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tasa go

Resulta difícil en este momento escribir sobre la llamada “Tasa Google” o “Canon AEDE” sin tomar partido, máxime cuando Internet arde en contra del establecimiento de esta remuneración compensatoria introducida por el Proyecto de Ley para la modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Estas líneas, por su brevedad, tienen como único propósito realizar una aproximación al objeto del debate.

La remuneración compensatoria en favor de los Editores de contenidos, que no figuraba en el texto del Anteproyecto (lo que ha llevado a calificar su introducción como de “sorpresiva”), aparece en el Proyecto de Ley, bajo un nueva redacción al apartado 2 del artículo 32, dedicado hasta ahora al “Derecho de cita”. Lee el resto de esta entrada »

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En este link se puede consultar la noticia:

http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/lithuanian-presidency-successfully-concluded-negotiations-with-european-parliament-on-collective-management-of-copyright-and-licencing-music-online-#.UnjViXCLR7U.twitter

Y aquí el comunicado oficial

<http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131105IPR23815/html/Gestion-collective-des-droits-d’auteur-Parlement-et-Conseil-concluent-un-accord>

Al parecer, tendremos que esperar hasta final de mes para poder acceder al texto completo.

Continuará….

Aquí va el texto completo; entrará en vigor para las producciones que finalicen a partir del 1 de enero de 2014. Para más información, mcastelo@legalarte.es.

Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/30/pdfs/BOE-A-2013-11331.pdf

Artículo 1. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

(…)

Quinto. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014 se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo:

Uno.  (…)

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 38, que queda redactado de la siguiente forma:

«2. Las inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada darán derecho al productor a una deducción del 18 por ciento. La base de la deducción estará constituida por el coste de producción, así como por los gastos para la obtención de copias y los gastos de publicidad y promoción a cargo del productor hasta el límite para ambos del 40 por ciento del coste de producción, minorados todos ellos en la parte financiada por el coproductor financiero.

El coproductor financiero que participe en una producción española de largometraje cinematográfico tendrá derecho a una deducción del 5 por ciento de la inversión que financie, con el límite del 5 por ciento de la renta del período derivada de dichas inversiones.

A los efectos de esta deducción, se considerará coproductor financiero la entidad que participe en la producción de las películas indicadas en el párrafo anterior exclusivamente mediante la aportación de recursos financieros en cuantía que no sea inferior al 10 por ciento ni superior al 25 por ciento del coste total de la producción, a cambio de participar en los ingresos derivados de su explotación. El contrato de coproducción, en el que deberán constar las circunstancias indicadas, se presentará ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Las deducciones a las que se refiere este apartado se practicarán a partir del período impositivo en el que finalice la producción de la obra. Las cantidades no deducidas en dicho período podrán aplicarse en las liquidaciones de los períodos impositivos sucesivos, en las condiciones previstas en el apartado 1 del artículo 44 de esta Ley. En tal caso, el límite del 5 por ciento a que se refiere este apartado se calculará sobre la renta derivada de la coproducción que se obtenga en el período en que se aplique la deducción.

Reglamentariamente se podrán establecer las condiciones y procedimientos para la práctica de esta deducción.»

Juantxu Rodríguez, José Manuel Navia, Gervasio Sánchez y Carlos Carrión, entre otros

UN COLECTIVO DE FOTÓGRAFOS DETIENE, A TRAVÉS DE UNA DENUNCIA PENAL, UNA SUBASTA ILEGAL DE ARCHIVO GRÁFICO Y LA APERTURA DE DILIGENCIAS JUDICIALES PARA INVESTIGAR SU PROCEDENCIA

La Policía Nacional se ha incautado del lote de fotografías a subastar por una reconocida casa de subastas de Barcelona, compuesto por unas 12 cajas de diapositivas, negativos, duplicados y copias, mientras el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona continúa con el desarrollo de las diligencias previas para investigar en profundidad la procedencia del material gráfico, cuyo supuesto propietario asegura haberlo adquirido en un piso de Madrid, donde se dejó abandonado.

La denuncia interpuesta ante la Brigadade Delitos contra la Propiedad Intelectual de la Policía Nacional en Barcelona por cuatro fotógrafos contra una conocida empresa de subastas de Barcelona, ha obligado a ésta a detener una subasta ilegal del lote 0373 del catálogo “Fotografías y Fotolibros”. Asimismo, y ante la presunción de un posible delito de receptación denunciado por algunos los fotógrafos mencionados en la publicidad de la subasta, la entidad subastadora se ha visto obligada a facilitar los datos del supuesto propietario, cuyo nombre no ha trascendido.

La detención de la subasta del material e incautación del lote completo por parte de la Policía Nacional de Barcelona supone un éxito sin precedentes para el colectivo de fotógrafos, que han reclamado en conjunto sus derechos, acometiendo una acción legal a través de una denuncia por la vía penal, al entender que la subasta de ese lote, de contenido y procedencia desconocidos, supondría una clara vulneración de los Derechos de Propiedad Intelectual inherentes a cualquier fotografía, cuya denuncia ha sido cursada de manera extraordinariamente diligente por el Grupo III de la Policía Nacional de Barcelona, altamente especializado en materia de propiedad intelectual y tecnología.

Actualmente, el lote de fotografías, formado por 12 cajas, con un número indeterminado de diapositivas, negativos, duplicados y copias, se encuentra precintado pendiente del auto judicial que dirima cómo y quién debe proceder a la apertura de las mismas, así como a la identificación de contenido.

El pasado viernes 25 de Noviembre, el supuesto propietario del lote en cuestión, declaró ante la Policía que “había adquirido dicho lote en un piso en Madrid, donde las cajas habían sido abandonadas, pero no recuerda ni la fecha ni el nombre del vendedor“. Al parecer, según su declaración, “pretendía subastarlas ahora que iba a cerrar su empresa, una tienda de material fotográfico de Madrid,”.

Todas las acciones legales emprendidas por estos cuatro fotógrafos para la defensa de sus propios Derechos de Propiedad Intelectual, con vistas al reconocimiento público de los mismos y para todo el colectivo de fotógrafos, han sido realizadas a través de la Marisa Castelo, del bufete Legalarte, quien asegura que “éste va a ser un proceso lento, que requiere de paciencia por parte del colectivo, ya que es un caso inusual y complicado, por cuanto implica a un número indeterminado de autores y a miles de fotografías que habrá que identificar”.

