Existen hoy en día tan pocos finales felices, que los pocos que se prodigan hay que saborearlos con el mimo de un buen plato de percebe gallego.

Recibo en este calurosísimo día (incluso en Galicia) la noticia de que la Plataforma “SALVEMOS EL ALBÉNIZ” ha ganado su batalla: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena a la Comunidad que incoe el expediente de declaración del Teatro como bien de interés cultural de la CAM con la categoría de “Monumento”.

Es un gran logro para la Cultura, ya que, aunque se deja claro que el Teatro carece de valor arquitectónico (lo cual, por otra parte, ya había sido declarado previamente), se considera relevante a efectos jurídicos la programación del Teatro, “por su reconocida variedad, complejidad y excelencia artística, en sus múltiples facetas del teatro, la danza y la música”, unido a su ubicación cerca de la Puerta del Sol, tiene entidad suficiente para ser declarado bien de interés cultural.  Adjunto copia de la Sentencia que me han enviado desde la Plataforma.SENTENCIA ALBENIZ

Con ello, el TSJ de Madrid da un paso a favor de la Cultura y de los madrileños. Como Chamberilera de adopción, doy las gracias al Tribunal por protegernos de la especulación inmobiliaria.

Esto me lleva a reflexionar sobre la tremenda importancia que tiene el Poder Judicial como arma de protección de los ciudadanos contra los poderes públicos. Esa importancia es cause de que lleven intentando “cargarse” la independencia judicial desde 1980; últimamente parece que lo están consiguiendo. Sin Jueces independientes estamos perdidos, amigos, pero esta es una cuestión que no priorizamos los españoles. Nos importa más el límite de velocidad o el dopaje deportivo… qué frustrante es vernos entrar como corderos a las sucesivas cortinas de humo que van extendiendo a nuestros pies, y que España “pisa, morena, pisa con garbo”… un capa detrás de otra, y así hasta ¿?…. Grecia, la cuna de Europa es hoy apenas un  Estado fallido… alerta, navegantes…

Felicidades especialmente a las promotoras de la Plataforma, Eva Aladro y demás personas que han empleado tiempo, esfuerzo y probablemente dinero por beneficiar a todos. Perdón por haberos abandonado aquel primer día hace ya algunos años que apareció “un político” en la escena del Movimiento, pero yo sólo participo en los movimientos ciudadanos. No me vale que aparezca alguien simplemente porque es “de los otros”, cuando probablemente “estos” hubieran hecho exactamente lo mismo. A estas alturas no creo que haya malos y buenos por una simple cuestión de siglas. Después deEl 15-M me parece que hay muchos que piensan lo mismo.

Enhorabuena, Albéniz: nos vemos en la Fiesta de reapertura!!

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Después de que las Industrias Culturales llevan años luchando por la defensa de la propiedad intelectual, empleando ingentes recursos humanos y materiales en la batalla contra la piratería (hasta la fecha absolutamente perdida), de repente alguien filtra un documento y resulta que uno de los pocos logros que por fin parece que se va a obtener se debe a presiones norteamericanas…. Obviamente, esta no es más que una de las leyendas urbanas (¿o debería decir ciberleyendas?) que se prodigan en torno a la llamada Ley Sinde.

 Quién le iba a decir hace un año a la Ministra que pasaría a la historia legislativa española por intentar poner coto a las infracciones contra la propiedad intelectual. Es muy, pero que muy curioso cómo todo lo relativo a propiedad intelectual genera tamaños revuelos en una sociedad que se aquieta con todas las desgracias que está padeciendo, con todas las miserias que está atravesando. No puedo entender, y conste que lo intento, cómo es posible que haya más movilización popular contra la “Ley Sinde” que contra la avaricia desmedida que nos ha llevado a esta catástrofe, o contra las subidas abusivas de los suministros energéticos, por poner algunos ejemplos: ¿cómo es posible que todos los Anonymous españoles estén contentos pagando un precio desorbitado a los operadores de Internet, muchísimo más alto con diferencia que en los países de nuestro entorno y pongan el grito en el cielo a la hora de pagar a los autores?.

Habrá que esperar al desarrollo reglamentario de la Ley Sinde, que es de la máxima importancia, de cara a no conculcar derechos fundamentales de nadie, pero no cabe duda que debe de existir una norma que frene el estado salvaje de la piratería en Internet, porque ya nadie quiere invertir en Industrias creativas, lógicamente. No sé si yo soy la única que aprecia el deterioro de los productos musicales, televisivos, literarios… que se nos vienen ofreciendo. Esto no puede seguir así.

