptos en cuanto a su concreta aplicación al supuesto específico). El hecho de ser un delito menos grave nos marca el plazo de prescripción, lo que es transcendental en el caso que nos ocupa: según la redacción del Código Penal vigente en el momento de comisión del delito, los delitos menos graves prescribían a los tres años (artículo 131.1 Código Penal).

La única consecuencia posible de todo lo expuesto es que a fecha de hoy ya no cabe el inicio de acciones penales contra ningún otro Productor o exhibidor. Las normas sobre prescripción del art. 132 del Código Penal son claras: el cómputo comienza el día en que se pudo poner la denuncia, por tener conocimiento de los hechos. Aunque busquemos la fecha más favorable al ejercicio de la acción, esta fue cuando el ICAA dictó la correspondiente Resolución de minoración de espectadores, en octubre de 2012. En este momento al menos, el ICAA tenía conocimiento de las posibles irregularidades (y probablemente lo tuvo también en fecha anterior). Por lo tanto, las denuncias que no hayan sido ya interpuestas, no pueden prosperar a fecha de hoy. Sin embargo, al menos teóricamente, ya la vista de los plazos que manejan los Juzgados, sí cabe la posibilidad de que existan procedimientos penales en marcha, por denuncias interpuestas y admitidas a trámite antes de la prescripción, de los cuales el denunciado aún no tenga conocimiento. Para que esto suceda, las denuncias tienen que haber sido nominales, ya que es imprescindible que se señale específicamente la persona del denunciado en la denuncia para interrumpir la prescripción cuando aún no se ha dirigido el procedimiento contra esa persona, y en este caso sólo se interrumpe respecto de la/s persona/s expresamente denunciadas y no respecto de otras posibles responsables mientras no se dirija contra ellas específicamente el procedimiento.

Resulta desesperante y de una inseguridad jurídica lamentable que se esté hablando de presuntos procedimientos penales en curso de los que los presuntos denunciados no tienen conocimiento, y resulta absurdo que se esté hablando de procedimientos contra alguna persona que ha ganado el procedimiento contencioso-administrativo frente al ICAA en la Audiencia Nacional, como José Frade P.C. (“La venganza de don Mendo Rock”).

En definitiva, se está creando una alarma social que puede considerarse inmerecida para una cuestión que está muy acotada, como hemos visto: en 2012 se denegó la Ayuda a 12 películas, de entre 74 peticionarias. Esto pone las cifras del presunto fraude millonario en su justa cantidad, tanto económica como porcentual. Según se recoge en prensa, dos películas vieron repuestos sus derechos por los Tribunales contencioso-administrativo, y otras cuatro películas han terminado en un procedimiento penal iniciado hace ya tiempo.

Y yo me pregunto:  ¿Por qué aparece esta noticia tan antigua precisamente ahora? ¿Qui prodest?

Anuncios

El pasado día 1 de julio de 2010 tuvo lugar la ¿Jornada? organizada por el ICAA bajo el título “Una nueva mirada a la financiación e inversión en la producción de Cine en España”. 

Realmente hay que colocar la palabra “Jornada” entre interrogaciones porque fue más bien un “Encuentro” de muchísima gente del Sector que acudió en masa. El aforo estuvo muy corto ante el éxito de convocatoria, quedándose muchas personas sin poder asistir. Ello no era para menos, dado el enorme interés tanto de los temas de las ponencias como de los ponentes, excepto el caso clásico del que viene a presentar su empresa, que nunca falta en estas cosas.

Desde mi deformación profesional como Abogada, no puedo dejar de destacar las excelentes ponencias de mis compañeros Chema Méndez o Jon Garaiyurrebaso, entre otros, sobre incentivos fiscales, o la interesantísima exposición del franco-español Christophe Vidal, de Coficiné.

Estaba todo el Gremio: los grandes Productores de España y los pequeños, los gestores del ICAA, la cúpula de EGEDA, Abogados expertos en Audiovisual y algún banquero camuflado. Creo que sin duda se puede calificar como “EL BOLO DEL AÑO” en el Sector, encontrándonos en un ambiente propicio para hablar, tranquilo. Hasta el catering fue sensacional!!

Una idea repetida ad nauseam: HAY QUE HUIR DE LA ATOMIZACIÓN Y CREAR PRODUCTORAS FUERTES que generen confianza en el sector financiero y en los posibles inversores… la idea sin duda es sensacional, pero yo me pregunto ¿son más fuertes 10 pobres juntos que por separado? no lo sé… tal vez los pequeños estemos condenados a desaparecer…por más que lo pienso desde ese día, no veo con quién se puede fusionar nuestra pequeña Productora TORMENTA FILMS.

