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Han surgido muchas preguntas alrededor del tratado ACTA. Debido a su secretismo y a que su texto no es todavía definitivo poco se sabe realmente.

El tratado ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), es un acuerdo comercial de índole internacional y plurilateral enfocado a crear un marco legal que legisle a nivel global la piratería de bienes tangibles y digitales, con el objetivo de proteger la economía global, y específicamente la industria del copyright. En un primer momento los países negociadores eran la Comisión Europea (a cargo de la política comercial de los 27 países de la Unión) con Estados Unidos, Japón y Corea del Sur; a éstos, posteriormente, se unieron Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Canadá. Desde el 2008 se han celebrado sesiones a puerta cerrada que han tenido lugar en diferentes países de los que se encuentran en la negociación. Esta circunstancia y el hecho de que las negociaciones y sucesivos borradores del tratado  no estén supervisadas por ninguna organización internacional, ha suscitado críticas y recelo por parte de los sectores involucrados.

La presencia de Estados Unidos y la Unión Europea es notoria y da relevancia internacional a las negociaciones que han tenido lugar desde el principio de forma secreta. El ACTA se está negociando desde 2008 y está dirigido a mejorar los niveles de ejecución de los derechos de propiedad intelectual y restringir el comercio de artículos falsos o ‘pirateados’, como música, películas y medicamentos. En concreto, el documento nació con la intención de perseguir a quienes elaboren o distribuyan programas que desactiven DRM (sistemas anticopia) y obliga a los proveedores de acceso a Internet a controlar el tráfico de sus clientes para evitar el intercambio o distribución de material protegido por copyright.

Los usuarios internautas, los proveedores de servicios de Internet en Europa, investigadores y especialistas de derechos humanos han estado muy pendientes de todo lo que se pudiera filtrar sin que se tuviera del todo la seguridad de que lo filtrado se correspondía con lo negociado. En determinados momentos se han filtrado posibles borradores que alarmaron a los grupos de presión y a los defensores de la libertad digital.

Los textos filtrados desvelaban, entre otros puntos:

  • La presunta intención de implementar el formato de “tres avisos” (Ley Hadopi de Francia y FRA en Suecia), en todo el mundo;
  • La posibilidad de que los titulares de los derechos puedan acceder a la información personal de un usuario, de ser éste sospechoso de descargar contenidos con propiedad intelectual, sin necesidad de resolución judicial.
  • La posibilidad de que sean los proveedores de Internet los responsables de implementar la tecnología necesaria para monitorear el contenido que circula en la red y definir si su uso es legal o ilegal.

El secretismo tan sólo alimentó la inseguridad y el escepticismo. Incluso se llegó a elucubrar que la ley Hadopi de Francia o las leyes discutidas en España e Italia sobre el uso de Internet, eran un primer paso en la aplicación de ACTA, que ya estaría aplicándose en parte de Europa a pesar de no haber sido todavía firmado. Y es que una de las preocupaciones principales era cómo se armonizarían las tan diferentes legislaciones de los diferentes países negociadores y sobre todo, qué camino se tomaría para “legislar Internet” a nivel global. Sin embargo y por eso mismo, debido a su dimensión y dificultad, desde algunas de las instituciones del sector se defendía la necesidad de mantener a puerta cerrada las negociaciones.

A principios de este año, el Parlamento europeo también mostró su preocupación por el secretismo con que se llevaban las negociaciones internacionales del tratado ACTA. Si bien los eurodiputados se manifestaron a favor de la lucha contra la falsificación y el respecto a los derechos de autor, reivindicaron el respeto de los derechos civiles. Por ello, la Comisión Europea publicó, el 21 de abril de 2010, el borrador del Acuerdo Comercial Antifalsificación, actualmente en su octava ronda de negociaciones.

Defienden desde la Comisión que el objetivo general del ACTA es dirigirse a infracciones de derechos de propiedad intelectual a gran escala, que tienen un impacto económico significativo por lo que no limitaría los derechos de los ciudadanos ni perjudicaría a los consumidores. El texto pretende fijar unas normas marco de protección de los derechos de propiedad intelectual, en concreto, cómo los innovadores y creadores pueden defender sus derechos en los tribunales, en las aduanas y en Internet.

Finalmente parece que el “PUBLIC Predecesional/Deliberative Draft” es más garantista con los derechos y libertades de los usuarios de Internet de lo que parecía. Con motivo de su publicación se ha señalado que la intención de este borrador es que los proveedores de Red sean los encargados de, por un lado, retirar contenidos denunciados por los titulares de los derechos de autor, sin perjuicio de que una autoridad judicial o administrativa pueda también solicitarlo. Por otro lado, y también a petición de los titulares de derechos que den “razones válidas” sobre presuntas violaciones de dichos derechos, los proveedores de Red se verían obligados a revelar la identidad de un usuario. Asimismo, entre otros asuntos y como estaba previsto, el borrador prevé penalizar cualquier elusión de los sistemas anticopia, e incluso la fabricación, importación o comercialización de productos o ‘software’ cuya finalidad sea, o pueda ser, saltarse dichos sistemas anticopia.

Bruselas asegura que el texto está “plenamente en consonancia con la actual legislación de la UE, lo que significa que se limita a la observancia de los derechos de propiedad intelectual y no se incluyen disposiciones que modifican el derecho sustantivo de propiedad intelectual”. Insisten que no se crean nuevos derechos y no cambia la duración de los mismos.

A pesar de tener un borrador oficial sigue el escepticismo puesto que lo dispuesto en este Acuerdo, por su dimensión, podría cambiar el mundo de Internet. Voces críticas han señalado que el acuerdo, tal y como está propuesto, se centra sólo en medidas penalizadoras.

Aún así, a estas alturas de negociación se observan múltiples discrepancias entre los diferentes países negociadores. A nivel europeo, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento europeo debe ser consultado de las negociaciones internacionales en las que participe la Unión Europea por lo que el ACTA tendría que pasar este último filtro para ser de aplicación en los Veintisiete.

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La Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (aDeSe) representa, desde 1997, a sus asociados en sus relaciones colectivas con la Administración y demás organismos defendiendo sus intereses. Actualmente son 16 las compañías miembros de ADeSe y representan más del 90% de las unidades de videojuegos que se distribuyen en el mercado español. Entre sus principales objetivos está contribuir al desarrollo de la industria del sector y de sus asociados.

Hoy, 23 de marzo de 2010, aDeSe ha presentado el balance económico de 2009. El consumo en la industria del videojuego en 2009 ha ascendido a 1.200 millones de euros, lo que se traduce en un 16% menos que en 2008. Entonces ya comentamos que la industria audiovisual salvaba el año gracias a las cifras conseguidas por los videojuegos. Este año baja en cuatro puntos su porcentaje, (53%) del total de la facturación total del entretenimiento audiovisual e interactivo (cine-DVD-música-videojuegos). Aún así, España mantiene su posición como cuarta potencia europea en consumo sólo por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania.

En la presentación de resultados se ha especificado que de los 1.200 millones de euros que obtuvo el sector en 2009 en España, 638 millones corresponden al software (videojuegos), que cayó un 11%, mientras que 572 millones tienen que ver con la venta de hardware (consolas y accesorios), que sufrió un retroceso del 14,3%. La industria cree que la bajada de precios de las consolas para hacer frente a la crisis ha jugado un papel importante en el descenso de la facturación.

