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Con fecha 27 de diciembre de 2009, entró en vigor la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus).

La eliminación del principio de territorialidad en el ejercicio de las profesiones colegiadas es uno de los cambios que ha traído consigo la adaptación a la Ley Ómnibus. Desde su entrada en vigor, la incorporación a un solo colegio profesional -el del domicilio profesional o principal- es suficiente para ejercer en toda España sin necesidad de colegiación, comunicación ni habilitación alguna.

Durante la tramitación de la normativa fueron muchos los procuradores que se opusieron a esta medida. Algunos defendían que el principio de territorialidad definía muy bien la profesión ya que la labor del procurador exige un contacto diario y permanente con los tribunales, algo, según algunos, difícil de garantizar cuando hay distancias. Por otra parte, considerando que la territorialidad ha sido uno de los pilares de esta institución desde hace siglos, su eliminación obliga a realizar un esfuerzo de organización importante y un gasto equivalente. Criticaban y critican, que beneficiará en colegios como el de Madrid donde hay 21 partidos judiciales pero no será fácil entre distintos colegios dentro de todo el territorio español. Aseguraban que esta medida perjudicaría sobre todo a los pequeños profesionales.

Los defensores del papel y del tradicional día a día del procurador, y/o los conocedores de la realidad del colegio pequeño que no conoce los medios telemáticos,  reprochan que no se haya informado adecuadamente de cómo se va a llevar a la práctica la movilidad territorial. Algunos defienden que la territorialidad debería haberse quedado a nivel provincial para evitar problemas de organización en las notificaciones y en general para poder adaptarse a este cambio. Actualmente dentro del sector se están llevando a cabo movimientos asociativos y acuerdos de colaboración entre procuradores para poder abarcar el territorio nacional y además, poder competir con grandes despachos de procuradores.

Esta idea de modernización de la Justicia ha sido una noticia polémica desde que se anunció la transposición en España de la Directiva de Servicios en el sector de las profesiones colegiadas, en concreto, desde la primera redacción del anteproyecto en junio del año pasado. Sin embargo, este cambio organizativo ha sido una noticia interesante para el abogado. Muchas veces había que elegir un procurador al azar “en algún lugar de la Mancha”, o establecer reglas mnemotécnicas para relacionar el procurador y el asunto. Ahora uno de los procuradores de confianza del lugar periférico más cercano puede facilitarte el trabajo: llevándolo él/ella mismo/a o bien recomendándote un colega. Hay quien critica que conllevará prácticas de competencia desleal pero sin embargo creo que la existencia de competencia exigirá un servicio eficiente y de calidad.

Sin duda, es un cambio importante que requiere de cambios estructurales organizativos pero seguro que en unos meses se podrá evidenciar no sólo el beneficio del cliente y del litigante, sino del equipo. Quién sabe, quizá con el tiempo tengamos grandes despacho de procuradores a nivel nacional y quizá el papel deje de ser el protagonista. Entonces sí que hablaríamos de modernización de la Justicia, necesaria. Realmente cuánto por hacer…

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Una vez que se ha conocido la concreta plasmación sobre la protección de la propiedad intelectual en Internet recogida en la D.A. 1ª del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado el pasado día 8 de enero de 2010 por el Consejo de Ministros, han seguido proliferando las opiniones y glosas variopintas a la regulación adoptada por el Gobierno.

Dado que la brevedad del espacio obliga a la concreción, me limitaré a intentar desvirtuar lo que creo es un enfoque grave en el planteamiento de la cuestión que se repite en casi todas las opiniones que he podido leer.

Se oyen muchas voces en contra de que se otorgue a la propiedad intelectual, un derecho privado y de naturaleza patrimonial, un status de protección reforzada, al modo de la protección dada al orden público, la seguridad pública, defensa nacional, la salud o la infancia, y los derechos fundamentales. Siguiendo con el mismo razonamiento, no se entiende cómo se tutela por un órgano administrativo, cuyo control se somete a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Creo que este es un error de planteamiento grave, ya el interés protegido supera con creces los meros intereses patrimoniales de los titulares de derechos.