Para terminar, mandar mi más sincera enhorabuena a IGNASI GUARDANS, a quien no pude acercarme para agradecer personalmente la iniciativa al final del Evento, ya que fue absolutamente suya (sospecho que eligió hasta el catering, ya que es hombre de buen gusto). Es justo reconocer el trabajo bien hecho y en este caso lo ha estado. Otros días toca decir otras cosas, pero hoy no, y eso es lo bueno.

Tuve el placer de conocer a Dña. Milagros del Corral durante la Conferencia Internacional sobre la Propiedad Intelectual y el Patrimonio Cultural
en el Entorno Digital, organizada por OMPI/WIPO el pasado mes de octubre de 2009, donde participó con una excelente ponencia titulada “Las bibliotecas como preservadoras del patrimonio cultural en España y la Unión Europea”.

Aunque había oído comentar su buena gestión al frente de la Biblioteca Nacional, sinceramente no esperaba encontrar una persona con un nivel intelectual y profesional tan extraordinario, valores actualmente muy escasos en “la Cosa Político-pública”. Además, en el transcurso de una cena ofrecida por OMPI con ocasión del Evento intuí que Dña. Milagros es, también, una persona muy sólida en su faceta de “ser humano de a pie”.  Esto creo que ha quedado acreditado por su rechazo a continuar recibiendo un sobresueldo “por traseras” o “por bajo”, que dirían en León y participando en la pantomima de contención del gasto plasmada en este extraño paripé que me aspen si entiendo….

Realmente fue para mí una muy grata sorpresa el encuentro con esa notabilísima mujer y saber que una Institución tan importante como la Biblioteca Nacional de España estaba dirigida por una cabeza tan competente, además de trabajadora infatigable.

Corren duros tiempos para España: escasea el trabajo, los fantasmas de la guerra fraticida se remueven, a río revuelto están ganando los de siempre, el desconcierto es general, vagamos por la Piel de toro como 46 millones de perros sin amo, el País cabecea como barco sin patrón… 

El presente es gris ceniza y el futuro es gris marengo… La mediocridad nos asfixia; la incompetencia nos golpea y nos permitimos el lujo de dinamitar una Institución que funciona y de perder para la vida pública una persona tan valiosa como esta señora…  

Querida Milagros: gracias por intentarlo y muy buena suerte!

La Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (aDeSe) representa, desde 1997, a sus asociados en sus relaciones colectivas con la Administración y demás organismos defendiendo sus intereses. Actualmente son 16 las compañías miembros de ADeSe y representan más del 90% de las unidades de videojuegos que se distribuyen en el mercado español. Entre sus principales objetivos está contribuir al desarrollo de la industria del sector y de sus asociados.

Hoy, 23 de marzo de 2010, aDeSe ha presentado el balance económico de 2009. El consumo en la industria del videojuego en 2009 ha ascendido a 1.200 millones de euros, lo que se traduce en un 16% menos que en 2008. Entonces ya comentamos que la industria audiovisual salvaba el año gracias a las cifras conseguidas por los videojuegos. Este año baja en cuatro puntos su porcentaje, (53%) del total de la facturación total del entretenimiento audiovisual e interactivo (cine-DVD-música-videojuegos). Aún así, España mantiene su posición como cuarta potencia europea en consumo sólo por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania.

En la presentación de resultados se ha especificado que de los 1.200 millones de euros que obtuvo el sector en 2009 en España, 638 millones corresponden al software (videojuegos), que cayó un 11%, mientras que 572 millones tienen que ver con la venta de hardware (consolas y accesorios), que sufrió un retroceso del 14,3%. La industria cree que la bajada de precios de las consolas para hacer frente a la crisis ha jugado un papel importante en el descenso de la facturación.

En total, el consumo de videojuegos ha descendido de forma moderada a nivel mundial. Pero la caída no tiene precedentes y si bien tiene algo que ver con la situación económica actual, ésta no es la única razón. Uno de los factores determinantes sigue siendo el índice de descargas ilegales. La piratería, en el sector de los videojuegos empieza a tomar un cariz alarmante (página 7).

Según la asociación estadounidense ESA (Entertainment Software  Association), que analiza las conductas delictivas online en 238 países, durante el mes de enero de 2010 se produjeron 1.354.000 descargas ilegales, un 26% más que la media de descargas mensual del segundo semestre del pasado año. España duplica el número de descargas ilegales de EEUU.