En total, el consumo de videojuegos ha descendido de forma moderada a nivel mundial. Pero la caída no tiene precedentes y si bien tiene algo que ver con la situación económica actual, ésta no es la única razón. Uno de los factores determinantes sigue siendo el índice de descargas ilegales. La piratería, en el sector de los videojuegos empieza a tomar un cariz alarmante (página 7).

Según la asociación estadounidense ESA (Entertainment Software  Association), que analiza las conductas delictivas online en 238 países, durante el mes de enero de 2010 se produjeron 1.354.000 descargas ilegales, un 26% más que la media de descargas mensual del segundo semestre del pasado año. España duplica el número de descargas ilegales de EEUU.

Con todo ello, la asociación de la industria, ha expresado las esperanzas del sector en la nueva legislación propuesta por el Gobierno contra los intercambios no autorizados de archivos protegidos por la propiedad intelectual. Y es que los datos aportados del mercado en España dan muestra del potencial de crecimiento de la industria a pesar de que en términos de consumo, dado el actual contexto económico y demás circunstancias, no se haya producido crecimiento.

Aunque el porcentaje de sentencias que reconocen el derecho de la industria del videojuego en detrimento de las redes de descarga pirata, es cada vez mayor, aDeSe considera que es urgente y prioritario para España incorporar las medidas legales necesarias para desarrollar convenientemente los servicios de la sociedad de la información. Defendiendo que sólo un cambio en la actual legislación podría favorecer que la industria entrara en una etapa de madurez, atrajera talento internacional y pudiera ponerse a la altura de otros países en materia de desarrollo, manifestaron su apoyo a la LES (Ley de Economía Sostenible- disposición primera) pendiente de ser aprobada en el Congreso, tras haber sido aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes.

Para hacer frente a la piratería recogen estas medidas que me parece interesante reproducir literalmente:

Dos frentes de actuación:

“a) Contenidos:

– Aprobación en el Congreso en los próximos meses de las medidas contenidas en la Disposición final de la ley de Economía Sostenible en relación a la propiedad intelectual, que permita la eliminación de la piratería comercial en Internet.

– Impulsar un nuevo modelo de negocio que posibilite el desarrollo de nuevo servicios de la sociedad de la información, fomentando el comercio de contenidos legales en Internet.

– Incorporar medidas de autorregulación como paso previo a la regulación legal, impulsando campañas de sensibilización social.

Modificación de la Circular 1/2006 del Fiscal General del Estado.

b) Dispositivos:

– Desarrollo de un grupo de trabajo con el Consejo General del Poder Judicial intentando que el Supremo decida sobre estas materias para unificación de doctrina, en una sala especial.

– Cursos dirigidos a las Fuerzas de Seguridad y desarrollo de una ponencia específica de videojuegos destinada a jueces, orientada al estudio de los problemas de protección penal específicos de estas obras y muy en particular a los dispositivos de vulneración.”

España ostenta niveles muy deficientes en educación social sobre los derechos y obligaciones del usuario de tecnologías online.  Por ello la sensibilización y la educación en materia de propiedad intelectual ha de ser una de las tareas en las que centrar el esfuerzo para el total de la industria audiovisual. 

Ayer se cumplieron 25 años del primer registro “.com”. Para los que se acuerdan de los comienzos de Internet o de sus propios comienzos en la Red la extensión .com era un “básico” y por defecto. Y es que se ha convertido en un símbolo mundial del mercado tecnológico y económico. Actualmente hay que preguntar “punto qué” y ya estamos familiarizados con nuestro “.es” pero hubo un primer “punto algo” y fue symbolics.com (un fabricante informático hoy desaparecido) el 15 de marzo de 1985. A partir de este dominio Internet dio el primer paso para llegar a ser el medio de comunicación global en el que hoy trabajamos.

Unos meses antes del registro de symbolics.com, se había aprobado el actual Sistema de Nombres de Dominio (DNS), que asocia las palabras, fácilmente reconocibles por las personas, con las direcciones IP que identifican a cualquier equipo conectado a Internet. Con la aprobación del DNS y el registro del primer dominio .com, Internet sentó las principales bases para su expansión entre particulares y empresas, más allá del ámbito académico y militar al que se había restringido hasta ese momento.

Inicialmente, se pensó en crear el dominio “.cor“, ya que iba destinado a las empresas. Al final con la idea de un concepto más genérico, el de acoger a todos los sitios que tuvieran un fin comercial, se creó “.com”. La extensión .com fue una de las primeras que se aprobaron en un primer momento, junto con .net, .org, .gov, .edu, .mil, .int y los dominios territoriales para los distintos países. Aunque inicialmente la abreviatura “com” estaba dirigida a fines comerciales, muchas empresas protegieron sus denominaciones sin todavía tener claro el uso que le podían dar. De hecho, fueron las empresas de informática, telecomunicaciones e industriales los pioneros en registrar su nombre en Internet y lo hicieron con la extensión .com. A pesar de todo, en 1985, sólo se registraron seis dominios con esta extensión y no se alcanzaría el centenar hasta finales de 1987. Hoy, sin embargo, los dominios .com están al alcance de cualquier empresa, institución y particular.

Fue el 10 de marzo del 2000 cuando estalló la llamada burbujapuntocom. Entonces la cotización de los portales de Internet, muchos con más supuestas expectativas que negocio real, se había disparado en la bolsa. La burbuja fue creciendo hasta los 5.048 puntos que alcanzó el Nasdaq por aquellas fechas pero este horizonte de crecimiento se desinfló repentinamente. Los inversores volvieron a exigir a las compañías un modelo de negocio claro y un año después del desastre, el índice de empresas tecnológicas de Wall Street, aún cotizaba por debajo de los 2.000 puntos. La popularidad de este dominio fue tal que provocó la aparición de ciberokupas que registraban nombres muy conocidos que pertenecían a otras personas o compañías y obligó a elaborar normas para su persecución. En el año 2000, por ejemplo, Madonna ganó un pleito para recuperar Madonna.com.

Una curiosidad: la subasta de geodominios, especialmente enfocados al mercado turístico, han alcanzado altos valores en el mercado secundario de dominios de internet. El pasado mes de noviembre, ‘Russia.com’ se vendió por 1,5 millones de dólares conviertiéndose en el segundo geodominio mejor pagado de la historia del sector  por detrás de ‘Korea.com’ (5 millones de dólares). Recientemente ha salido a la venta el dominio «http://www.España.com» (web  Sedo.com), junto a otros 150 dominios, con un precio base, mínimo al que se está dispuesto a vender, de entre 250.000 y 499.000 euros.

Por último, el 13 de marzo entró en vigor una normativa que supone una serie de cambios en la forma en la que hasta ahora se gestionan los dominios .es.

Los cambios más significativos son: ampliación del plazo de alta y renovación a 10 años y la eliminación de cola de solicitudes de alta de dominios.

Con fecha 27 de diciembre de 2009, entró en vigor la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus).

La eliminación del principio de territorialidad en el ejercicio de las profesiones colegiadas es uno de los cambios que ha traído consigo la adaptación a la Ley Ómnibus. Desde su entrada en vigor, la incorporación a un solo colegio profesional -el del domicilio profesional o principal- es suficiente para ejercer en toda España sin necesidad de colegiación, comunicación ni habilitación alguna.