 Antes la queja era que no intervenía un Juez. Esto se ha modificado en la nueva redacción del Proyecto de Ley, de manera que ahora no sólo interviene sino que da audiencia al supuesto infractor. Tampoco es suficiente. ¿Es que se desconfía de la imparcialidad de los Juzgados Centrales de Instrucción, órganos a los que se atribuye la competencia? Yo creo que lo que no se quiere es pagar a los creadores. Y yo me vuelvo a preguntar: ¿por qué a los demás sí y a los creadores no?. Y no tengo respuesta.

Felicitamos a nuestro socio, el asturiano MARCELINO TAMARGO, ya que ha obtenido la primera sentencia favorable contra CAJAMADRID que conocemos.

A mediados del año 2006, la empresa demandante acudió a Caja Madrid para solicitar financiación para la compra de un local comercial. La Caja le otorgó el préstamo de 1.560.000 euros con garantía hipotecaria pero, al mismo tiempo, le ofreció el complejo derivado financiero bajo la apariencia de instrumento de aseguramiento frente a posibles subidas del euribor. La realidad es que la contratación de este derivado le supuso una única liquidación favorable por importe de 3.217 euros y varias liquidaciones negativas que suman aproximadamente 67354,37 euros.

Se trata de la primera demanda presentada contra Caja Madrid y que ha resultado favorable a los afectados.

Por otra parte, en su cruzada particular contra BANKINTER, la entidad bancaria que probablemente haya “abusado” más de la comercialización de estos productos financieros, Marcelino lleva un parcial desolador para el Banco: TAMARGO 5 – BANKINTER 0, existiendo bastante procedimientos judiciales en curso que podrán aumentar (esperamos) esta diferencia.

Adjuntamos, por su indudable interés, la Sentencia condenatoria a Cajamadrid.NULIDAD SWAP CAJAMADRID

A instancia de LEGALARTE, y en concreto de Marisa Castelo, Letrada que ejerce la acusación particular en representación de los titulares de DIGITAL PLUS, se ha conseguido un pequeño paso en la lucha contra la piratería. Reproducimos abajo la nota de prensa de la que se han hecho eco los medios de comunicación, a lo que únicamente debemos añadir que esa cuantía tan elevada guarda relación directa con el perjuicio causado por el acusado. En efecto, las valoraciones cabales de perjuicios son en cuantía tan elevada que  en ese contexto resulta más que ajustada la fianza solicitada.

Es un pequeño logro que un Juez sea consciente de los enormes daños causados por la Piratería, y esperamos sinceramente, que se pueda ver por los Jueces en general, tanto esto, como el ÁNIMO DE LUCRO latente en todas estas conductas, que no son más que NEGOCIOS PARASITARIOS, cuyo modelo es sobradamente conocido: organizan una web que promociona la piratería, ya sea de canales de TV, descargas de películas, música, etc. y “se hacen de oro” comercializando la publicidad de dicha web, que tendrá miles de visitas porque ofrece “de gratis total” productos o servicios ajenos, a cuyas empresas genera pérdidas de millones de euros (como en este caso).

De todas formas, aún falta el juicio oral y, por lo tanto, la petición de fianza por parte del Juez no debe entenderse como una condena. To be continued….

NOTA DE PRENSA “El Juzgado de instrucción número 37 de Madrid impuso una fianza de cuatro millones de euros al administrador de dos páginas web para garantizar las responsabilidades civiles a que hubiera lugar por un supuesto pirateo de la señal de Digital+.

La fianza, contra la que no cabe recurso alguno, está basada en la valoración de los beneficios obtenidos por el presunto infractor y por la pérdida de ingresos registrada en Digital Plus por este supuesto delito contra la propiedad intelectual.

El juez ha advertido expresamente al administrador de las citadas webs de que sus bienes personales serán embargados si no asegura la fianza de esos cuatro millones de euros. Por el momento no se ha facilitado la identidad de las páginas o sus administradores.

Dichas páginas web se dedicaban a proporcionar contenido y software (códigos, claves y tarjetas piratas) que servían para acceder, de manera presuntamente fraudulenta, a la programación y canales difundidos por Digital Plus.

El administrador de dichas webs está acusado de cometer varios delitos continuados contra la propiedad intelectual; contra el mercado y los consumidores y por estafa informática.”

El pasado día 1 de julio de 2010 tuvo lugar la ¿Jornada? organizada por el ICAA bajo el título “Una nueva mirada a la financiación e inversión en la producción de Cine en España”. 

Realmente hay que colocar la palabra “Jornada” entre interrogaciones porque fue más bien un “Encuentro” de muchísima gente del Sector que acudió en masa. El aforo estuvo muy corto ante el éxito de convocatoria, quedándose muchas personas sin poder asistir. Ello no era para menos, dado el enorme interés tanto de los temas de las ponencias como de los ponentes, excepto el caso clásico del que viene a presentar su empresa, que nunca falta en estas cosas.