Con todo ello, la asociación de la industria, ha expresado las esperanzas del sector en la nueva legislación propuesta por el Gobierno contra los intercambios no autorizados de archivos protegidos por la propiedad intelectual. Y es que los datos aportados del mercado en España dan muestra del potencial de crecimiento de la industria a pesar de que en términos de consumo, dado el actual contexto económico y demás circunstancias, no se haya producido crecimiento.

Aunque el porcentaje de sentencias que reconocen el derecho de la industria del videojuego en detrimento de las redes de descarga pirata, es cada vez mayor, aDeSe considera que es urgente y prioritario para España incorporar las medidas legales necesarias para desarrollar convenientemente los servicios de la sociedad de la información. Defendiendo que sólo un cambio en la actual legislación podría favorecer que la industria entrara en una etapa de madurez, atrajera talento internacional y pudiera ponerse a la altura de otros países en materia de desarrollo, manifestaron su apoyo a la LES (Ley de Economía Sostenible- disposición primera) pendiente de ser aprobada en el Congreso, tras haber sido aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes.

Para hacer frente a la piratería recogen estas medidas que me parece interesante reproducir literalmente:

Dos frentes de actuación:

“a) Contenidos:

– Aprobación en el Congreso en los próximos meses de las medidas contenidas en la Disposición final de la ley de Economía Sostenible en relación a la propiedad intelectual, que permita la eliminación de la piratería comercial en Internet.

– Impulsar un nuevo modelo de negocio que posibilite el desarrollo de nuevo servicios de la sociedad de la información, fomentando el comercio de contenidos legales en Internet.

– Incorporar medidas de autorregulación como paso previo a la regulación legal, impulsando campañas de sensibilización social.

Modificación de la Circular 1/2006 del Fiscal General del Estado.

b) Dispositivos:

– Desarrollo de un grupo de trabajo con el Consejo General del Poder Judicial intentando que el Supremo decida sobre estas materias para unificación de doctrina, en una sala especial.

– Cursos dirigidos a las Fuerzas de Seguridad y desarrollo de una ponencia específica de videojuegos destinada a jueces, orientada al estudio de los problemas de protección penal específicos de estas obras y muy en particular a los dispositivos de vulneración.”

España ostenta niveles muy deficientes en educación social sobre los derechos y obligaciones del usuario de tecnologías online.  Por ello la sensibilización y la educación en materia de propiedad intelectual ha de ser una de las tareas en las que centrar el esfuerzo para el total de la industria audiovisual. 

Una vez que se ha conocido la concreta plasmación sobre la protección de la propiedad intelectual en Internet recogida en la D.A. 1ª del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado el pasado día 8 de enero de 2010 por el Consejo de Ministros, han seguido proliferando las opiniones y glosas variopintas a la regulación adoptada por el Gobierno.

Dado que la brevedad del espacio obliga a la concreción, me limitaré a intentar desvirtuar lo que creo es un enfoque grave en el planteamiento de la cuestión que se repite en casi todas las opiniones que he podido leer.

Se oyen muchas voces en contra de que se otorgue a la propiedad intelectual, un derecho privado y de naturaleza patrimonial, un status de protección reforzada, al modo de la protección dada al orden público, la seguridad pública, defensa nacional, la salud o la infancia, y los derechos fundamentales. Siguiendo con el mismo razonamiento, no se entiende cómo se tutela por un órgano administrativo, cuyo control se somete a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Creo que este es un error de planteamiento grave, ya el interés protegido supera con creces los meros intereses patrimoniales de los titulares de derechos.

Con las cifras de Piratería que se manejan (por poner algún dato, la industria musical ha bajado un 60% su facturación, en informática hay una penetración de un 55% de piratería…), esas Industrias Culturales, que representan algo más del 5% del P.I.B. y que dan trabajo a un 2,5% de la población activa, están claramente desprotegidas, en recesión y en fase de desinversión.

No sé si ingenua o intencionadamente, se nos quiere hacer creer que se intenta proteger a los titulares de derechos, con la vanalización de personalizarlos en “personajes” concretos (“los de la ceja”, por ejemplo), cuando esto dista mucho de la verdad.

Lo cierto es que, cuando alguien organiza una empresa legalmente y otra persona puede sustraer ilegalmente sus contenidos y organizar un negocio paralelo a coste cero o mínimo, se pone en entredicho la seguridad del tráfico económico, y eso es algo inconcebible en un Estado de Derecho.