Durante la tramitación de la normativa fueron muchos los procuradores que se opusieron a esta medida. Algunos defendían que el principio de territorialidad definía muy bien la profesión ya que la labor del procurador exige un contacto diario y permanente con los tribunales, algo, según algunos, difícil de garantizar cuando hay distancias. Por otra parte, considerando que la territorialidad ha sido uno de los pilares de esta institución desde hace siglos, su eliminación obliga a realizar un esfuerzo de organización importante y un gasto equivalente. Criticaban y critican, que beneficiará en colegios como el de Madrid donde hay 21 partidos judiciales pero no será fácil entre distintos colegios dentro de todo el territorio español. Aseguraban que esta medida perjudicaría sobre todo a los pequeños profesionales.

Los defensores del papel y del tradicional día a día del procurador, y/o los conocedores de la realidad del colegio pequeño que no conoce los medios telemáticos,  reprochan que no se haya informado adecuadamente de cómo se va a llevar a la práctica la movilidad territorial. Algunos defienden que la territorialidad debería haberse quedado a nivel provincial para evitar problemas de organización en las notificaciones y en general para poder adaptarse a este cambio. Actualmente dentro del sector se están llevando a cabo movimientos asociativos y acuerdos de colaboración entre procuradores para poder abarcar el territorio nacional y además, poder competir con grandes despachos de procuradores.

Esta idea de modernización de la Justicia ha sido una noticia polémica desde que se anunció la transposición en España de la Directiva de Servicios en el sector de las profesiones colegiadas, en concreto, desde la primera redacción del anteproyecto en junio del año pasado. Sin embargo, este cambio organizativo ha sido una noticia interesante para el abogado. Muchas veces había que elegir un procurador al azar “en algún lugar de la Mancha”, o establecer reglas mnemotécnicas para relacionar el procurador y el asunto. Ahora uno de los procuradores de confianza del lugar periférico más cercano puede facilitarte el trabajo: llevándolo él/ella mismo/a o bien recomendándote un colega. Hay quien critica que conllevará prácticas de competencia desleal pero sin embargo creo que la existencia de competencia exigirá un servicio eficiente y de calidad.

Sin duda, es un cambio importante que requiere de cambios estructurales organizativos pero seguro que en unos meses se podrá evidenciar no sólo el beneficio del cliente y del litigante, sino del equipo. Quién sabe, quizá con el tiempo tengamos grandes despacho de procuradores a nivel nacional y quizá el papel deje de ser el protagonista. Entonces sí que hablaríamos de modernización de la Justicia, necesaria. Realmente cuánto por hacer…

Plataformas como Youtube y radios como Spotify o Last.Fm son muy populares debido a que usan la técnica del streaming para emitir sus contenidos. Permiten acceder a archivos de vídeo o pistas de audio sin que haya necesidad de bajar los discos y archivos al ordenador. Lo óptimo de esta tecnología, cuyo origen situamos en 1995, es poder reproducir un contenido a partir de un archivo situado en un servidor de Internet sin necesidad de descargarlo antes. El archivo se descarga al ordenador, pero en forma de flujo de datos, y sólo permanece de forma temporal.

La descarga de archivos mediante aplicaciones P2P ha descendido en el último año debido a los servicios para audio y vídeo en streaming y al aumento del ancho de banda en los hogares españoles. Y es que el “descubrimiento” del streaming estaba condicionado a poder acceder a un mayor ancho de banda ya que con conexiones de 3, 6, 10 y 20 Mbps, podemos acceder a un contenido con calidad DVD o superior, en tiempo real.

Poder reproducir los contenidos sin retrasos o tiempos de espera ha sido otro de los hitos en la era Web 2.0. En concreto ha supuesto un antes y un después principalmente para las industria musical y audiovisual, para bien y para mal.

Por primera vez en España la actividad de una página web de contenido audiovisual a través del sistema “streaming” ha sido condenada con una pena de un año de prisión, 12 meses de multa y una indemnización de cerca de 2.000 euros por considerarse un delito contra la Propiedad Intelectual. Se trata de una sentencia de conformidad. El acusado ha llegado a un acuerdo con las denunciantes con el fin de no alargar el juicio, y evitar la posibilidad de una pena mayor.

El origen fue una denuncia a finales del 2006 contra tres páginas web, http://www.simonfilms.tv, http://www.siglox.com y www.maxivideos.tv. Estas páginas ofrecían películas (estrenos y éxitos del mercado) para su visionado a través de streaming. Las páginas, eran propiedad de una S.L. con domicilio en Vigo, y ha sido el Juzgado de lo Penal de Vigo el que ha condenado al gerente y administrador único de esta sociedad.

La gran pregunta: ¿El ánimo de lucro?

Ya comentamos con el asunto del portal www.infopsp.com que el ánimo de lucro excluye del ámbito de la represión penal las conductas en las que no concurre dicho ánimo. En este caso el visionado de los contenidos de estas páginas reportaba a la sociedad un lucro comercial: exigía la suscripción que tenía un precio de un Euro (1€) con una compra mínima de diez películas.

La Circular 1/2006 de la Fiscalía General, que tanto tropieza con la defensa de los intereses de la industria de contenidos, no supuso ningún obstáculo los propósitos de la acusación:

[…] “El elemento del ánimo de lucro debe ser interpretado, no en el sentido amplio de obtención de cualquier tipo de ventaja, utilidad o beneficio, sino en el sentido estricto de “lucro comercial”.

La Circular 1/2006 de la Fiscalía General no contempla como “lucro” los beneficios que se pudieran obtener a título particular con las descargas, siempre y cuando los tales descargas no supongan operaciones “comerciales” posteriores.

En contraposición, la Audiencia Provincial de Valencia, ha vuelto a estimar otro recurso de la acusación particular ejercida por las compañías cinematográficas y de videojuegos en un tema de descargas ilegales a través de Internet. El Auto dictado indica de forma expresa que “no puede descartarse en la instrucción el ánimo de lucro en el encausado pues la exhibición del material tenía la función de enriquecerse con las obras ajenas gracias a la publicidad“. Ha sido contra la web http://www.divxonline.com dedicada al intercambio de contenido audiovisual.

Para confirmarlo, el Auto añade sobre la actividad de la página web que “parece desprenderse que el principal atractivo para la captación de publicidad era la emisión del material protegido por la ley de propiedad intelectual.” Y finaliza así “por todo ello, y ante las implicaciones criminológicas de las nuevas tecnologías, este Tribunal estima que resulta acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva proclamada en el art.24.2 de la C.E., que se prosiga el proceso“.

Está claro que para obtener ingresos por medio de una página web hay que  “colgar” un contenido lo más atractivo posible porque del contenido depende el número de visitas. Si hay un número importante de visitas, los anunciantes se interesarán por la página web y contratarán con el titular espacios publicitarios, u otras modalidades de explotación publicitaria. El problema está cuando NO se utilizan contenidos propios o autorizados.

El spam, mensajes no solicitados, era hasta hace relativamente poco un concepto limitado a las comunicaciones a través de Internet y en concreto, a través de correo electrónico (“mailing”). Estas prácticas comerciales por vía electrónica ya fueron tenidas en cuenta en el Título II de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Al año siguiente, la redacción del Art. 21 de dicha norma, se modificó conforme a la disposición final primera de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones: “Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. […]”.