Desde mi deformación profesional como Abogada, no puedo dejar de destacar las excelentes ponencias de mis compañeros Chema Méndez o Jon Garaiyurrebaso, entre otros, sobre incentivos fiscales, o la interesantísima exposición del franco-español Christophe Vidal, de Coficiné.

Estaba todo el Gremio: los grandes Productores de España y los pequeños, los gestores del ICAA, la cúpula de EGEDA, Abogados expertos en Audiovisual y algún banquero camuflado. Creo que sin duda se puede calificar como “EL BOLO DEL AÑO” en el Sector, encontrándonos en un ambiente propicio para hablar, tranquilo. Hasta el catering fue sensacional!!

Una idea repetida ad nauseam: HAY QUE HUIR DE LA ATOMIZACIÓN Y CREAR PRODUCTORAS FUERTES que generen confianza en el sector financiero y en los posibles inversores… la idea sin duda es sensacional, pero yo me pregunto ¿son más fuertes 10 pobres juntos que por separado? no lo sé… tal vez los pequeños estemos condenados a desaparecer…por más que lo pienso desde ese día, no veo con quién se puede fusionar nuestra pequeña Productora TORMENTA FILMS.

Para terminar, mandar mi más sincera enhorabuena a IGNASI GUARDANS, a quien no pude acercarme para agradecer personalmente la iniciativa al final del Evento, ya que fue absolutamente suya (sospecho que eligió hasta el catering, ya que es hombre de buen gusto). Es justo reconocer el trabajo bien hecho y en este caso lo ha estado. Otros días toca decir otras cosas, pero hoy no, y eso es lo bueno.

Gracias a la colaboración de Legalarte con Espacio Legal, gracias a Marcelino Tamargo, vamos conociendo a fondo las discutibles cuestiones  que rodean a los contratos de permuta financiera de tipos de interés. Con diferentes denominaciones (IRS, ‘swaps’, clip hipotecario…) fueron comercializados y ofrecidos masivamente por las entidades financieras desde 2007 a clientes que necesitaban financiación resaltando que protegen al cliente de las subidas de los tipos de interés en sus créditos. Si bien, en muchos casos no siempre se facilitó el total de la información ya que la bajada del Euríbor supone lo contrario, protege a la otra parte contratante y por tanto, es el cliente quien paga.

Según Auto de fecha 18 de mayo corresponde al Juzgado de Primera Instancia nº6 de Gijón conocer de los requisitos esenciales para la validez de los contratos incluso cuando en éste, un contrato ‘swap’, como en este caso, se establece someter a arbitraje la resolución de conflictos.

Alegando la falta de jurisdicción de los tribunales ordinarios para resolver un conflicto que estaba sometido a arbitraje, la entidad financiera, BBVA, pidió al juez que remitiera la demanda de nulidad del contrato “Stockpyme II – Tipo Fijo” a la Corte de Arbitraje dependiente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

Si bien el juez reconoce que la Ley de Arbitraje obliga a las partes a cumplir con lo estipulado en el contrato e impide a los tribunales conocer las controversias sometidas a arbitraje, considera que la “literalidad” del convenio arbitral obligaba a las partes a resolver por esta vía las discrepancias “que pudieran surgir como consecuencia de la ejecución o interpretación del contrato” pero no las controversias “sobre la ineficacia del propio contrato”.

El juez concluye que “las cláusulas del convenio arbitral, como las de cualquier otro negocio jurídico, deben ser interpretadas con arreglo a las normas generales sobre los contratos que establece el Código Civil“.

Por ello se ha negado la petición de  BBVA de someter al arbitraje la nulidad de un contrato de ‘swap’ solicitada por una pyme. El juez ha resuelto desestimar la petición de la entidad financiera y acepta su competencia para tramitar el litigio al considerar que las cláusulas arbitrales de los contratos están sometidas a la normativa contractual que recoge el Código Civil. Contra el auto cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días.

Al denegar esta petición, el juez resolverá ahora la demanda presentada por la pyme, representada por  Marcelino Tamargo, contra el BBVA por “vicios en el consentimiento” en la firma del contrato de ‘swap’ suscrito entre las partes el 4 de abril de 2008.

Nueva victoria de nuestro socio de ESPACIO LEGAL, el abogado asturiano MARCELINO TAMARGO en su particular cruzada contra los contratos especulativos financieros que determinadas entidades bancarias colocaron a sus clientes so pretexto de regalarles un “seguro contra la subida de los tipos de interés”.