Los fotógrafos implicados en esta denuncia, cuyas Diligencias Previas se están llevando desde el Juzgado de Instrucción nº 19 de Barcelona, esperan el auto por el cual se establezcan las acciones pertinentes para avanzar en la investigación de la procedencia del mencionado lote, así como para conocer las medidas que se planteen para la apertura de las cajas que lo componen, a fin de averiguar su contenido y recuperar las propiedades  de todos los autores implicados.

Después de que las Industrias Culturales llevan años luchando por la defensa de la propiedad intelectual, empleando ingentes recursos humanos y materiales en la batalla contra la piratería (hasta la fecha absolutamente perdida), de repente alguien filtra un documento y resulta que uno de los pocos logros que por fin parece que se va a obtener se debe a presiones norteamericanas…. Obviamente, esta no es más que una de las leyendas urbanas (¿o debería decir ciberleyendas?) que se prodigan en torno a la llamada Ley Sinde.

 Quién le iba a decir hace un año a la Ministra que pasaría a la historia legislativa española por intentar poner coto a las infracciones contra la propiedad intelectual. Es muy, pero que muy curioso cómo todo lo relativo a propiedad intelectual genera tamaños revuelos en una sociedad que se aquieta con todas las desgracias que está padeciendo, con todas las miserias que está atravesando. No puedo entender, y conste que lo intento, cómo es posible que haya más movilización popular contra la “Ley Sinde” que contra la avaricia desmedida que nos ha llevado a esta catástrofe, o contra las subidas abusivas de los suministros energéticos, por poner algunos ejemplos: ¿cómo es posible que todos los Anonymous españoles estén contentos pagando un precio desorbitado a los operadores de Internet, muchísimo más alto con diferencia que en los países de nuestro entorno y pongan el grito en el cielo a la hora de pagar a los autores?.

Habrá que esperar al desarrollo reglamentario de la Ley Sinde, que es de la máxima importancia, de cara a no conculcar derechos fundamentales de nadie, pero no cabe duda que debe de existir una norma que frene el estado salvaje de la piratería en Internet, porque ya nadie quiere invertir en Industrias creativas, lógicamente. No sé si yo soy la única que aprecia el deterioro de los productos musicales, televisivos, literarios… que se nos vienen ofreciendo. Esto no puede seguir así.

 Antes la queja era que no intervenía un Juez. Esto se ha modificado en la nueva redacción del Proyecto de Ley, de manera que ahora no sólo interviene sino que da audiencia al supuesto infractor. Tampoco es suficiente. ¿Es que se desconfía de la imparcialidad de los Juzgados Centrales de Instrucción, órganos a los que se atribuye la competencia? Yo creo que lo que no se quiere es pagar a los creadores. Y yo me vuelvo a preguntar: ¿por qué a los demás sí y a los creadores no?. Y no tengo respuesta.

A instancia de LEGALARTE, y en concreto de Marisa Castelo, Letrada que ejerce la acusación particular en representación de los titulares de DIGITAL PLUS, se ha conseguido un pequeño paso en la lucha contra la piratería. Reproducimos abajo la nota de prensa de la que se han hecho eco los medios de comunicación, a lo que únicamente debemos añadir que esa cuantía tan elevada guarda relación directa con el perjuicio causado por el acusado. En efecto, las valoraciones cabales de perjuicios son en cuantía tan elevada que  en ese contexto resulta más que ajustada la fianza solicitada.

Es un pequeño logro que un Juez sea consciente de los enormes daños causados por la Piratería, y esperamos sinceramente, que se pueda ver por los Jueces en general, tanto esto, como el ÁNIMO DE LUCRO latente en todas estas conductas, que no son más que NEGOCIOS PARASITARIOS, cuyo modelo es sobradamente conocido: organizan una web que promociona la piratería, ya sea de canales de TV, descargas de películas, música, etc. y “se hacen de oro” comercializando la publicidad de dicha web, que tendrá miles de visitas porque ofrece “de gratis total” productos o servicios ajenos, a cuyas empresas genera pérdidas de millones de euros (como en este caso).

De todas formas, aún falta el juicio oral y, por lo tanto, la petición de fianza por parte del Juez no debe entenderse como una condena. To be continued….

NOTA DE PRENSA “El Juzgado de instrucción número 37 de Madrid impuso una fianza de cuatro millones de euros al administrador de dos páginas web para garantizar las responsabilidades civiles a que hubiera lugar por un supuesto pirateo de la señal de Digital+.

La fianza, contra la que no cabe recurso alguno, está basada en la valoración de los beneficios obtenidos por el presunto infractor y por la pérdida de ingresos registrada en Digital Plus por este supuesto delito contra la propiedad intelectual.

El juez ha advertido expresamente al administrador de las citadas webs de que sus bienes personales serán embargados si no asegura la fianza de esos cuatro millones de euros. Por el momento no se ha facilitado la identidad de las páginas o sus administradores.

Dichas páginas web se dedicaban a proporcionar contenido y software (códigos, claves y tarjetas piratas) que servían para acceder, de manera presuntamente fraudulenta, a la programación y canales difundidos por Digital Plus.

El administrador de dichas webs está acusado de cometer varios delitos continuados contra la propiedad intelectual; contra el mercado y los consumidores y por estafa informática.”

El pasado día 1 de julio de 2010 tuvo lugar la ¿Jornada? organizada por el ICAA bajo el título “Una nueva mirada a la financiación e inversión en la producción de Cine en España”. 

Realmente hay que colocar la palabra “Jornada” entre interrogaciones porque fue más bien un “Encuentro” de muchísima gente del Sector que acudió en masa. El aforo estuvo muy corto ante el éxito de convocatoria, quedándose muchas personas sin poder asistir. Ello no era para menos, dado el enorme interés tanto de los temas de las ponencias como de los ponentes, excepto el caso clásico del que viene a presentar su empresa, que nunca falta en estas cosas.