El bien jurídico protegido, por lo tanto, no son los derechos patrimoniales individuales, sino la misma seguridad del comercio, que no es ni más ni menos que una cuestión de orden público.

En España tenemos una larga tradición de protección legal del comercio, que, bajo el nombre de “paz del mercado”, se extendió desde el Fuero de León de 1017 a los demás Fueros medievales. Los mercados medievales y los caminos que permitían el acceso a los mismos, se colocaron directamente bajo la protección del Rey. Y así ha venido siendo desde entonces hasta hace unos años.

La protección del comercio es una cuestion de ORDEN PÚBLICO, por encima de los intereses particulares, porque se refiere, ni más ni menos, al normal funcionamiento de las instituciones, a la paz social y a la seguridad jurídica.

Citamos, a modo de ejemplo, la definición de orden público dada por el Tribunal Constitucional:

STC de 12 diciembre 1994: En definitiva, tal seguridad se bautizó ya en el pasado siglo con la rúbrica del “orden público”, que era concebido como la situación de normalidad en que se mantiene y vive un Estado, cuando se desarrollan las diversas actividades colectivas sin que se produzcan perturbaciones o conflictos. En definitiva, el normal funcionamiento de las instituciones y el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales según lo definía la Ley homónima 28 julio 1933, durante la Segunda República. Tal era el sustrato, también, de la que con la misma rúbrica y finalidades había promulgado el 23 abril 1870, bajo la Constitución de 1869.

STC de 16 de septiembre de 2002: “El orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y, en las cuales el interés general de la sociedad y del estado supedita el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica (…).”

Desde la aparición de las autopistas de la Información, los caminos por los que circulan las mercancías susceptibles de ser digitalizadas ya no son físicos, y, por lo tanto, se hacen más difíciles de proteger. Del tradicional delito individual y aislado contra la propiedad analógica, se pasa a una defraudación masiva de la propiedad digital, que se generaliza y resulta imposible de perseguir individualmente. Esta masificación transciende el interés particular y se convierte en una cuestión del orden público, incluso supranacional, ya que los titulares últimos son mayoritariamente extranjeros, lo que nos hace responsables ante nuestros socios comunitarios y comerciales. Esto justifica sobradamente la protección del Estado y el recurso a la vía administrativa.

Internet es una nueva revolución industrial. Los contenidos digitales y el comercio electrónico se han posicionado de tal forma que suponen una nueva concepción de consumo, de la comunicación y en definitiva, otra forma de ver el mundo. Su mayor logro es que domina elementos que son los mayores enemigos del resto: espacio y tiempo.

Atendiendo a las fechas y a esta tecnología que nos permite compartir lo que nos gusta, antes de seguir con nuestros temas, os felicitamos el año.

SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Internet ha estado en el último año en boca de todos y seguirá. A finales del año que despedimos se desató la polémica por el intento de regular el control sobre descargas ilegales. Recordamos que al conocerse los detalles del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en diciembre, la alarma social se difundió como la pólvora ayudada por los medios de comunicación e Internet. Respaldados en una ley que nada tenía que ver, en principio, con la salvaguarda de la Propiedad Intelectual si no era por la forzada disposición final primera que sembró el caos, internautas y usuarios se lanzaron a la protesta. Tras un aluvión de comentarios y críticas, nosotros escribimos nuestro post y Zapatero salió al paso precipitadamente asegurando que no se cerrarían páginas sin una orden judicial. (…)

Ahora las medidas para luchar contra la piratería que prevé la Ley de Economía Sostenible se presentarán en el primer Consejo de Ministros del año, el viernes día 8 de enero. El proceso sigue adelante y la controvertida disposición adicional, con algunos cambios técnicos, según se ha indicado, también. (…)

Será la futura Comisión de Propiedad Intelectual la encargada de recibir y tramitar las denuncias de los propietarios de los derechos de autor vulnerados y de presentar la petición de medidas cautelares ante el juez. El procedimiento a seguir combina un proceso administrativo con la asegurada autorización judicial.

PROCESO ADMINISTRATIVO

– La Comisión de Propiedad Intelectual recibe la denuncia de los propietarios de derechos, estudia el caso y comprueba si se están infringiendo derechos de propiedad intelectual.

– Seguidamente notificará a la web la denuncia y los responsables tienen un plazo para presentar alegaciones.