En esta ocasión se declara la nulidad del contrato con condena en costas al Banco, y no se tienen en cuenta las alegaciones de la entidad bancaria encaminadas a desvirtuar la reclamación: ni se acepta el argumento que la demandante es una mercantil (S.L.), que está familiarizada con los contratos bancarios, ni tampoco se considera relevante el hecho de que la sociedad aceptara las liquidaciones negativas.

Igualmente se realiza un acopio de la jurisprudencia favorable a clientes de las Audiencias Provinciales en esta materia (Asturias, Valencia, etc.), que va en aumento cada día.

Se adjunta Sentencia.Documentos_Expediente

Tuve el placer de conocer a Dña. Milagros del Corral durante la Conferencia Internacional sobre la Propiedad Intelectual y el Patrimonio Cultural
en el Entorno Digital, organizada por OMPI/WIPO el pasado mes de octubre de 2009, donde participó con una excelente ponencia titulada “Las bibliotecas como preservadoras del patrimonio cultural en España y la Unión Europea”.

Aunque había oído comentar su buena gestión al frente de la Biblioteca Nacional, sinceramente no esperaba encontrar una persona con un nivel intelectual y profesional tan extraordinario, valores actualmente muy escasos en “la Cosa Político-pública”. Además, en el transcurso de una cena ofrecida por OMPI con ocasión del Evento intuí que Dña. Milagros es, también, una persona muy sólida en su faceta de “ser humano de a pie”.  Esto creo que ha quedado acreditado por su rechazo a continuar recibiendo un sobresueldo “por traseras” o “por bajo”, que dirían en León y participando en la pantomima de contención del gasto plasmada en este extraño paripé que me aspen si entiendo….

Realmente fue para mí una muy grata sorpresa el encuentro con esa notabilísima mujer y saber que una Institución tan importante como la Biblioteca Nacional de España estaba dirigida por una cabeza tan competente, además de trabajadora infatigable.

Corren duros tiempos para España: escasea el trabajo, los fantasmas de la guerra fraticida se remueven, a río revuelto están ganando los de siempre, el desconcierto es general, vagamos por la Piel de toro como 46 millones de perros sin amo, el País cabecea como barco sin patrón… 

El presente es gris ceniza y el futuro es gris marengo… La mediocridad nos asfixia; la incompetencia nos golpea y nos permitimos el lujo de dinamitar una Institución que funciona y de perder para la vida pública una persona tan valiosa como esta señora…  

Querida Milagros: gracias por intentarlo y muy buena suerte!

Han surgido muchas preguntas alrededor del tratado ACTA. Debido a su secretismo y a que su texto no es todavía definitivo poco se sabe realmente.

El tratado ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), es un acuerdo comercial de índole internacional y plurilateral enfocado a crear un marco legal que legisle a nivel global la piratería de bienes tangibles y digitales, con el objetivo de proteger la economía global, y específicamente la industria del copyright. En un primer momento los países negociadores eran la Comisión Europea (a cargo de la política comercial de los 27 países de la Unión) con Estados Unidos, Japón y Corea del Sur; a éstos, posteriormente, se unieron Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Canadá. Desde el 2008 se han celebrado sesiones a puerta cerrada que han tenido lugar en diferentes países de los que se encuentran en la negociación. Esta circunstancia y el hecho de que las negociaciones y sucesivos borradores del tratado  no estén supervisadas por ninguna organización internacional, ha suscitado críticas y recelo por parte de los sectores involucrados.

La presencia de Estados Unidos y la Unión Europea es notoria y da relevancia internacional a las negociaciones que han tenido lugar desde el principio de forma secreta. El ACTA se está negociando desde 2008 y está dirigido a mejorar los niveles de ejecución de los derechos de propiedad intelectual y restringir el comercio de artículos falsos o ‘pirateados’, como música, películas y medicamentos. En concreto, el documento nació con la intención de perseguir a quienes elaboren o distribuyan programas que desactiven DRM (sistemas anticopia) y obliga a los proveedores de acceso a Internet a controlar el tráfico de sus clientes para evitar el intercambio o distribución de material protegido por copyright.

Los usuarios internautas, los proveedores de servicios de Internet en Europa, investigadores y especialistas de derechos humanos han estado muy pendientes de todo lo que se pudiera filtrar sin que se tuviera del todo la seguridad de que lo filtrado se correspondía con lo negociado. En determinados momentos se han filtrado posibles borradores que alarmaron a los grupos de presión y a los defensores de la libertad digital.