Desde mi deformación profesional como Abogada, no puedo dejar de destacar las excelentes ponencias de mis compañeros Chema Méndez o Jon Garaiyurrebaso, entre otros, sobre incentivos fiscales, o la interesantísima exposición del franco-español Christophe Vidal, de Coficiné.

Estaba todo el Gremio: los grandes Productores de España y los pequeños, los gestores del ICAA, la cúpula de EGEDA, Abogados expertos en Audiovisual y algún banquero camuflado. Creo que sin duda se puede calificar como “EL BOLO DEL AÑO” en el Sector, encontrándonos en un ambiente propicio para hablar, tranquilo. Hasta el catering fue sensacional!!

Una idea repetida ad nauseam: HAY QUE HUIR DE LA ATOMIZACIÓN Y CREAR PRODUCTORAS FUERTES que generen confianza en el sector financiero y en los posibles inversores… la idea sin duda es sensacional, pero yo me pregunto ¿son más fuertes 10 pobres juntos que por separado? no lo sé… tal vez los pequeños estemos condenados a desaparecer…por más que lo pienso desde ese día, no veo con quién se puede fusionar nuestra pequeña Productora TORMENTA FILMS.

Para terminar, mandar mi más sincera enhorabuena a IGNASI GUARDANS, a quien no pude acercarme para agradecer personalmente la iniciativa al final del Evento, ya que fue absolutamente suya (sospecho que eligió hasta el catering, ya que es hombre de buen gusto). Es justo reconocer el trabajo bien hecho y en este caso lo ha estado. Otros días toca decir otras cosas, pero hoy no, y eso es lo bueno.

Tuve el placer de conocer a Dña. Milagros del Corral durante la Conferencia Internacional sobre la Propiedad Intelectual y el Patrimonio Cultural
en el Entorno Digital, organizada por OMPI/WIPO el pasado mes de octubre de 2009, donde participó con una excelente ponencia titulada “Las bibliotecas como preservadoras del patrimonio cultural en España y la Unión Europea”.

Aunque había oído comentar su buena gestión al frente de la Biblioteca Nacional, sinceramente no esperaba encontrar una persona con un nivel intelectual y profesional tan extraordinario, valores actualmente muy escasos en “la Cosa Político-pública”. Además, en el transcurso de una cena ofrecida por OMPI con ocasión del Evento intuí que Dña. Milagros es, también, una persona muy sólida en su faceta de “ser humano de a pie”.  Esto creo que ha quedado acreditado por su rechazo a continuar recibiendo un sobresueldo “por traseras” o “por bajo”, que dirían en León y participando en la pantomima de contención del gasto plasmada en este extraño paripé que me aspen si entiendo….

Realmente fue para mí una muy grata sorpresa el encuentro con esa notabilísima mujer y saber que una Institución tan importante como la Biblioteca Nacional de España estaba dirigida por una cabeza tan competente, además de trabajadora infatigable.

Corren duros tiempos para España: escasea el trabajo, los fantasmas de la guerra fraticida se remueven, a río revuelto están ganando los de siempre, el desconcierto es general, vagamos por la Piel de toro como 46 millones de perros sin amo, el País cabecea como barco sin patrón… 

El presente es gris ceniza y el futuro es gris marengo… La mediocridad nos asfixia; la incompetencia nos golpea y nos permitimos el lujo de dinamitar una Institución que funciona y de perder para la vida pública una persona tan valiosa como esta señora…  

Querida Milagros: gracias por intentarlo y muy buena suerte!

Han surgido muchas preguntas alrededor del tratado ACTA. Debido a su secretismo y a que su texto no es todavía definitivo poco se sabe realmente.

El tratado ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), es un acuerdo comercial de índole internacional y plurilateral enfocado a crear un marco legal que legisle a nivel global la piratería de bienes tangibles y digitales, con el objetivo de proteger la economía global, y específicamente la industria del copyright. En un primer momento los países negociadores eran la Comisión Europea (a cargo de la política comercial de los 27 países de la Unión) con Estados Unidos, Japón y Corea del Sur; a éstos, posteriormente, se unieron Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Canadá. Desde el 2008 se han celebrado sesiones a puerta cerrada que han tenido lugar en diferentes países de los que se encuentran en la negociación. Esta circunstancia y el hecho de que las negociaciones y sucesivos borradores del tratado  no estén supervisadas por ninguna organización internacional, ha suscitado críticas y recelo por parte de los sectores involucrados.

La presencia de Estados Unidos y la Unión Europea es notoria y da relevancia internacional a las negociaciones que han tenido lugar desde el principio de forma secreta. El ACTA se está negociando desde 2008 y está dirigido a mejorar los niveles de ejecución de los derechos de propiedad intelectual y restringir el comercio de artículos falsos o ‘pirateados’, como música, películas y medicamentos. En concreto, el documento nació con la intención de perseguir a quienes elaboren o distribuyan programas que desactiven DRM (sistemas anticopia) y obliga a los proveedores de acceso a Internet a controlar el tráfico de sus clientes para evitar el intercambio o distribución de material protegido por copyright.

Los usuarios internautas, los proveedores de servicios de Internet en Europa, investigadores y especialistas de derechos humanos han estado muy pendientes de todo lo que se pudiera filtrar sin que se tuviera del todo la seguridad de que lo filtrado se correspondía con lo negociado. En determinados momentos se han filtrado posibles borradores que alarmaron a los grupos de presión y a los defensores de la libertad digital.

Los textos filtrados desvelaban, entre otros puntos:

  • La presunta intención de implementar el formato de “tres avisos” (Ley Hadopi de Francia y FRA en Suecia), en todo el mundo;
  • La posibilidad de que los titulares de los derechos puedan acceder a la información personal de un usuario, de ser éste sospechoso de descargar contenidos con propiedad intelectual, sin necesidad de resolución judicial.
  • La posibilidad de que sean los proveedores de Internet los responsables de implementar la tecnología necesaria para monitorear el contenido que circula en la red y definir si su uso es legal o ilegal.