Con motivo del abaratamiento de las comunicaciones, el spam llegó también a la telefonía. La publicidad telefónica, en un momento próspero, ha generado el spam telefónico y es frecuente recibir llamadas no deseadas a horas insólitas que provocan confusión y/o indignación entre los receptores. No es tanto la publicidad en sí, como las formas, los horarios, o la manera en que se lleva a cabo la campaña lo que convierte la práctica comercial en agresiva. Gracias a las nuevas tecnologías como la tecnología de Voz sobre IP, (VoIP) y a través de un software que ejerce la función de marcador automático y “predictivo”, es posible realizar un plural desorbitado de llamadas en busca de posibles clientes. Estas prácticas pueden modificar el comportamiento económico de los consumidores e inducir a error a los destinatarios en temas como la asistencia post-venta a la vez que suponen acoso en la media en la que no fueron permitidas.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 22 de diciembre la ley que prohíbe el spam telefónico y otras prácticas comerciales agresivas trasladando al ordenamiento jurídico español dos disposiciones del Parlamento Europeo y del Consejo: la Directiva 2005/29/CE relativa a prácticas comerciales desleales, y la 2006/114/CE, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. Esta norma cambia el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad ilícita. A su vez, aumenta la seguridad de los consumidores en tanto en cuanto el spam telefónico, al ser una conducta tipificada de agresiva y desleal, es perseguible. Respecto a esto último busca proporcionar garantía jurídica a las empresas que compiten legítimamente en el mercado.

Publicada en el BOE del 31 de diciembre de 2009, la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, introduce modificaciones en cuatro leyes generales: Modificación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (Artículo primero); Modificación de Ley General de Publicidad (Artículo segundo); Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (Artículo tercero); y la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (Artículo cuatro).

Con esta Ley se establece un régimen jurídico unitario para todos los actos de engaño y para las prácticas agresivas, y se exige el mismo nivel de corrección con independencia de que los destinatarios de las actividades comerciales, sean consumidores o empresarios. Para combatir todo el tipo de prácticas señaladas, el nuevo texto legal prevé la posibilidad, de emprender, entre otras, acciones de cesación del acto o prohibición de reiteración, de rectificación y de resarcimiento de daños por parte de los afectados y las autoridades competentes.

Hasta ahora asociaciones españolas vinculadas al marketing directo aseguraban tener en cuenta la Directiva 2005/29/CE en un código deontológico. Si bien, la nueva legislación da una mayor cobertura y unidad que evita las prácticas comerciales desleales sobre todo de aquéllas compañías de telemarketing que no seguían las recomendaciones europeas. En este sentido y con carácter preventivo, la Ley 29/2009 prevé un nuevo capítulo, el V, a la Ley de Competencia Desleal destinado a regular los códigos de conducta entre las organizaciones empresariales y profesionales que ayuden a controlar las prácticas publicitarias desleales de las empresas y a elevar el nivel de protección de los consumidores. Las organizaciones de consumidores también se tendrán en cuenta en la elaboración de esos códigos que, obviamente, han de respetar la normativa de defensa de la competencia. Por otra parte se les dará una publicidad suficiente para que lleguen debidamente a sus destinatarios. Finalmente y para asegurar el cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos por las empresas adheridas, estos sistemas de autorregulación asignarán órganos independientes de control y establecerán sistemas eficaces de extrajudicial de reclamaciones que cumplan los requisitos establecidos por la normativa comunitaria.

Esta ley sale al paso de las cada vez más numerosas reclamaciones de consumidores ante prácticas comerciales abusivas. En vigor desde el 1 de enero de 2010, las empresas y profesionales disponen de dos meses para tener en funcionamiento los medios necesarios que permitan dejar constancia de la negativa de los consumidores a seguir recibiendo propuestas comerciales de dicho empresario o profesional. En el sector se preveía que sería antes del mes de marzo cuando resulte de aplicación práctica real. Ya estamos en febrero así que vamos a ver si esos dos meses nos aportan un poco de seguridad jurídica a la hora de coger el teléfono. Mientras los cursos de los teleoperadores cambian radicalmente a prácticas menos agresivas, al menos, los destinatarios de la publicidad ya tenemos opción real al NO, GRACIAS.

Una vez que se ha conocido la concreta plasmación sobre la protección de la propiedad intelectual en Internet recogida en la D.A. 1ª del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado el pasado día 8 de enero de 2010 por el Consejo de Ministros, han seguido proliferando las opiniones y glosas variopintas a la regulación adoptada por el Gobierno.

Dado que la brevedad del espacio obliga a la concreción, me limitaré a intentar desvirtuar lo que creo es un enfoque grave en el planteamiento de la cuestión que se repite en casi todas las opiniones que he podido leer.

Se oyen muchas voces en contra de que se otorgue a la propiedad intelectual, un derecho privado y de naturaleza patrimonial, un status de protección reforzada, al modo de la protección dada al orden público, la seguridad pública, defensa nacional, la salud o la infancia, y los derechos fundamentales. Siguiendo con el mismo razonamiento, no se entiende cómo se tutela por un órgano administrativo, cuyo control se somete a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Creo que este es un error de planteamiento grave, ya el interés protegido supera con creces los meros intereses patrimoniales de los titulares de derechos.

Con las cifras de Piratería que se manejan (por poner algún dato, la industria musical ha bajado un 60% su facturación, en informática hay una penetración de un 55% de piratería…), esas Industrias Culturales, que representan algo más del 5% del P.I.B. y que dan trabajo a un 2,5% de la población activa, están claramente desprotegidas, en recesión y en fase de desinversión.

No sé si ingenua o intencionadamente, se nos quiere hacer creer que se intenta proteger a los titulares de derechos, con la vanalización de personalizarlos en “personajes” concretos (“los de la ceja”, por ejemplo), cuando esto dista mucho de la verdad.

Lo cierto es que, cuando alguien organiza una empresa legalmente y otra persona puede sustraer ilegalmente sus contenidos y organizar un negocio paralelo a coste cero o mínimo, se pone en entredicho la seguridad del tráfico económico, y eso es algo inconcebible en un Estado de Derecho.

El bien jurídico protegido, por lo tanto, no son los derechos patrimoniales individuales, sino la misma seguridad del comercio, que no es ni más ni menos que una cuestión de orden público.

En España tenemos una larga tradición de protección legal del comercio, que, bajo el nombre de “paz del mercado”, se extendió desde el Fuero de León de 1017 a los demás Fueros medievales. Los mercados medievales y los caminos que permitían el acceso a los mismos, se colocaron directamente bajo la protección del Rey. Y así ha venido siendo desde entonces hasta hace unos años.

La protección del comercio es una cuestion de ORDEN PÚBLICO, por encima de los intereses particulares, porque se refiere, ni más ni menos, al normal funcionamiento de las instituciones, a la paz social y a la seguridad jurídica.