Los textos filtrados desvelaban, entre otros puntos:

  • La presunta intención de implementar el formato de “tres avisos” (Ley Hadopi de Francia y FRA en Suecia), en todo el mundo;
  • La posibilidad de que los titulares de los derechos puedan acceder a la información personal de un usuario, de ser éste sospechoso de descargar contenidos con propiedad intelectual, sin necesidad de resolución judicial.
  • La posibilidad de que sean los proveedores de Internet los responsables de implementar la tecnología necesaria para monitorear el contenido que circula en la red y definir si su uso es legal o ilegal.

El secretismo tan sólo alimentó la inseguridad y el escepticismo. Incluso se llegó a elucubrar que la ley Hadopi de Francia o las leyes discutidas en España e Italia sobre el uso de Internet, eran un primer paso en la aplicación de ACTA, que ya estaría aplicándose en parte de Europa a pesar de no haber sido todavía firmado. Y es que una de las preocupaciones principales era cómo se armonizarían las tan diferentes legislaciones de los diferentes países negociadores y sobre todo, qué camino se tomaría para “legislar Internet” a nivel global. Sin embargo y por eso mismo, debido a su dimensión y dificultad, desde algunas de las instituciones del sector se defendía la necesidad de mantener a puerta cerrada las negociaciones.

A principios de este año, el Parlamento europeo también mostró su preocupación por el secretismo con que se llevaban las negociaciones internacionales del tratado ACTA. Si bien los eurodiputados se manifestaron a favor de la lucha contra la falsificación y el respecto a los derechos de autor, reivindicaron el respeto de los derechos civiles. Por ello, la Comisión Europea publicó, el 21 de abril de 2010, el borrador del Acuerdo Comercial Antifalsificación, actualmente en su octava ronda de negociaciones.

Defienden desde la Comisión que el objetivo general del ACTA es dirigirse a infracciones de derechos de propiedad intelectual a gran escala, que tienen un impacto económico significativo por lo que no limitaría los derechos de los ciudadanos ni perjudicaría a los consumidores. El texto pretende fijar unas normas marco de protección de los derechos de propiedad intelectual, en concreto, cómo los innovadores y creadores pueden defender sus derechos en los tribunales, en las aduanas y en Internet.

Finalmente parece que el “PUBLIC Predecesional/Deliberative Draft” es más garantista con los derechos y libertades de los usuarios de Internet de lo que parecía. Con motivo de su publicación se ha señalado que la intención de este borrador es que los proveedores de Red sean los encargados de, por un lado, retirar contenidos denunciados por los titulares de los derechos de autor, sin perjuicio de que una autoridad judicial o administrativa pueda también solicitarlo. Por otro lado, y también a petición de los titulares de derechos que den “razones válidas” sobre presuntas violaciones de dichos derechos, los proveedores de Red se verían obligados a revelar la identidad de un usuario. Asimismo, entre otros asuntos y como estaba previsto, el borrador prevé penalizar cualquier elusión de los sistemas anticopia, e incluso la fabricación, importación o comercialización de productos o ‘software’ cuya finalidad sea, o pueda ser, saltarse dichos sistemas anticopia.

Bruselas asegura que el texto está “plenamente en consonancia con la actual legislación de la UE, lo que significa que se limita a la observancia de los derechos de propiedad intelectual y no se incluyen disposiciones que modifican el derecho sustantivo de propiedad intelectual”. Insisten que no se crean nuevos derechos y no cambia la duración de los mismos.

A pesar de tener un borrador oficial sigue el escepticismo puesto que lo dispuesto en este Acuerdo, por su dimensión, podría cambiar el mundo de Internet. Voces críticas han señalado que el acuerdo, tal y como está propuesto, se centra sólo en medidas penalizadoras.

Aún así, a estas alturas de negociación se observan múltiples discrepancias entre los diferentes países negociadores. A nivel europeo, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento europeo debe ser consultado de las negociaciones internacionales en las que participe la Unión Europea por lo que el ACTA tendría que pasar este último filtro para ser de aplicación en los Veintisiete.

En un nuevo triunfo judicial, nuestro socio, el Abogado asturiano MARCELINO TAMARGO, ha conseguido la suspensión DE UNA EJECUCIÓN YA DESPACHADA, alegando litispendencia al haber interpuesto una demanda pidiendo la nulidad del contrato del que dimana el impago.

Se adjunta Auto de 12 de abril de 2010 dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Gijón.

Nos parece un hito importantísimo que puede marcar un antes y un después en la batalla judicial de los contratos de permuta financiera.

AUTO PARALIZACION EJECUCION

La Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (aDeSe) representa, desde 1997, a sus asociados en sus relaciones colectivas con la Administración y demás organismos defendiendo sus intereses. Actualmente son 16 las compañías miembros de ADeSe y representan más del 90% de las unidades de videojuegos que se distribuyen en el mercado español. Entre sus principales objetivos está contribuir al desarrollo de la industria del sector y de sus asociados.