El secretismo tan sólo alimentó la inseguridad y el escepticismo. Incluso se llegó a elucubrar que la ley Hadopi de Francia o las leyes discutidas en España e Italia sobre el uso de Internet, eran un primer paso en la aplicación de ACTA, que ya estaría aplicándose en parte de Europa a pesar de no haber sido todavía firmado. Y es que una de las preocupaciones principales era cómo se armonizarían las tan diferentes legislaciones de los diferentes países negociadores y sobre todo, qué camino se tomaría para “legislar Internet” a nivel global. Sin embargo y por eso mismo, debido a su dimensión y dificultad, desde algunas de las instituciones del sector se defendía la necesidad de mantener a puerta cerrada las negociaciones.

A principios de este año, el Parlamento europeo también mostró su preocupación por el secretismo con que se llevaban las negociaciones internacionales del tratado ACTA. Si bien los eurodiputados se manifestaron a favor de la lucha contra la falsificación y el respecto a los derechos de autor, reivindicaron el respeto de los derechos civiles. Por ello, la Comisión Europea publicó, el 21 de abril de 2010, el borrador del Acuerdo Comercial Antifalsificación, actualmente en su octava ronda de negociaciones.

Defienden desde la Comisión que el objetivo general del ACTA es dirigirse a infracciones de derechos de propiedad intelectual a gran escala, que tienen un impacto económico significativo por lo que no limitaría los derechos de los ciudadanos ni perjudicaría a los consumidores. El texto pretende fijar unas normas marco de protección de los derechos de propiedad intelectual, en concreto, cómo los innovadores y creadores pueden defender sus derechos en los tribunales, en las aduanas y en Internet.

Finalmente parece que el “PUBLIC Predecesional/Deliberative Draft” es más garantista con los derechos y libertades de los usuarios de Internet de lo que parecía. Con motivo de su publicación se ha señalado que la intención de este borrador es que los proveedores de Red sean los encargados de, por un lado, retirar contenidos denunciados por los titulares de los derechos de autor, sin perjuicio de que una autoridad judicial o administrativa pueda también solicitarlo. Por otro lado, y también a petición de los titulares de derechos que den “razones válidas” sobre presuntas violaciones de dichos derechos, los proveedores de Red se verían obligados a revelar la identidad de un usuario. Asimismo, entre otros asuntos y como estaba previsto, el borrador prevé penalizar cualquier elusión de los sistemas anticopia, e incluso la fabricación, importación o comercialización de productos o ‘software’ cuya finalidad sea, o pueda ser, saltarse dichos sistemas anticopia.

Bruselas asegura que el texto está “plenamente en consonancia con la actual legislación de la UE, lo que significa que se limita a la observancia de los derechos de propiedad intelectual y no se incluyen disposiciones que modifican el derecho sustantivo de propiedad intelectual”. Insisten que no se crean nuevos derechos y no cambia la duración de los mismos.

A pesar de tener un borrador oficial sigue el escepticismo puesto que lo dispuesto en este Acuerdo, por su dimensión, podría cambiar el mundo de Internet. Voces críticas han señalado que el acuerdo, tal y como está propuesto, se centra sólo en medidas penalizadoras.

Aún así, a estas alturas de negociación se observan múltiples discrepancias entre los diferentes países negociadores. A nivel europeo, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento europeo debe ser consultado de las negociaciones internacionales en las que participe la Unión Europea por lo que el ACTA tendría que pasar este último filtro para ser de aplicación en los Veintisiete.

La Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (aDeSe) representa, desde 1997, a sus asociados en sus relaciones colectivas con la Administración y demás organismos defendiendo sus intereses. Actualmente son 16 las compañías miembros de ADeSe y representan más del 90% de las unidades de videojuegos que se distribuyen en el mercado español. Entre sus principales objetivos está contribuir al desarrollo de la industria del sector y de sus asociados.

Hoy, 23 de marzo de 2010, aDeSe ha presentado el balance económico de 2009. El consumo en la industria del videojuego en 2009 ha ascendido a 1.200 millones de euros, lo que se traduce en un 16% menos que en 2008. Entonces ya comentamos que la industria audiovisual salvaba el año gracias a las cifras conseguidas por los videojuegos. Este año baja en cuatro puntos su porcentaje, (53%) del total de la facturación total del entretenimiento audiovisual e interactivo (cine-DVD-música-videojuegos). Aún así, España mantiene su posición como cuarta potencia europea en consumo sólo por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania.

En la presentación de resultados se ha especificado que de los 1.200 millones de euros que obtuvo el sector en 2009 en España, 638 millones corresponden al software (videojuegos), que cayó un 11%, mientras que 572 millones tienen que ver con la venta de hardware (consolas y accesorios), que sufrió un retroceso del 14,3%. La industria cree que la bajada de precios de las consolas para hacer frente a la crisis ha jugado un papel importante en el descenso de la facturación.

En total, el consumo de videojuegos ha descendido de forma moderada a nivel mundial. Pero la caída no tiene precedentes y si bien tiene algo que ver con la situación económica actual, ésta no es la única razón. Uno de los factores determinantes sigue siendo el índice de descargas ilegales. La piratería, en el sector de los videojuegos empieza a tomar un cariz alarmante (página 7).

Según la asociación estadounidense ESA (Entertainment Software  Association), que analiza las conductas delictivas online en 238 países, durante el mes de enero de 2010 se produjeron 1.354.000 descargas ilegales, un 26% más que la media de descargas mensual del segundo semestre del pasado año. España duplica el número de descargas ilegales de EEUU.

Con todo ello, la asociación de la industria, ha expresado las esperanzas del sector en la nueva legislación propuesta por el Gobierno contra los intercambios no autorizados de archivos protegidos por la propiedad intelectual. Y es que los datos aportados del mercado en España dan muestra del potencial de crecimiento de la industria a pesar de que en términos de consumo, dado el actual contexto económico y demás circunstancias, no se haya producido crecimiento.

Aunque el porcentaje de sentencias que reconocen el derecho de la industria del videojuego en detrimento de las redes de descarga pirata, es cada vez mayor, aDeSe considera que es urgente y prioritario para España incorporar las medidas legales necesarias para desarrollar convenientemente los servicios de la sociedad de la información. Defendiendo que sólo un cambio en la actual legislación podría favorecer que la industria entrara en una etapa de madurez, atrajera talento internacional y pudiera ponerse a la altura de otros países en materia de desarrollo, manifestaron su apoyo a la LES (Ley de Economía Sostenible- disposición primera) pendiente de ser aprobada en el Congreso, tras haber sido aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes.