Citamos, a modo de ejemplo, la definición de orden público dada por el Tribunal Constitucional:

STC de 12 diciembre 1994: En definitiva, tal seguridad se bautizó ya en el pasado siglo con la rúbrica del “orden público”, que era concebido como la situación de normalidad en que se mantiene y vive un Estado, cuando se desarrollan las diversas actividades colectivas sin que se produzcan perturbaciones o conflictos. En definitiva, el normal funcionamiento de las instituciones y el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales según lo definía la Ley homónima 28 julio 1933, durante la Segunda República. Tal era el sustrato, también, de la que con la misma rúbrica y finalidades había promulgado el 23 abril 1870, bajo la Constitución de 1869.

STC de 16 de septiembre de 2002: “El orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y, en las cuales el interés general de la sociedad y del estado supedita el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica (…).”

Desde la aparición de las autopistas de la Información, los caminos por los que circulan las mercancías susceptibles de ser digitalizadas ya no son físicos, y, por lo tanto, se hacen más difíciles de proteger. Del tradicional delito individual y aislado contra la propiedad analógica, se pasa a una defraudación masiva de la propiedad digital, que se generaliza y resulta imposible de perseguir individualmente. Esta masificación transciende el interés particular y se convierte en una cuestión del orden público, incluso supranacional, ya que los titulares últimos son mayoritariamente extranjeros, lo que nos hace responsables ante nuestros socios comunitarios y comerciales. Esto justifica sobradamente la protección del Estado y el recurso a la vía administrativa.

Internet es una nueva revolución industrial. Los contenidos digitales y el comercio electrónico se han posicionado de tal forma que suponen una nueva concepción de consumo, de la comunicación y en definitiva, otra forma de ver el mundo. Su mayor logro es que domina elementos que son los mayores enemigos del resto: espacio y tiempo.

Atendiendo a las fechas y a esta tecnología que nos permite compartir lo que nos gusta, antes de seguir con nuestros temas, os felicitamos el año.

SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Internet ha estado en el último año en boca de todos y seguirá. A finales del año que despedimos se desató la polémica por el intento de regular el control sobre descargas ilegales. Recordamos que al conocerse los detalles del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en diciembre, la alarma social se difundió como la pólvora ayudada por los medios de comunicación e Internet. Respaldados en una ley que nada tenía que ver, en principio, con la salvaguarda de la Propiedad Intelectual si no era por la forzada disposición final primera que sembró el caos, internautas y usuarios se lanzaron a la protesta. Tras un aluvión de comentarios y críticas, nosotros escribimos nuestro post y Zapatero salió al paso precipitadamente asegurando que no se cerrarían páginas sin una orden judicial. (…)

Ahora las medidas para luchar contra la piratería que prevé la Ley de Economía Sostenible se presentarán en el primer Consejo de Ministros del año, el viernes día 8 de enero. El proceso sigue adelante y la controvertida disposición adicional, con algunos cambios técnicos, según se ha indicado, también. (…)

Será la futura Comisión de Propiedad Intelectual la encargada de recibir y tramitar las denuncias de los propietarios de los derechos de autor vulnerados y de presentar la petición de medidas cautelares ante el juez. El procedimiento a seguir combina un proceso administrativo con la asegurada autorización judicial.

PROCESO ADMINISTRATIVO

– La Comisión de Propiedad Intelectual recibe la denuncia de los propietarios de derechos, estudia el caso y comprueba si se están infringiendo derechos de propiedad intelectual.

– Seguidamente notificará a la web la denuncia y los responsables tienen un plazo para presentar alegaciones.

– Si éstas carecen de fundamento o no son suficientes, la Comisión notificará oficialmente a la web que desaloje los archivos de los que está haciendo un uso ilícito y le dará un plazo para ello, dando por finalizado el proceso administrativo. Las páginas web que voluntariamente retiren los contenidos protegidos por derechos de autor que hayan colgado en Internet sin autorización no serán penalizadas con ninguna sanción. Esta es una de las garantías que se quiere otorgar a las web en el procedimiento que prepara el Gobierno para regular las descargas de Internet.

PROCESO JUDICIAL

– Si no hay rectificación, entonces la Comisión podrá solicitar ante el juez medidas cautelares que consistirán en “la interrupción de la prestación de los servicios de alojamiento o almacenamiento de datos” en el caso de páginas nacionales (es decir, el cierre), o el bloqueo a sitios web extranjeros con contenido ilícito que deberán llevar a cabo los operadores nacionales de acceso a Internet. En esta fase judicial del caso, los plazos se reducirán al mínimo.

– El juez no entra en el fondo del asunto (¿?). Sólo decide si la Comisión es pertinente para pedir el cierre de la web en cuestión, y si con ésta no se vulnera algún derecho fundamental, como por ejemplo, el derecho a la información o a la libertad de expresión (si es que procede, entiendo). Desde que la Comisión lleve al juez el caso hasta que éste ordene o deniegue medidas cautelares transcurrirán días, pero, en cualquier caso, menos de un mes. Ambas partes podrán dilucidar luego, en un procedimiento judicial ordinario, el fondo del asunto.

Se pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. En el reglamento se fijarían además los plazos definitivos y la composición y funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual. Teniendo en cuenta que los reglamentos no pasan por el Parlamento hay quien no aprueba que no sea en la propia Ley la que desarrolle y garantice el procedimiento.

Así lo indican los medios de comunicación. Así advertimos que estamos muy pendientes de lo que vaya pasando porque actualmente con tanta información no exacta se nos ocurren muchas preguntas a las que aún no encontramos respuesta. En la página web, el anteproyecto no presenta variación alguna en este sentido. (…)

Apuntar que también este viernes, y con algo de retraso respecto a la fecha prevista, se presentarán las conclusiones realizadas por al Comisión Interministerial creada para luchar contra la piratería. Sus conclusiones son producto de las aportaciones y sugerencias de los diversos sectores afectados, entre ellos la Coalición de Creadores.

Ya que el Gobierno ha aplazado hasta el último Consejo de Ministros la presentación de las conclusiones de la comisión interministerial sobre la lucha contra las descargas no autorizadas y se respira la Navidad en el Despacho. Mientras apenas hay ecos de las opiniones de unos y otros al respecto de las descargas y los derechos de Internet, mientras España vuelve a la “normalidad” y se derrite la nieve, le dedicamos un poco de tiempo a ese “un poco de cine” que anuncia nuestro Blog.

Después de ver, tras esperar ansiosamente, “Avatar“, repetiría eso de “God bless America“. Sin embargo no es del todo acertado porque el director que ideó y perfeccionó esta obra de Arte es el canadiense, James Cameron. Por otra parte el equipo que hizo posible esta maravilla parecía, en los títulos de créditos, universal a la par que infinito. Será entonces un oda a las nuevas tecnologías y como no, al trabajo en equipo.

Los 162 minutos de película son un puro disfrute de tecnología 3D futurista y preciosa que sin duda marca un antes y después en la Historia del Cine. Se ven amortizados los quince años de planificación, un presupuesto de 300 millones de dólares y la extraordinaria estrategia de promoción. A pesar de que este estreno podría haber creado una expectación difícil de satisfacer, el visionario James Cameron puede estar seguro de su victoria. En EEUU la taquilla fue un éxito y se cree (aún pendientes de resultados oficiales) que las taquillas españolas siguieron la tendencia arrolladora. La cinta de ciencia ficción más esperada, y más cara, te somete a un ejercicio de asombro audiovisual que es el espectacular planeta Pandora.