Hoy, 23 de marzo de 2010, aDeSe ha presentado el balance económico de 2009. El consumo en la industria del videojuego en 2009 ha ascendido a 1.200 millones de euros, lo que se traduce en un 16% menos que en 2008. Entonces ya comentamos que la industria audiovisual salvaba el año gracias a las cifras conseguidas por los videojuegos. Este año baja en cuatro puntos su porcentaje, (53%) del total de la facturación total del entretenimiento audiovisual e interactivo (cine-DVD-música-videojuegos). Aún así, España mantiene su posición como cuarta potencia europea en consumo sólo por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania.

En la presentación de resultados se ha especificado que de los 1.200 millones de euros que obtuvo el sector en 2009 en España, 638 millones corresponden al software (videojuegos), que cayó un 11%, mientras que 572 millones tienen que ver con la venta de hardware (consolas y accesorios), que sufrió un retroceso del 14,3%. La industria cree que la bajada de precios de las consolas para hacer frente a la crisis ha jugado un papel importante en el descenso de la facturación.

En total, el consumo de videojuegos ha descendido de forma moderada a nivel mundial. Pero la caída no tiene precedentes y si bien tiene algo que ver con la situación económica actual, ésta no es la única razón. Uno de los factores determinantes sigue siendo el índice de descargas ilegales. La piratería, en el sector de los videojuegos empieza a tomar un cariz alarmante (página 7).

Según la asociación estadounidense ESA (Entertainment Software  Association), que analiza las conductas delictivas online en 238 países, durante el mes de enero de 2010 se produjeron 1.354.000 descargas ilegales, un 26% más que la media de descargas mensual del segundo semestre del pasado año. España duplica el número de descargas ilegales de EEUU.

Con todo ello, la asociación de la industria, ha expresado las esperanzas del sector en la nueva legislación propuesta por el Gobierno contra los intercambios no autorizados de archivos protegidos por la propiedad intelectual. Y es que los datos aportados del mercado en España dan muestra del potencial de crecimiento de la industria a pesar de que en términos de consumo, dado el actual contexto económico y demás circunstancias, no se haya producido crecimiento.

Aunque el porcentaje de sentencias que reconocen el derecho de la industria del videojuego en detrimento de las redes de descarga pirata, es cada vez mayor, aDeSe considera que es urgente y prioritario para España incorporar las medidas legales necesarias para desarrollar convenientemente los servicios de la sociedad de la información. Defendiendo que sólo un cambio en la actual legislación podría favorecer que la industria entrara en una etapa de madurez, atrajera talento internacional y pudiera ponerse a la altura de otros países en materia de desarrollo, manifestaron su apoyo a la LES (Ley de Economía Sostenible- disposición primera) pendiente de ser aprobada en el Congreso, tras haber sido aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes.

Para hacer frente a la piratería recogen estas medidas que me parece interesante reproducir literalmente:

Dos frentes de actuación:

“a) Contenidos:

– Aprobación en el Congreso en los próximos meses de las medidas contenidas en la Disposición final de la ley de Economía Sostenible en relación a la propiedad intelectual, que permita la eliminación de la piratería comercial en Internet.

– Impulsar un nuevo modelo de negocio que posibilite el desarrollo de nuevo servicios de la sociedad de la información, fomentando el comercio de contenidos legales en Internet.

– Incorporar medidas de autorregulación como paso previo a la regulación legal, impulsando campañas de sensibilización social.

Modificación de la Circular 1/2006 del Fiscal General del Estado.

b) Dispositivos:

– Desarrollo de un grupo de trabajo con el Consejo General del Poder Judicial intentando que el Supremo decida sobre estas materias para unificación de doctrina, en una sala especial.

– Cursos dirigidos a las Fuerzas de Seguridad y desarrollo de una ponencia específica de videojuegos destinada a jueces, orientada al estudio de los problemas de protección penal específicos de estas obras y muy en particular a los dispositivos de vulneración.”

España ostenta niveles muy deficientes en educación social sobre los derechos y obligaciones del usuario de tecnologías online.  Por ello la sensibilización y la educación en materia de propiedad intelectual ha de ser una de las tareas en las que centrar el esfuerzo para el total de la industria audiovisual. 

Ayer se cumplieron 25 años del primer registro “.com”. Para los que se acuerdan de los comienzos de Internet o de sus propios comienzos en la Red la extensión .com era un “básico” y por defecto. Y es que se ha convertido en un símbolo mundial del mercado tecnológico y económico. Actualmente hay que preguntar “punto qué” y ya estamos familiarizados con nuestro “.es” pero hubo un primer “punto algo” y fue symbolics.com (un fabricante informático hoy desaparecido) el 15 de marzo de 1985. A partir de este dominio Internet dio el primer paso para llegar a ser el medio de comunicación global en el que hoy trabajamos.