– Si éstas carecen de fundamento o no son suficientes, la Comisión notificará oficialmente a la web que desaloje los archivos de los que está haciendo un uso ilícito y le dará un plazo para ello, dando por finalizado el proceso administrativo. Las páginas web que voluntariamente retiren los contenidos protegidos por derechos de autor que hayan colgado en Internet sin autorización no serán penalizadas con ninguna sanción. Esta es una de las garantías que se quiere otorgar a las web en el procedimiento que prepara el Gobierno para regular las descargas de Internet.

PROCESO JUDICIAL

– Si no hay rectificación, entonces la Comisión podrá solicitar ante el juez medidas cautelares que consistirán en “la interrupción de la prestación de los servicios de alojamiento o almacenamiento de datos” en el caso de páginas nacionales (es decir, el cierre), o el bloqueo a sitios web extranjeros con contenido ilícito que deberán llevar a cabo los operadores nacionales de acceso a Internet. En esta fase judicial del caso, los plazos se reducirán al mínimo.

– El juez no entra en el fondo del asunto (¿?). Sólo decide si la Comisión es pertinente para pedir el cierre de la web en cuestión, y si con ésta no se vulnera algún derecho fundamental, como por ejemplo, el derecho a la información o a la libertad de expresión (si es que procede, entiendo). Desde que la Comisión lleve al juez el caso hasta que éste ordene o deniegue medidas cautelares transcurrirán días, pero, en cualquier caso, menos de un mes. Ambas partes podrán dilucidar luego, en un procedimiento judicial ordinario, el fondo del asunto.

Se pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. En el reglamento se fijarían además los plazos definitivos y la composición y funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual. Teniendo en cuenta que los reglamentos no pasan por el Parlamento hay quien no aprueba que no sea en la propia Ley la que desarrolle y garantice el procedimiento.

Así lo indican los medios de comunicación. Así advertimos que estamos muy pendientes de lo que vaya pasando porque actualmente con tanta información no exacta se nos ocurren muchas preguntas a las que aún no encontramos respuesta. En la página web, el anteproyecto no presenta variación alguna en este sentido. (…)

Apuntar que también este viernes, y con algo de retraso respecto a la fecha prevista, se presentarán las conclusiones realizadas por al Comisión Interministerial creada para luchar contra la piratería. Sus conclusiones son producto de las aportaciones y sugerencias de los diversos sectores afectados, entre ellos la Coalición de Creadores.

Los días 29 y 30 de octubre tuvo lugar en el Auditorio del Ministerio de Cultura la “Conferencia internacional sobre propiedad intelectual y patrimonio cultural en el entorno digital”, organizada por el Ministerio de Cultura y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y que, en palabras de la propia organización “tiene como objet ivo analizar, desde la perspect iva de la propiedad intelectual, las diversas posibilidades que las nuevas tecnologías brindan a las instituciones culturales, para la preservación, digitalización y accesibilidad de sus fondos.”

Resultó realmente excelente la selección de ponentes y temas. Se puede consultar el programa en http://www.mcu.es/propiedadInt/, y al parecer en breve estarán las ponencias a disposición del público en la misma página web del Ministerio de Cultura.

Fue especialmente gratificante la franqueza de algunas exposiciones, como la de Doña Milagros del Corral (Biblioteca Nacional de España), persona capaz y resolutiva, profundamente conocedora de su cometido y generosa comunicadora. Es gratificante que la figura de la Directora de la BNE haya pasado, con el cambio de personas, de causar perplejidad a transmitir tranquilidad ;-).

Para mí tuvo gran interés la exposición sobre las líneas de investigación de la OMPI, y sobre todo, la ponencia de acerca de la protección del Conocimiento Tradicional (TK – Traditional Knowdledge) y de las Expresiones Tradicionales de Cultura/Floklore (TCEs – Traditional Cultural Expressions/Folklore). La verdad es que no tenía mucha idea de lo avanzada que estaba esta inciativa. Podéis juzgarlo vosotros mismos en  http://www.wipo.int/tk/en. El siguiente blog contiene mucha información actualizada sobre el tema: http://tkbulletin.wordpress.com/.

En fin….conocimientos y ponentes de primera división y….. ¡¡gratis total!!. A veces no nos damos cuenta de la cantidad de accesos culturales de primer nivel de los que disfrutamos gratuitamente en España, y, ya que protestamos cuando algo no nos gusta, creo que ahora toca dar las gracias a la OMPI y al Ministerio de Cultura, porque ya se sabe aquello de “Lo bueno, si gratis, dos veces bueno” (….era algo así ¿no? :-DD).

Archivos

Anuncios