Con las cifras de Piratería que se manejan (por poner algún dato, la industria musical ha bajado un 60% su facturación, en informática hay una penetración de un 55% de piratería…), esas Industrias Culturales, que representan algo más del 5% del P.I.B. y que dan trabajo a un 2,5% de la población activa, están claramente desprotegidas, en recesión y en fase de desinversión.

No sé si ingenua o intencionadamente, se nos quiere hacer creer que se intenta proteger a los titulares de derechos, con la vanalización de personalizarlos en “personajes” concretos (“los de la ceja”, por ejemplo), cuando esto dista mucho de la verdad.

Lo cierto es que, cuando alguien organiza una empresa legalmente y otra persona puede sustraer ilegalmente sus contenidos y organizar un negocio paralelo a coste cero o mínimo, se pone en entredicho la seguridad del tráfico económico, y eso es algo inconcebible en un Estado de Derecho.

El bien jurídico protegido, por lo tanto, no son los derechos patrimoniales individuales, sino la misma seguridad del comercio, que no es ni más ni menos que una cuestión de orden público.

En España tenemos una larga tradición de protección legal del comercio, que, bajo el nombre de “paz del mercado”, se extendió desde el Fuero de León de 1017 a los demás Fueros medievales. Los mercados medievales y los caminos que permitían el acceso a los mismos, se colocaron directamente bajo la protección del Rey. Y así ha venido siendo desde entonces hasta hace unos años.

La protección del comercio es una cuestion de ORDEN PÚBLICO, por encima de los intereses particulares, porque se refiere, ni más ni menos, al normal funcionamiento de las instituciones, a la paz social y a la seguridad jurídica.

Citamos, a modo de ejemplo, la definición de orden público dada por el Tribunal Constitucional:

STC de 12 diciembre 1994: En definitiva, tal seguridad se bautizó ya en el pasado siglo con la rúbrica del “orden público”, que era concebido como la situación de normalidad en que se mantiene y vive un Estado, cuando se desarrollan las diversas actividades colectivas sin que se produzcan perturbaciones o conflictos. En definitiva, el normal funcionamiento de las instituciones y el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales según lo definía la Ley homónima 28 julio 1933, durante la Segunda República. Tal era el sustrato, también, de la que con la misma rúbrica y finalidades había promulgado el 23 abril 1870, bajo la Constitución de 1869.

STC de 16 de septiembre de 2002: “El orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y, en las cuales el interés general de la sociedad y del estado supedita el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica (…).”

Desde la aparición de las autopistas de la Información, los caminos por los que circulan las mercancías susceptibles de ser digitalizadas ya no son físicos, y, por lo tanto, se hacen más difíciles de proteger. Del tradicional delito individual y aislado contra la propiedad analógica, se pasa a una defraudación masiva de la propiedad digital, que se generaliza y resulta imposible de perseguir individualmente. Esta masificación transciende el interés particular y se convierte en una cuestión del orden público, incluso supranacional, ya que los titulares últimos son mayoritariamente extranjeros, lo que nos hace responsables ante nuestros socios comunitarios y comerciales. Esto justifica sobradamente la protección del Estado y el recurso a la vía administrativa.

Internet es una nueva revolución industrial. Los contenidos digitales y el comercio electrónico se han posicionado de tal forma que suponen una nueva concepción de consumo, de la comunicación y en definitiva, otra forma de ver el mundo. Su mayor logro es que domina elementos que son los mayores enemigos del resto: espacio y tiempo.

Atendiendo a las fechas y a esta tecnología que nos permite compartir lo que nos gusta, antes de seguir con nuestros temas, os felicitamos el año.

SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Internet ha estado en el último año en boca de todos y seguirá. A finales del año que despedimos se desató la polémica por el intento de regular el control sobre descargas ilegales. Recordamos que al conocerse los detalles del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en diciembre, la alarma social se difundió como la pólvora ayudada por los medios de comunicación e Internet. Respaldados en una ley que nada tenía que ver, en principio, con la salvaguarda de la Propiedad Intelectual si no era por la forzada disposición final primera que sembró el caos, internautas y usuarios se lanzaron a la protesta. Tras un aluvión de comentarios y críticas, nosotros escribimos nuestro post y Zapatero salió al paso precipitadamente asegurando que no se cerrarían páginas sin una orden judicial. (…)

Ahora las medidas para luchar contra la piratería que prevé la Ley de Economía Sostenible se presentarán en el primer Consejo de Ministros del año, el viernes día 8 de enero. El proceso sigue adelante y la controvertida disposición adicional, con algunos cambios técnicos, según se ha indicado, también. (…)

Será la futura Comisión de Propiedad Intelectual la encargada de recibir y tramitar las denuncias de los propietarios de los derechos de autor vulnerados y de presentar la petición de medidas cautelares ante el juez. El procedimiento a seguir combina un proceso administrativo con la asegurada autorización judicial.

PROCESO ADMINISTRATIVO

– La Comisión de Propiedad Intelectual recibe la denuncia de los propietarios de derechos, estudia el caso y comprueba si se están infringiendo derechos de propiedad intelectual.

– Seguidamente notificará a la web la denuncia y los responsables tienen un plazo para presentar alegaciones.

– Si éstas carecen de fundamento o no son suficientes, la Comisión notificará oficialmente a la web que desaloje los archivos de los que está haciendo un uso ilícito y le dará un plazo para ello, dando por finalizado el proceso administrativo. Las páginas web que voluntariamente retiren los contenidos protegidos por derechos de autor que hayan colgado en Internet sin autorización no serán penalizadas con ninguna sanción. Esta es una de las garantías que se quiere otorgar a las web en el procedimiento que prepara el Gobierno para regular las descargas de Internet.

PROCESO JUDICIAL

– Si no hay rectificación, entonces la Comisión podrá solicitar ante el juez medidas cautelares que consistirán en “la interrupción de la prestación de los servicios de alojamiento o almacenamiento de datos” en el caso de páginas nacionales (es decir, el cierre), o el bloqueo a sitios web extranjeros con contenido ilícito que deberán llevar a cabo los operadores nacionales de acceso a Internet. En esta fase judicial del caso, los plazos se reducirán al mínimo.

– El juez no entra en el fondo del asunto (¿?). Sólo decide si la Comisión es pertinente para pedir el cierre de la web en cuestión, y si con ésta no se vulnera algún derecho fundamental, como por ejemplo, el derecho a la información o a la libertad de expresión (si es que procede, entiendo). Desde que la Comisión lleve al juez el caso hasta que éste ordene o deniegue medidas cautelares transcurrirán días, pero, en cualquier caso, menos de un mes. Ambas partes podrán dilucidar luego, en un procedimiento judicial ordinario, el fondo del asunto.

Se pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. En el reglamento se fijarían además los plazos definitivos y la composición y funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual. Teniendo en cuenta que los reglamentos no pasan por el Parlamento hay quien no aprueba que no sea en la propia Ley la que desarrolle y garantice el procedimiento.

Así lo indican los medios de comunicación. Así advertimos que estamos muy pendientes de lo que vaya pasando porque actualmente con tanta información no exacta se nos ocurren muchas preguntas a las que aún no encontramos respuesta. En la página web, el anteproyecto no presenta variación alguna en este sentido. (…)

Apuntar que también este viernes, y con algo de retraso respecto a la fecha prevista, se presentarán las conclusiones realizadas por al Comisión Interministerial creada para luchar contra la piratería. Sus conclusiones son producto de las aportaciones y sugerencias de los diversos sectores afectados, entre ellos la Coalición de Creadores.