Para hacer frente a la piratería recogen estas medidas que me parece interesante reproducir literalmente:

Dos frentes de actuación:

“a) Contenidos:

– Aprobación en el Congreso en los próximos meses de las medidas contenidas en la Disposición final de la ley de Economía Sostenible en relación a la propiedad intelectual, que permita la eliminación de la piratería comercial en Internet.

– Impulsar un nuevo modelo de negocio que posibilite el desarrollo de nuevo servicios de la sociedad de la información, fomentando el comercio de contenidos legales en Internet.

– Incorporar medidas de autorregulación como paso previo a la regulación legal, impulsando campañas de sensibilización social.

Modificación de la Circular 1/2006 del Fiscal General del Estado.

b) Dispositivos:

– Desarrollo de un grupo de trabajo con el Consejo General del Poder Judicial intentando que el Supremo decida sobre estas materias para unificación de doctrina, en una sala especial.

– Cursos dirigidos a las Fuerzas de Seguridad y desarrollo de una ponencia específica de videojuegos destinada a jueces, orientada al estudio de los problemas de protección penal específicos de estas obras y muy en particular a los dispositivos de vulneración.”

España ostenta niveles muy deficientes en educación social sobre los derechos y obligaciones del usuario de tecnologías online.  Por ello la sensibilización y la educación en materia de propiedad intelectual ha de ser una de las tareas en las que centrar el esfuerzo para el total de la industria audiovisual. 

Plataformas como Youtube y radios como Spotify o Last.Fm son muy populares debido a que usan la técnica del streaming para emitir sus contenidos. Permiten acceder a archivos de vídeo o pistas de audio sin que haya necesidad de bajar los discos y archivos al ordenador. Lo óptimo de esta tecnología, cuyo origen situamos en 1995, es poder reproducir un contenido a partir de un archivo situado en un servidor de Internet sin necesidad de descargarlo antes. El archivo se descarga al ordenador, pero en forma de flujo de datos, y sólo permanece de forma temporal.

La descarga de archivos mediante aplicaciones P2P ha descendido en el último año debido a los servicios para audio y vídeo en streaming y al aumento del ancho de banda en los hogares españoles. Y es que el “descubrimiento” del streaming estaba condicionado a poder acceder a un mayor ancho de banda ya que con conexiones de 3, 6, 10 y 20 Mbps, podemos acceder a un contenido con calidad DVD o superior, en tiempo real.

Poder reproducir los contenidos sin retrasos o tiempos de espera ha sido otro de los hitos en la era Web 2.0. En concreto ha supuesto un antes y un después principalmente para las industria musical y audiovisual, para bien y para mal.

Por primera vez en España la actividad de una página web de contenido audiovisual a través del sistema “streaming” ha sido condenada con una pena de un año de prisión, 12 meses de multa y una indemnización de cerca de 2.000 euros por considerarse un delito contra la Propiedad Intelectual. Se trata de una sentencia de conformidad. El acusado ha llegado a un acuerdo con las denunciantes con el fin de no alargar el juicio, y evitar la posibilidad de una pena mayor.

El origen fue una denuncia a finales del 2006 contra tres páginas web, http://www.simonfilms.tv, http://www.siglox.com y www.maxivideos.tv. Estas páginas ofrecían películas (estrenos y éxitos del mercado) para su visionado a través de streaming. Las páginas, eran propiedad de una S.L. con domicilio en Vigo, y ha sido el Juzgado de lo Penal de Vigo el que ha condenado al gerente y administrador único de esta sociedad.

La gran pregunta: ¿El ánimo de lucro?

Ya comentamos con el asunto del portal www.infopsp.com que el ánimo de lucro excluye del ámbito de la represión penal las conductas en las que no concurre dicho ánimo. En este caso el visionado de los contenidos de estas páginas reportaba a la sociedad un lucro comercial: exigía la suscripción que tenía un precio de un Euro (1€) con una compra mínima de diez películas.

La Circular 1/2006 de la Fiscalía General, que tanto tropieza con la defensa de los intereses de la industria de contenidos, no supuso ningún obstáculo los propósitos de la acusación:

[…] “El elemento del ánimo de lucro debe ser interpretado, no en el sentido amplio de obtención de cualquier tipo de ventaja, utilidad o beneficio, sino en el sentido estricto de “lucro comercial”.

La Circular 1/2006 de la Fiscalía General no contempla como “lucro” los beneficios que se pudieran obtener a título particular con las descargas, siempre y cuando los tales descargas no supongan operaciones “comerciales” posteriores.

En contraposición, la Audiencia Provincial de Valencia, ha vuelto a estimar otro recurso de la acusación particular ejercida por las compañías cinematográficas y de videojuegos en un tema de descargas ilegales a través de Internet. El Auto dictado indica de forma expresa que “no puede descartarse en la instrucción el ánimo de lucro en el encausado pues la exhibición del material tenía la función de enriquecerse con las obras ajenas gracias a la publicidad“. Ha sido contra la web http://www.divxonline.com dedicada al intercambio de contenido audiovisual.

Para confirmarlo, el Auto añade sobre la actividad de la página web que “parece desprenderse que el principal atractivo para la captación de publicidad era la emisión del material protegido por la ley de propiedad intelectual.” Y finaliza así “por todo ello, y ante las implicaciones criminológicas de las nuevas tecnologías, este Tribunal estima que resulta acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva proclamada en el art.24.2 de la C.E., que se prosiga el proceso“.

Está claro que para obtener ingresos por medio de una página web hay que  “colgar” un contenido lo más atractivo posible porque del contenido depende el número de visitas. Si hay un número importante de visitas, los anunciantes se interesarán por la página web y contratarán con el titular espacios publicitarios, u otras modalidades de explotación publicitaria. El problema está cuando NO se utilizan contenidos propios o autorizados.

Una vez que se ha conocido la concreta plasmación sobre la protección de la propiedad intelectual en Internet recogida en la D.A. 1ª del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado el pasado día 8 de enero de 2010 por el Consejo de Ministros, han seguido proliferando las opiniones y glosas variopintas a la regulación adoptada por el Gobierno.