Unos meses antes del registro de symbolics.com, se había aprobado el actual Sistema de Nombres de Dominio (DNS), que asocia las palabras, fácilmente reconocibles por las personas, con las direcciones IP que identifican a cualquier equipo conectado a Internet. Con la aprobación del DNS y el registro del primer dominio .com, Internet sentó las principales bases para su expansión entre particulares y empresas, más allá del ámbito académico y militar al que se había restringido hasta ese momento.

Inicialmente, se pensó en crear el dominio “.cor“, ya que iba destinado a las empresas. Al final con la idea de un concepto más genérico, el de acoger a todos los sitios que tuvieran un fin comercial, se creó “.com”. La extensión .com fue una de las primeras que se aprobaron en un primer momento, junto con .net, .org, .gov, .edu, .mil, .int y los dominios territoriales para los distintos países. Aunque inicialmente la abreviatura “com” estaba dirigida a fines comerciales, muchas empresas protegieron sus denominaciones sin todavía tener claro el uso que le podían dar. De hecho, fueron las empresas de informática, telecomunicaciones e industriales los pioneros en registrar su nombre en Internet y lo hicieron con la extensión .com. A pesar de todo, en 1985, sólo se registraron seis dominios con esta extensión y no se alcanzaría el centenar hasta finales de 1987. Hoy, sin embargo, los dominios .com están al alcance de cualquier empresa, institución y particular.

Fue el 10 de marzo del 2000 cuando estalló la llamada burbujapuntocom. Entonces la cotización de los portales de Internet, muchos con más supuestas expectativas que negocio real, se había disparado en la bolsa. La burbuja fue creciendo hasta los 5.048 puntos que alcanzó el Nasdaq por aquellas fechas pero este horizonte de crecimiento se desinfló repentinamente. Los inversores volvieron a exigir a las compañías un modelo de negocio claro y un año después del desastre, el índice de empresas tecnológicas de Wall Street, aún cotizaba por debajo de los 2.000 puntos. La popularidad de este dominio fue tal que provocó la aparición de ciberokupas que registraban nombres muy conocidos que pertenecían a otras personas o compañías y obligó a elaborar normas para su persecución. En el año 2000, por ejemplo, Madonna ganó un pleito para recuperar Madonna.com.

Una curiosidad: la subasta de geodominios, especialmente enfocados al mercado turístico, han alcanzado altos valores en el mercado secundario de dominios de internet. El pasado mes de noviembre, ‘Russia.com’ se vendió por 1,5 millones de dólares conviertiéndose en el segundo geodominio mejor pagado de la historia del sector  por detrás de ‘Korea.com’ (5 millones de dólares). Recientemente ha salido a la venta el dominio «http://www.España.com» (web  Sedo.com), junto a otros 150 dominios, con un precio base, mínimo al que se está dispuesto a vender, de entre 250.000 y 499.000 euros.

Por último, el 13 de marzo entró en vigor una normativa que supone una serie de cambios en la forma en la que hasta ahora se gestionan los dominios .es.

Los cambios más significativos son: ampliación del plazo de alta y renovación a 10 años y la eliminación de cola de solicitudes de alta de dominios.

Con fecha 27 de diciembre de 2009, entró en vigor la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus).

La eliminación del principio de territorialidad en el ejercicio de las profesiones colegiadas es uno de los cambios que ha traído consigo la adaptación a la Ley Ómnibus. Desde su entrada en vigor, la incorporación a un solo colegio profesional -el del domicilio profesional o principal- es suficiente para ejercer en toda España sin necesidad de colegiación, comunicación ni habilitación alguna.

Durante la tramitación de la normativa fueron muchos los procuradores que se opusieron a esta medida. Algunos defendían que el principio de territorialidad definía muy bien la profesión ya que la labor del procurador exige un contacto diario y permanente con los tribunales, algo, según algunos, difícil de garantizar cuando hay distancias. Por otra parte, considerando que la territorialidad ha sido uno de los pilares de esta institución desde hace siglos, su eliminación obliga a realizar un esfuerzo de organización importante y un gasto equivalente. Criticaban y critican, que beneficiará en colegios como el de Madrid donde hay 21 partidos judiciales pero no será fácil entre distintos colegios dentro de todo el territorio español. Aseguraban que esta medida perjudicaría sobre todo a los pequeños profesionales.