En el año 2154 la raza humana descubre la existencia de un valioso mineral en Pandora, llamado unobtainium, capaz de acabar con la escasez de recursos energéticos en la Tierra. Como no, los humanos se lanzan a su estratégica y eficiente explotación pero con importantes obstáculos ya que el aire de Pandora es tóxico para los humanos, y la raza nativa, los Na´vi, pertenece a su territorio. En esta encrucijada nace un proyecto científico que crea los “avatares”, individuos híbridos conseguidos a partir de una mezcla de ADN humano y Na´vi.

En medio de la belleza visual de la película, la acción llena de detalle, los efectos especiales de última generación… se tratan temas políticos y sociológicos candentes: los efectos del cambio climático, la expoliación de los recursos naturales y el continuo deseo humano de expandir su territorio. Además de esto, hay quien defiende que en algunos momentos en los que la pantalla se llena de terror combativo se intuye una cierta sátira y crítica a la guerra de Irak.

En este hito de la ciencia ficción, se aprecian maravillas de la técnica que se usan como novedad en esta película. La mayor particularidad técnica es que la película se rodó por completo en un estudio, con los actores cubiertos de sensores y cámaras que hicieron posible que la imagen que aparece en la pantalla -creada por ordenador- se corresponda al cien por cien con los movimientos de sus protagonistas. El diseño de las criaturas extraterrestres es excelente y muy estético mientras destierra por completo las interminables horas de maquillaje a las que hasta ahora se venían enfrentando los actores en un rodaje de estas características. Brillante.

El resultado es sencillamente espectacular de principio a fin. Por supuesto y como no podía ser de otra forma el clímax llega al final con una grandiosa y espléndida batalla épica entre el Bien y el Mal (los Na´vi y los humanos, respectivamente) digna de lo que será un clásico del Séptimo Arte. Al margen de las estatuillas, es un ejercicio de excelente trabajo y verdadero talento.

Apunte interesante: Se cree que debido a la singularidad de la técnica y por ser una película tridimensional es menos vulnerable ante la piratería. Esta sí que es una original “lucha” contra la piratería. Y es que se puede piratear la película pero no la experiencia.

Ayer, mientras la Ley de Economía Sostenible “sorprendía” a los bandos interesados y enfrentados en la gestión de contenidos en Internet, descubrí en la calle un anuncio de una de las operadoras de acceso que anuncia sus tarifas e invoca “Tienes derecho a Internet”. No dejó de parecerme muy acertado el invocar al derecho para ganar la atención de aquéllos expectantes con la lucha por el control de las descargas en Internet. Muchas veces, durante el transcurso de una discusión, de repente, “el derecho a _” puede zanjar el asunto sin que haya una razón de peso legítimamente argumentada que justifique tal derecho. Se suele invocar al derecho para reivindicar lo que haga falta y para convertir opiniones en verdades.

Ayer, el Ministerio de Cultura, cuando el pulso entre la industria de contenidos y las ISP (las operadoras de contenidos) estaba ya casi “olvidado”, en virtud de su derecho, dio un paso adelante e introdujo la modificación de dos leyes fundamentales en la disposición final primera de la versátil Ley de Economía Sostenible para la “salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual: La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).

La modificación de las dos leyes citadas sale al paso de la necesaria protección de la propiedad intelectual frente a la piratería en Internet. El artículo 8.1 de la LSSI prevé cuatro motivos que hasta ahora permitían restringir y, en su caso, interrumpir la prestación del servicio. Son la investigación penal y la seguridad nacional; la salud pública; la dignidad de la persona y la protección de la infancia. La modificación más relevante y polémica es la introducción de un nuevo motivo: la “salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual” que también permitirá restringir, y en su caso, interrumpir la prestación del servicio, aunque tal medida siempre será tomada por la autoridad competente.

Al igual que ya pasó en otros países, la discusión se centra en quién tiene el derecho de decidir el restringir o interrumpir los servicios en Internet. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad la directiva del Paquete Telecom que da libertad a los Estados para decidir si la regulación de las descargas se realiza por un procedimiento administrativo o judicial. Francia, en su Ley Hadopi, ya había previsto un organismo administrativo con potestades para perseguir a los internautas que realicen descargas de archivos protegidos. Si en Estrasburgo se retiraba el requisito de la intervención judicial previa… ¿Qué pasaría en España?

En España la encargada de la salvaguarda de los derechos de autor en Internet será una comisión de ámbito nacional integrada por expertos independientes que dependerá funcionalmente del Ministerio de Cultura. Tendrá entre tres y cinco miembros, que serán elegidos con la participación de otros departamentos como el Ministerio de Industria. Se llamará Comisión de Propiedad Intelectual y tendrá unos poderes hasta ahora inéditos para un órgano administrativo, puesto que tendrá potestad de bloquear las páginas web que alojen o faciliten sin permiso enlaces de archivos sujetos a derechos como películas, canciones y videojuegos. Perseguirá las páginas web tanto de descargas directas como de programas p2p de intercambio de archivos pero no perseguirá a los internautas particulares que realicen esas descargas. La tutela judicial del proceso, queda al menos en entredicho, en el caso del bloqueo de las web, que será decidido en primera instancia por la citada comisión. Aunque la intervención de un juez puede ser necesaria en ocasiones, será la Comisión quien valore esa opción.

Para detectar las web que vulneren la ley, podrá solicitar a las compañías de acceso a Internet (Telefónica, Jazztel, Vodafone, Orange y operadores de cable) los datos que considere oportunos para su identificación y estas operadoras estarán obligadas a ofrecérselos. Para ello el anteproyecto introduce un nuevo apartado en el mismo artículo de la LSSI en el que se otorga a los “órganos competentes” la capacidad para requerir a los operadores los datos -y la obligación de éstos a facilitarlos- que permitan la identificación de quien esté realizando la conducta vulneradora. Con esta modificación legislativa se pretende centrar la persecución de las web de enlaces.

Con la información, se comprueba el uso ilícito de contenidos sujetos a derechos y remitirán varios avisos para que cesen en su conducta. En caso de no hacerlo, podrán solicitar el bloqueo de la web o la retirada de contenidos de la misma. Los responsables de las páginas denunciadas tendrán derecho a ser oídos y a la presunción de inocencia, informaron en fuentes de la Comisión Interministerial.

El corte de la conexión se ha erigido como el mayor punto de fricción entre internautas y creadores. Así es que la reacción de los profesionales de la red no se hizo esperar. Periodistas, blogueros, responsables de páginas web, profesionales y creadores de Internet ya suscribieron un manifiesto En defensa de los derechos fundamentales en Internet que se se ha colgado desde las nueve de esta mañana en blogs especializados en tecnología, asociaciones y comunidades de internautas, webs de diarios y otros medios de comunicación. Rechazan la nueva legislación prevista en la Ley de Economía Sostenible, y la creación de la comisión administrativa dependiente del Ministerio de Cultura a la que ya denominan “policía cultural”.

Otro manifiesto, La música es cultura, la música es empleo”, firmado por 2.500 profesionales del sector de la música y músicos de todos los estilos pide al Gobierno “responsabilidad” y “seguridad jurídica” para un sector que es industria. Ayer, tras una reunión con el ministro de Industria, Turismo y Comercio, representantes del sector se manifestaron con la lectura de dicho manifiesto y guardando un minuto de silencio por la “defunción” de la música. Exigen al Gobierno que les tenga en cuenta y reclaman medidas “concretas y urgentes”.