Dado que la brevedad del espacio obliga a la concreción, me limitaré a intentar desvirtuar lo que creo es un enfoque grave en el planteamiento de la cuestión que se repite en casi todas las opiniones que he podido leer.

Se oyen muchas voces en contra de que se otorgue a la propiedad intelectual, un derecho privado y de naturaleza patrimonial, un status de protección reforzada, al modo de la protección dada al orden público, la seguridad pública, defensa nacional, la salud o la infancia, y los derechos fundamentales. Siguiendo con el mismo razonamiento, no se entiende cómo se tutela por un órgano administrativo, cuyo control se somete a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Creo que este es un error de planteamiento grave, ya el interés protegido supera con creces los meros intereses patrimoniales de los titulares de derechos.

Con las cifras de Piratería que se manejan (por poner algún dato, la industria musical ha bajado un 60% su facturación, en informática hay una penetración de un 55% de piratería…), esas Industrias Culturales, que representan algo más del 5% del P.I.B. y que dan trabajo a un 2,5% de la población activa, están claramente desprotegidas, en recesión y en fase de desinversión.

No sé si ingenua o intencionadamente, se nos quiere hacer creer que se intenta proteger a los titulares de derechos, con la vanalización de personalizarlos en “personajes” concretos (“los de la ceja”, por ejemplo), cuando esto dista mucho de la verdad.

Lo cierto es que, cuando alguien organiza una empresa legalmente y otra persona puede sustraer ilegalmente sus contenidos y organizar un negocio paralelo a coste cero o mínimo, se pone en entredicho la seguridad del tráfico económico, y eso es algo inconcebible en un Estado de Derecho.

El bien jurídico protegido, por lo tanto, no son los derechos patrimoniales individuales, sino la misma seguridad del comercio, que no es ni más ni menos que una cuestión de orden público.

En España tenemos una larga tradición de protección legal del comercio, que, bajo el nombre de “paz del mercado”, se extendió desde el Fuero de León de 1017 a los demás Fueros medievales. Los mercados medievales y los caminos que permitían el acceso a los mismos, se colocaron directamente bajo la protección del Rey. Y así ha venido siendo desde entonces hasta hace unos años.

La protección del comercio es una cuestion de ORDEN PÚBLICO, por encima de los intereses particulares, porque se refiere, ni más ni menos, al normal funcionamiento de las instituciones, a la paz social y a la seguridad jurídica.

Citamos, a modo de ejemplo, la definición de orden público dada por el Tribunal Constitucional:

STC de 12 diciembre 1994: En definitiva, tal seguridad se bautizó ya en el pasado siglo con la rúbrica del “orden público”, que era concebido como la situación de normalidad en que se mantiene y vive un Estado, cuando se desarrollan las diversas actividades colectivas sin que se produzcan perturbaciones o conflictos. En definitiva, el normal funcionamiento de las instituciones y el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales según lo definía la Ley homónima 28 julio 1933, durante la Segunda República. Tal era el sustrato, también, de la que con la misma rúbrica y finalidades había promulgado el 23 abril 1870, bajo la Constitución de 1869.

STC de 16 de septiembre de 2002: “El orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y, en las cuales el interés general de la sociedad y del estado supedita el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica (…).”

Desde la aparición de las autopistas de la Información, los caminos por los que circulan las mercancías susceptibles de ser digitalizadas ya no son físicos, y, por lo tanto, se hacen más difíciles de proteger. Del tradicional delito individual y aislado contra la propiedad analógica, se pasa a una defraudación masiva de la propiedad digital, que se generaliza y resulta imposible de perseguir individualmente. Esta masificación transciende el interés particular y se convierte en una cuestión del orden público, incluso supranacional, ya que los titulares últimos son mayoritariamente extranjeros, lo que nos hace responsables ante nuestros socios comunitarios y comerciales. Esto justifica sobradamente la protección del Estado y el recurso a la vía administrativa.

Internet es una nueva revolución industrial. Los contenidos digitales y el comercio electrónico se han posicionado de tal forma que suponen una nueva concepción de consumo, de la comunicación y en definitiva, otra forma de ver el mundo. Su mayor logro es que domina elementos que son los mayores enemigos del resto: espacio y tiempo.

Atendiendo a las fechas y a esta tecnología que nos permite compartir lo que nos gusta, antes de seguir con nuestros temas, os felicitamos el año.

SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Internet ha estado en el último año en boca de todos y seguirá. A finales del año que despedimos se desató la polémica por el intento de regular el control sobre descargas ilegales. Recordamos que al conocerse los detalles del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en diciembre, la alarma social se difundió como la pólvora ayudada por los medios de comunicación e Internet. Respaldados en una ley que nada tenía que ver, en principio, con la salvaguarda de la Propiedad Intelectual si no era por la forzada disposición final primera que sembró el caos, internautas y usuarios se lanzaron a la protesta. Tras un aluvión de comentarios y críticas, nosotros escribimos nuestro post y Zapatero salió al paso precipitadamente asegurando que no se cerrarían páginas sin una orden judicial. (…)

Ahora las medidas para luchar contra la piratería que prevé la Ley de Economía Sostenible se presentarán en el primer Consejo de Ministros del año, el viernes día 8 de enero. El proceso sigue adelante y la controvertida disposición adicional, con algunos cambios técnicos, según se ha indicado, también. (…)

Será la futura Comisión de Propiedad Intelectual la encargada de recibir y tramitar las denuncias de los propietarios de los derechos de autor vulnerados y de presentar la petición de medidas cautelares ante el juez. El procedimiento a seguir combina un proceso administrativo con la asegurada autorización judicial.

PROCESO ADMINISTRATIVO

– La Comisión de Propiedad Intelectual recibe la denuncia de los propietarios de derechos, estudia el caso y comprueba si se están infringiendo derechos de propiedad intelectual.

– Seguidamente notificará a la web la denuncia y los responsables tienen un plazo para presentar alegaciones.