Los defensores del papel y del tradicional día a día del procurador, y/o los conocedores de la realidad del colegio pequeño que no conoce los medios telemáticos,  reprochan que no se haya informado adecuadamente de cómo se va a llevar a la práctica la movilidad territorial. Algunos defienden que la territorialidad debería haberse quedado a nivel provincial para evitar problemas de organización en las notificaciones y en general para poder adaptarse a este cambio. Actualmente dentro del sector se están llevando a cabo movimientos asociativos y acuerdos de colaboración entre procuradores para poder abarcar el territorio nacional y además, poder competir con grandes despachos de procuradores.

Esta idea de modernización de la Justicia ha sido una noticia polémica desde que se anunció la transposición en España de la Directiva de Servicios en el sector de las profesiones colegiadas, en concreto, desde la primera redacción del anteproyecto en junio del año pasado. Sin embargo, este cambio organizativo ha sido una noticia interesante para el abogado. Muchas veces había que elegir un procurador al azar “en algún lugar de la Mancha”, o establecer reglas mnemotécnicas para relacionar el procurador y el asunto. Ahora uno de los procuradores de confianza del lugar periférico más cercano puede facilitarte el trabajo: llevándolo él/ella mismo/a o bien recomendándote un colega. Hay quien critica que conllevará prácticas de competencia desleal pero sin embargo creo que la existencia de competencia exigirá un servicio eficiente y de calidad.

Sin duda, es un cambio importante que requiere de cambios estructurales organizativos pero seguro que en unos meses se podrá evidenciar no sólo el beneficio del cliente y del litigante, sino del equipo. Quién sabe, quizá con el tiempo tengamos grandes despacho de procuradores a nivel nacional y quizá el papel deje de ser el protagonista. Entonces sí que hablaríamos de modernización de la Justicia, necesaria. Realmente cuánto por hacer…

Me complace extraordinariamente anunciar que LEGALARTE ha llegado a un acuerdo con ESPACIO LEGAL, Despacho asturiano especializado en derecho fiscal, financiero y bancario, para colaborar en los asuntos cuya competencia venga atribuida a Juzgados de Madrid y alrededores, relacionados con nulidad de contratos SWAP, IRS, Clips y demás productos similares que algunos directores de sucursal de determinadas entidades financieras “vendieron” como “seguros contra la subida de los tipos de interés”  y que están asfixiando a muchos particulares y PYMEs.

El Abogado-director de los procedimientos será el asturiano MARCELINO TAMARGO, sobradamente conocido en los foros y círculos de afectados, por ser el Letrado que ha obtenido ya varias condenas contra entidades financieras, y, entre ellas, la que quizás es la Sentencia más sólida y fundamentada dictada hasta ahora en la que se declara la nulidad de un “Contrato de gestión de riesgos financieros”, en este caso concreto contra Bankinter (se siguen procedimientos contra Banesto, B. Popular, La Caixa, etc., etc.). En este caso concreto nos referimos a la impecable Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Gijón en fecha 21 de enero de 2010, que se adjunta.ST SWAP GIJON

Esperamos que esta nueva colaboración sea beneficiosa para ambas partes y, sobre todo, para los clientes.

Se comenta por ahí (www.elconfidencialdigital.com) que las principales productoras españolas de TV están bajo el punto de mira de la Inspección laboral, debido al supuesto abuso de los contratos por obra, la contratación de autónomos y la subcontratación de mano de obra.

En efecto, parece que las irregulridades vendrían dadas por: 

a) el encadenamiento de contratos por obra;

b) la contratación como autónomos de quienes según la legislación necesariamente deben ser contratados laboralmente; y

c) la subcontratación, que puede encubrir muchas veces una ‘cesión ilegal de trabajadores’ al contratar a personal de terceras empresas como técnicos (especialistas de figuración, eléctricos, mantenimiento…)

Nos permitimos aportar a este listado el de la contratación por “sociedades pantalla”, que más que una cesión ilegal de trabajadores podría ser un problema de índole fiscal (que probablemente sea la segunda parte en este operación inspectora, sobre todo porque es año de incrementar la recaudación por inspecciones de la AEAT).

En cualquier caso, opino que el sector de la TV se tendrá que auto-regular en cuanto a la contratación de personal (técnicos, actores, talento, etc.), aparte de estas inspecciones, ahora que puede tener acceso a las subvenciones del Ministerio de Cultura, ya que el ICAA es bastante expeditivo a la hora de controlar qué gastos se pueden incluir como coste del productor a efectos de subvenciones y cuáles no. Y es este propio control ex Ley y Reglamento de Subvenciones el que ha producido tradicionalmente que la Industria del Cine soporte sin mayores incidentes las habituales inspecciones de Trabajo.

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