Hace una semana, Viviane Reding, la comisaria de la Sociedad de la Información, declaraba que España tendría problemas con su legislación antidescargas. Estaba claro que ante intereses enfrentados la situación era difícil pero información es poder con lo que puede ser que la comisaria tuviera ya poder. Aún así, cada decisión en este sentido afecta al complejo del sector del entretenimiento; a todos sus profesionales y usuarios; y cualquier medida afectará colateralmente a varios factores.

Se invocan multitud de derechos: los derechos de propiedad intelectual, la libertad de expresión, el derecho de acceso a la cultura, derecho a la presunción de inocencia, derecho a la privacidad, a la seguridad, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión… La discusión sigue y más encendida que nunca. “El respeto al derecho ajeno es la paz” decía Benito Juárez pero ¿Dónde está el límite entre unos y otros? ¿Responderá el Gobierno a las presiones de los diferentes grupos? ¿Responderá adecuadamente? ¿Qué priorizará? ¿Y cómo quedará el anteproyecto?

Esta mañana se celebró en las instalaciones de ESADE la Jornada “Parasites Businesspromovida por La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, y con la colaboración de la CoPeerRight Agency, compañía de actividad internacional en el seguimiento de los derechos propiedad del autor.

La jornada comenzó con la proyección de un vídeo didáctico sobre cómo funciona el negocio de las web piratas y de dónde obtienen los ingresos. El vídeo, conciso y muy claro, exponía la realidad del funcionamiento de las diferentes web piratas desvelando la otra cara de la moneda de estos sitios: daba luz sobre el entramado operacional de su actividad y del beneficio que ésta genera a unos nuevos agentes que son quienes se benefician de la industria de contenidos.

Seguidamente, Romina González directora de la CopeerRight Agency, expuso el “Informe Parasites Business: Estudio del verdadero negocio de los parásitos en Internet”. Explicó detalladamente cómo al amparo de los vacíos legales existentes en España, las web pirata han desarrollado un modelo de negocio que genera unos considerables ingresos en detrimento de la industria cultural. Si bien algunas aportaciones podrían ser objeto de debate, no cabe duda de que existen unas páginas web que gestionan contenidos creativos ajenos en beneficio propio.

De esta forma explicó cómo las tecnologías p2p, el streaming y la descarga directa se han posicionado generando un tráfico ilegal de obras protegidas no antes conocido en España. Observadora de la evolución de la piratería en España, defendió su preocupante crecimiento y explicó la sostenibilidad de este discreto e ilegal, aunque público y aceptado, modelo de negocios: mediante impresiones de publicidad gestionada por agencias especializadas (veocine.com), mailing mediante el necesario registro que permite la descarga (descarga.com) o bien la suscripción que mejora la calidad del visionado en streaming (Megaupload con su servicio premium). Sirviendo estos sitios de modelo, expuso el funcionamiento de la cadena que sirve a esta industria parasitaria de la industria cultural.

Aldo Olcese, Presidente de la Coalición, manifestó su optimismo y confianza en la medida del Gobierno al acordar la creación de una nueva Comisión Interministerial para abordar las medidas necesarias contra la piratería (post anterior). A pesar de los anteriores y fallidos intentos, Olcese cree que esta vez el Gobierno ha reconocido su compromiso de lucha contra la vulneración de la Propiedad Intelectual en Internet. Ante esta iniciativa desvelaron la estrategia de la Coalición y su primera contribución a la Comisión: poner a disposición de las autoridades, y en concreto del Ministerio de Industria, una lista de 200 páginas web piratas que obtiene beneficios con el tráfico de obras ajenas y protegidas.


Estas páginas web han sido elegidas para este estudio llevado a cabo por la Coalición en colaboración con la Agencia CoPeerRight por su visibilidad en el mercado local, por su destacable popularidad y actividad y por ser “creadoras” de archivos susceptibles de descarga de contenidos protegidos según calendario local. La idea es que al amparo de la única regulación que puede surgir algún efecto, la LSSI, se les pueda abrir expediente que se remita a Fiscalía para que tome las medidas adecuadas.

Insistiendo enérgicamente en que, al margen de otras publicidades con diferentes intereses, la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos no actúa contra los usuario sino contra aquéllos beneficiados por esta industria encubierta, sostuvieron que la estrategia era la medida óptima para ser un remedio legal y democrático para ayudar a la difícil situación de la industria de contenidos.

Se aprueba en el Consejo de Ministros la creación de la Comisión Interministerial para impulsar la lucha contra la vulneración de la Propiedad Intelectual en Internet

El viernes 9 de octubre y un año más tarde de que se hubiera anunciado, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se crea la Comisión Interministerial de Trabajo para el asesoramiento en la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet. Dicha comisión estará formada, en principio, por representantes de los Ministerios de Justicia, Industria, Interior y Cultura.

Las negociaciones entre las telecos y la industria de contenidos para buscar una postura común en la lucha contra la descarga de contenidos protegidos no prosperaban y se pedía desde antes del verano que el Gobierno mediase o participase para avanzar con las propuestas. Se le había pedido al Ejecutivo y en especial al Ministerio de Industria. A pesar de que en con esta misma misión ya se creó la Comisión Intersectorial contra la Piratería, dependiente del Ministerio de Cultura, ésta se ha centrado en realizar campañas de sensibilización entre los usuarios.

La nueva comisión se centrará en diseñar un marco legal y mejorar la acción judicial en vía civil y penal como principal medio para la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en el intercambio de archivos en Internet.

Los Ministerios que componen la Comisión elevarán conjuntamente al Consejo de Ministros las propuestas que correspondan, de acuerdo con las primeras conclusiones de la Comisión, antes del día 31 de diciembre de 2009.

Ayer tuve el placer de encontrarme con un buen amigo, gran jurista y escritor de éxito, durante la presentación de su último libro “Lo que hacen tus hijos en Internet” (RBA, 2009). El libro tiene el gran mérito de condensar los ingentes conocimientos en la materia de su autor, Leonardo Cervera, en un relato ameno, bastante interactivo (dentro de la interactividad limitada que proporciona un libro, claro) y de muy fácil lectura y comprensión incluso para internautas néofitos.

lo que hacen tus hijos

Leonardo Cervera además de tener un gran talento es un excelente ser humano, por lo que contó con una mesa de muchísimo nivel para la presentación del libro. De todas las aportaciones me voy a quedar con la intervención de Ícaro Moyano, de Tuenti, porque me resultó bastante tranquilizadora (Ícaro suele traer aportaciones muy innovadoras) , en cuanto destacó que más del 90% de sus usuarios se registran con sus nombres y apellidos auténticos, lo que en realidad crea un entorno de protección importante, y en un momento de necesidad, permitiría seguir el rastro de las actividades de un usuario, sus contactos, conversaciones y demás, es decir, proporciona una trazabilidad de lo que hacen los usuarios que no aporta el mundo real. Lejos ya quedan los tiempos iniciales de las relaciones entebladas a través del IRC en los que reinaba el absoluto anonimato, y cada cual se creaba el avatar que mejor le parecía, que no solía corresponder casi nunca con la realidad…. qué tiempos y cuántos sofocos nos hemos llevado al conocer a las personas en la vida real…afortunadamente esto, que sí era un poco peligroso, ha cambiado.