– Si éstas carecen de fundamento o no son suficientes, la Comisión notificará oficialmente a la web que desaloje los archivos de los que está haciendo un uso ilícito y le dará un plazo para ello, dando por finalizado el proceso administrativo. Las páginas web que voluntariamente retiren los contenidos protegidos por derechos de autor que hayan colgado en Internet sin autorización no serán penalizadas con ninguna sanción. Esta es una de las garantías que se quiere otorgar a las web en el procedimiento que prepara el Gobierno para regular las descargas de Internet.

PROCESO JUDICIAL

– Si no hay rectificación, entonces la Comisión podrá solicitar ante el juez medidas cautelares que consistirán en “la interrupción de la prestación de los servicios de alojamiento o almacenamiento de datos” en el caso de páginas nacionales (es decir, el cierre), o el bloqueo a sitios web extranjeros con contenido ilícito que deberán llevar a cabo los operadores nacionales de acceso a Internet. En esta fase judicial del caso, los plazos se reducirán al mínimo.

– El juez no entra en el fondo del asunto (¿?). Sólo decide si la Comisión es pertinente para pedir el cierre de la web en cuestión, y si con ésta no se vulnera algún derecho fundamental, como por ejemplo, el derecho a la información o a la libertad de expresión (si es que procede, entiendo). Desde que la Comisión lleve al juez el caso hasta que éste ordene o deniegue medidas cautelares transcurrirán días, pero, en cualquier caso, menos de un mes. Ambas partes podrán dilucidar luego, en un procedimiento judicial ordinario, el fondo del asunto.

Se pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. En el reglamento se fijarían además los plazos definitivos y la composición y funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual. Teniendo en cuenta que los reglamentos no pasan por el Parlamento hay quien no aprueba que no sea en la propia Ley la que desarrolle y garantice el procedimiento.

Así lo indican los medios de comunicación. Así advertimos que estamos muy pendientes de lo que vaya pasando porque actualmente con tanta información no exacta se nos ocurren muchas preguntas a las que aún no encontramos respuesta. En la página web, el anteproyecto no presenta variación alguna en este sentido. (…)

Apuntar que también este viernes, y con algo de retraso respecto a la fecha prevista, se presentarán las conclusiones realizadas por al Comisión Interministerial creada para luchar contra la piratería. Sus conclusiones son producto de las aportaciones y sugerencias de los diversos sectores afectados, entre ellos la Coalición de Creadores.

Ya que el Gobierno ha aplazado hasta el último Consejo de Ministros la presentación de las conclusiones de la comisión interministerial sobre la lucha contra las descargas no autorizadas y se respira la Navidad en el Despacho. Mientras apenas hay ecos de las opiniones de unos y otros al respecto de las descargas y los derechos de Internet, mientras España vuelve a la “normalidad” y se derrite la nieve, le dedicamos un poco de tiempo a ese “un poco de cine” que anuncia nuestro Blog.

Después de ver, tras esperar ansiosamente, “Avatar“, repetiría eso de “God bless America“. Sin embargo no es del todo acertado porque el director que ideó y perfeccionó esta obra de Arte es el canadiense, James Cameron. Por otra parte el equipo que hizo posible esta maravilla parecía, en los títulos de créditos, universal a la par que infinito. Será entonces un oda a las nuevas tecnologías y como no, al trabajo en equipo.

Los 162 minutos de película son un puro disfrute de tecnología 3D futurista y preciosa que sin duda marca un antes y después en la Historia del Cine. Se ven amortizados los quince años de planificación, un presupuesto de 300 millones de dólares y la extraordinaria estrategia de promoción. A pesar de que este estreno podría haber creado una expectación difícil de satisfacer, el visionario James Cameron puede estar seguro de su victoria. En EEUU la taquilla fue un éxito y se cree (aún pendientes de resultados oficiales) que las taquillas españolas siguieron la tendencia arrolladora. La cinta de ciencia ficción más esperada, y más cara, te somete a un ejercicio de asombro audiovisual que es el espectacular planeta Pandora.

En el año 2154 la raza humana descubre la existencia de un valioso mineral en Pandora, llamado unobtainium, capaz de acabar con la escasez de recursos energéticos en la Tierra. Como no, los humanos se lanzan a su estratégica y eficiente explotación pero con importantes obstáculos ya que el aire de Pandora es tóxico para los humanos, y la raza nativa, los Na´vi, pertenece a su territorio. En esta encrucijada nace un proyecto científico que crea los “avatares”, individuos híbridos conseguidos a partir de una mezcla de ADN humano y Na´vi.

En medio de la belleza visual de la película, la acción llena de detalle, los efectos especiales de última generación… se tratan temas políticos y sociológicos candentes: los efectos del cambio climático, la expoliación de los recursos naturales y el continuo deseo humano de expandir su territorio. Además de esto, hay quien defiende que en algunos momentos en los que la pantalla se llena de terror combativo se intuye una cierta sátira y crítica a la guerra de Irak.

En este hito de la ciencia ficción, se aprecian maravillas de la técnica que se usan como novedad en esta película. La mayor particularidad técnica es que la película se rodó por completo en un estudio, con los actores cubiertos de sensores y cámaras que hicieron posible que la imagen que aparece en la pantalla -creada por ordenador- se corresponda al cien por cien con los movimientos de sus protagonistas. El diseño de las criaturas extraterrestres es excelente y muy estético mientras destierra por completo las interminables horas de maquillaje a las que hasta ahora se venían enfrentando los actores en un rodaje de estas características. Brillante.

El resultado es sencillamente espectacular de principio a fin. Por supuesto y como no podía ser de otra forma el clímax llega al final con una grandiosa y espléndida batalla épica entre el Bien y el Mal (los Na´vi y los humanos, respectivamente) digna de lo que será un clásico del Séptimo Arte. Al margen de las estatuillas, es un ejercicio de excelente trabajo y verdadero talento.

Apunte interesante: Se cree que debido a la singularidad de la técnica y por ser una película tridimensional es menos vulnerable ante la piratería. Esta sí que es una original “lucha” contra la piratería. Y es que se puede piratear la película pero no la experiencia.

Ayer, mientras la Ley de Economía Sostenible “sorprendía” a los bandos interesados y enfrentados en la gestión de contenidos en Internet, descubrí en la calle un anuncio de una de las operadoras de acceso que anuncia sus tarifas e invoca “Tienes derecho a Internet”. No dejó de parecerme muy acertado el invocar al derecho para ganar la atención de aquéllos expectantes con la lucha por el control de las descargas en Internet. Muchas veces, durante el transcurso de una discusión, de repente, “el derecho a _” puede zanjar el asunto sin que haya una razón de peso legítimamente argumentada que justifique tal derecho. Se suele invocar al derecho para reivindicar lo que haga falta y para convertir opiniones en verdades.

Ayer, el Ministerio de Cultura, cuando el pulso entre la industria de contenidos y las ISP (las operadoras de contenidos) estaba ya casi “olvidado”, en virtud de su derecho, dio un paso adelante e introdujo la modificación de dos leyes fundamentales en la disposición final primera de la versátil Ley de Economía Sostenible para la “salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual: La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

La modificación de las dos leyes citadas sale al paso de la necesaria protección de la propiedad intelectual frente a la piratería en Internet. El artículo 8.1 de la LSSI prevé cuatro motivos que hasta ahora permitían restringir y, en su caso, interrumpir la prestación del servicio. Son la investigación penal y la seguridad nacional; la salud pública; la dignidad de la persona y la protección de la infancia. La modificación más relevante y polémica es la introducción de un nuevo motivo: la “salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” que también permitirá restringir, y en su caso, interrumpir la prestación del servicio, aunque tal medida siempre será tomada por la autoridad competente.

Al igual que ya pasó en otros países, la discusión se centra en quién tiene el derecho de decidir el restringir o interrumpir los servicios en Internet. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad la directiva del Paquete Telecom que da libertad a los Estados para decidir si la regulación de las descargas se realiza por un procedimiento administrativo o judicial. Francia, en su Ley Hadopi, ya había previsto un organismo administrativo con potestades para perseguir a los internautas que realicen descargas de archivos protegidos. Si en Estrasburgo se retiraba el requisito de la intervención judicial previa… ¿Qué pasaría en España?

En España la encargada de la salvaguarda de los derechos de autor en Internet será una comisión de ámbito nacional integrada por expertos independientes que dependerá funcionalmente del Ministerio de Cultura. Tendrá entre tres y cinco miembros, que serán elegidos con la participación de otros departamentos como el Ministerio de Industria. Se llamará Comisión de Propiedad Intelectual y tendrá unos poderes hasta ahora inéditos para un órgano administrativo, puesto que tendrá potestad de bloquear las páginas web que alojen o faciliten sin permiso enlaces de archivos sujetos a derechos como películas, canciones y videojuegos. Perseguirá las páginas web tanto de descargas directas como de programas p2p de intercambio de archivos pero no perseguirá a los internautas particulares que realicen esas descargas. La tutela judicial del proceso, queda al menos en entredicho, en el caso del bloqueo de las web, que será decidido en primera instancia por la citada comisión. Aunque la intervención de un juez puede ser necesaria en ocasiones, será la Comisión quien valore esa opción.

Para detectar las web que vulneren la ley, podrá solicitar a las compañías de acceso a Internet (Telefónica, Jazztel, Vodafone, Orange y operadores de cable) los datos que considere oportunos para su identificación y estas operadoras estarán obligadas a ofrecérselos. Para ello el anteproyecto introduce un nuevo apartado en el mismo artículo de la LSSI en el que se otorga a los “órganos competentes” la capacidad para requerir a los operadores los datos -y la obligación de éstos a facilitarlos- que permitan la identificación de quien esté realizando la conducta vulneradora. Con esta modificación legislativa se pretende centrar la persecución de las web de enlaces.

Con la información, se comprueba el uso ilícito de contenidos sujetos a derechos y remitirán varios avisos para que cesen en su conducta. En caso de no hacerlo, podrán solicitar el bloqueo de la web o la retirada de contenidos de la misma. Los responsables de las páginas denunciadas tendrán derecho a ser oídos y a la presunción de inocencia, informaron en fuentes de la Comisión Interministerial.

El corte de la conexión se ha erigido como el mayor punto de fricción entre internautas y creadores. Así es que la reacción de los profesionales de la red no se hizo esperar. Periodistas, blogueros, responsables de páginas web, profesionales y creadores de Internet ya suscribieron un manifiesto En defensa de los derechos fundamentales en Internet que se se ha colgado desde las nueve de esta mañana en blogs especializados en tecnología, asociaciones y comunidades de internautas, webs de diarios y otros medios de comunicación. Rechazan la nueva legislación prevista en la Ley de Economía Sostenible, y la creación de la comisión administrativa dependiente del Ministerio de Cultura a la que ya denominan “policía cultural”.

Otro manifiesto, La música es cultura, la música es empleo”, firmado por 2.500 profesionales del sector de la música y músicos de todos los estilos pide al Gobierno “responsabilidad” y “seguridad jurídica” para un sector que es industria. Ayer, tras una reunión con el ministro de Industria, Turismo y Comercio, representantes del sector se manifestaron con la lectura de dicho manifiesto y guardando un minuto de silencio por la “defunción” de la música. Exigen al Gobierno que les tenga en cuenta y reclaman medidas “concretas y urgentes”.

Hace una semana, Viviane Reding, la comisaria de la Sociedad de la Información, declaraba que España tendría problemas con su legislación antidescargas. Estaba claro que ante intereses enfrentados la situación era difícil pero información es poder con lo que puede ser que la comisaria tuviera ya poder. Aún así, cada decisión en este sentido afecta al complejo del sector del entretenimiento; a todos sus profesionales y usuarios; y cualquier medida afectará colateralmente a varios factores.

Se invocan multitud de derechos: los derechos de propiedad intelectual, la libertad de expresión, el derecho de acceso a la cultura, derecho a la presunción de inocencia, derecho a la privacidad, a la seguridad, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión… La discusión sigue y más encendida que nunca. “El respeto al derecho ajeno es la paz” decía Benito Juárez pero ¿Dónde está el límite entre unos y otros? ¿Responderá el Gobierno a las presiones de los diferentes grupos? ¿Responderá adecuadamente? ¿Qué priorizará? ¿Y cómo quedará el anteproyecto?

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