En cualquier caso, sigue siendo necesario un control sobre los hijos en cuanto al uso de Internet y por tanto recomiendo encarecidamente la lectura del libro a los padres, porque aporta muchas claves para abordar la relación de manera adecuada.

Yo no debería dar consejos en este terreno, porque no tengo práctica, pero me voy a permitir uno muy elemental, derivado de la pura observación: tus hijos no tienen derecho divino a tener su propio ordenador, ni mucho menos a un móvil con Internet porque no lo necesitan. Se evitan muchos problemas teniendo sólo uno/dos ordenadore/s compartido/s para toda la familia, e instalados con su cable de red en un lugar de la casa de uso compartido.

Francia se adelanta en su lucha contra el tráfico libre de contenidos protegidos en Internet. El gobierno de Sarkozy lleva varios meses preparando, modificando y adaptando la ley contra la piratería en Internet. El texto definitivo ha sido aprobado ayer en el Parlamento tras ser ratificado con 258 votos a favor frente a 131 en contra. La ley antidescargas es polémica y política y por eso ha tenido que superar una gincana hasta ser aprobada. Se prevé que entre en vigor a principios del próximo año aunque los socialistas ya han señalado que pretenden recurrirla ante el Tribunal Constitucional.


El ya conocido como “modelo francés” se basa en el sistema de los avisos. Hadopi, Alta Autoridad administrativa para la Difusión de las Obras y la Protección de Derechos en Internet y responsable de la aplicación de la ley (a la que da su nombre), enviará dos avisos (primer aviso por correo electrónico; segundo por carta certificada) a quienes se descarguen archivos de forma ilegal (no importa cuáles o de qué modo). Si no se acaban dichas descargas las dos advertencias escritas se presentan ante un juez, y éste podría ordenar la desconexión de Internet. La desconexión será tramitada por el operador en 15 días multando al usuario.


Fue el Tribunal Constitucional francés quien estableció, hace unos meses, que las desconexiones sólo podrán realizarse por una ordenanza judicial y no por cualquier organismo que tenga esa capacidad, siendo sólo la emisión de advertencias la única acción posible que se pueda realizar por ellos (Hadopi). Así lo contempla el texto aprobado y conocido como Hadopi 2. Desde la primera redacción se han ido adaptando los cambios más necesarios pero mantiene el planteamiento basal y la posibilidad de cortar la conexión hasta un año. Durante el tiempo de suspensión, el internauta deberá seguir pagando su cuota y no podrá contratar un acceso a Internet con otro operador (su nombre será añadido a una lista negra que prevendría que se suscribiese a un ISP diferente), un acto por el que puede ser castigado con una multa de hasta 3.750 euros.


Aún así mientras ya preparan el proyecto y el organismo, desde el Ministerio de Cultura quieren suavizar la acogida de la Ley Hadopi insistiendo en que esperan que que el poder disuasorio de las advertencias sea suficiente para que no sean necesarias las sanciones consecutivas.



Esta propuesta ha levantado un gran interés mundial y la opinión pública se encuentra dividida a
quí y allá. Nueva Zelanda no tuvo éxito con una medida semejante. En Suecia el tráfico web cayó considerablemente tras entrar en vigor su ley contra el intercambio de archivos no autorizado en la web. En Inglaterra, tras el reciente proyecto de una ley antipiratería con la misma finalidad de acabar con el tráfico de contenidos protegidos a través de la medida de la desconexión, nació el debate con la misma conclusión: confrontación.


El interés por estos temas trasciende las fronteras. Materia interesante de Derecho comparado: estaremos pendientes.

 

La crisis económica afecta inevitablemente al Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián. Aún así, el pasado viernes arrancó la 57ª edición y España será noticia en el sector hasta el próximo sábado. Este Festival, organizado por la Sociedad Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, junto con el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, cuenta con importantes patrocinadores cuyo compromiso, al margen de las circunstancias, lo hacen posible. Así este encuentro se viene celebrando anualmente y sin interrupción desde 1953. Suele ser cita de aquéllos que estrenan grandes títulos y es portal de la actualidad y tendencias de la industria nacional e internacional.


Es interesante destacar que este año se ha celebrado, con carácter previo, un nuevo encuentro sobre las nuevas oportunidades de negocio que permite la era digital: el Foro Digital Audiovisual. Este escenario (Essential legal framework of the European co-production: Legal and Financial Aspects“) se ha dirigido a todos los profesionales del cine y de la televisión para brindar por el futuro de la industria cinematográfica. Entre los temas que se trataron en el mismo cabe citar un análisis del marco legal para la distribución, información sobre el copyright digital y su regulación, licensing, la rentabilidad económica de los contenidos digitales y el análisis de los medios sociales como plataformas de distribución.

Festival S.Sebastian 09

La 57ª convocatoria se ha abierto con la proyección de “Chloe“, del canadiense Atom Egoyany protagonizada por Liam Neeson, Julianne Moore y Amanda Seyfried. La importante reducción en el presupuesto del certamen no ha impedido que para su inauguración se haya contado con dos “grandes” que despertaron a las masas: el realizador Quentin Tarantino y el actor Brad Pitt promocionando “Malditos Bastardos“. Como se podía prever el comienzo del Festival fue potente. El primer día de venta de localidades se vendieron un total de 46.455 entradas. El Festival ha comenzado con más de 65.000 entradas vendidas. “Malditos bastardos“, “Si la cosa funciona” y “Precious” fueron las tres primeras películas en agotar todas las localidades.


En esta edición se proyectarán 202 películas, de las que 17 corresponden a la Sección Oficial, 14 a Zabaltegi-Nuevos Directores, 15 a Zabaltegi-Perlas y 13 a Horizontes Latinos. Además, la diversidad del cine español del año se revela en las 15 películas de Made in Spain, y el cine vasco tendrá mayor presencia a lo largo del Festival con una nueva sección: Zinemira-Panorama de Cine Vasco, que ofrecerá nueve películas, incluyendo seis estrenos. En cuanto a los estrenos, se ofrecerán 27 estrenos mundiales, 5 estrenos internacionales y 12 estrenos europeos. El cine español participará con tres películas a competición en la Sección Oficial: “Los condenados” de Isaki Lacuesta, “La mujer sin piano“, de Javier Rebollo, y “Yo” también de Álvaro Pastor y Antonio Naharro.


Participar en un Festival supone un reconocimiento no sólo por parte del comité de selección sino también por parte del mercado ya que se traducirá en taquilla. Es parte amortizada del coste en marketing ya que el cartel de un festival es una buena publicidad. El Festival de San Sebastián está considerado como uno de los cuatro festivales de cine más importantes del mundo junto a Cannes, Berlín y Venecia. En este caso el comité de selección ha visionado un total de 1.819 películas para escoger las títulos que se presentan en las diferentes secciones (el año pasado fueron 1.696). Es un indiscutible escaparate para la industria cinematográfica nacional e internacional y por eso lo tenemos en cuenta. Otro director que nos gusta, Rodrigo García, clausurará la convocatoria con la película estadounidense “Mother and Child” protagonizada por Naomi Watts, Annette Bening y Samuel L. Jackson. Grandes nombre para un gran festival.

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