Se aprueba en el Consejo de Ministros la creación de la Comisión Interministerial para impulsar la lucha contra la vulneración de la Propiedad Intelectual en Internet

El viernes 9 de octubre y un año más tarde de que se hubiera anunciado, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se crea la Comisión Interministerial de Trabajo para el asesoramiento en la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet. Dicha comisión estará formada, en principio, por representantes de los Ministerios de Justicia, Industria, Interior y Cultura.

Las negociaciones entre las telecos y la industria de contenidos para buscar una postura común en la lucha contra la descarga de contenidos protegidos no prosperaban y se pedía desde antes del verano que el Gobierno mediase o participase para avanzar con las propuestas. Se le había pedido al Ejecutivo y en especial al Ministerio de Industria. A pesar de que en con esta misma misión ya se creó la Comisión Intersectorial contra la Piratería, dependiente del Ministerio de Cultura, ésta se ha centrado en realizar campañas de sensibilización entre los usuarios.

La nueva comisión se centrará en diseñar un marco legal y mejorar la acción judicial en vía civil y penal como principal medio para la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en el intercambio de archivos en Internet.

Los Ministerios que componen la Comisión elevarán conjuntamente al Consejo de Ministros las propuestas que correspondan, de acuerdo con las primeras conclusiones de la Comisión, antes del día 31 de diciembre de 2009.

Francia se adelanta en su lucha contra el tráfico libre de contenidos protegidos en Internet. El gobierno de Sarkozy lleva varios meses preparando, modificando y adaptando la ley contra la piratería en Internet. El texto definitivo ha sido aprobado ayer en el Parlamento tras ser ratificado con 258 votos a favor frente a 131 en contra. La ley antidescargas es polémica y política y por eso ha tenido que superar una gincana hasta ser aprobada. Se prevé que entre en vigor a principios del próximo año aunque los socialistas ya han señalado que pretenden recurrirla ante el Tribunal Constitucional.


El ya conocido como “modelo francés” se basa en el sistema de los avisos. Hadopi, Alta Autoridad administrativa para la Difusión de las Obras y la Protección de Derechos en Internet y responsable de la aplicación de la ley (a la que da su nombre), enviará dos avisos (primer aviso por correo electrónico; segundo por carta certificada) a quienes se descarguen archivos de forma ilegal (no importa cuáles o de qué modo). Si no se acaban dichas descargas las dos advertencias escritas se presentan ante un juez, y éste podría ordenar la desconexión de Internet. La desconexión será tramitada por el operador en 15 días multando al usuario.


Fue el Tribunal Constitucional francés quien estableció, hace unos meses, que las desconexiones sólo podrán realizarse por una ordenanza judicial y no por cualquier organismo que tenga esa capacidad, siendo sólo la emisión de advertencias la única acción posible que se pueda realizar por ellos (Hadopi). Así lo contempla el texto aprobado y conocido como Hadopi 2. Desde la primera redacción se han ido adaptando los cambios más necesarios pero mantiene el planteamiento basal y la posibilidad de cortar la conexión hasta un año. Durante el tiempo de suspensión, el internauta deberá seguir pagando su cuota y no podrá contratar un acceso a Internet con otro operador (su nombre será añadido a una lista negra que prevendría que se suscribiese a un ISP diferente), un acto por el que puede ser castigado con una multa de hasta 3.750 euros.


Aún así mientras ya preparan el proyecto y el organismo, desde el Ministerio de Cultura quieren suavizar la acogida de la Ley Hadopi insistiendo en que esperan que que el poder disuasorio de las advertencias sea suficiente para que no sean necesarias las sanciones consecutivas.



Esta propuesta ha levantado un gran interés mundial y la opinión pública se encuentra dividida a
quí y allá. Nueva Zelanda no tuvo éxito con una medida semejante. En Suecia el tráfico web cayó considerablemente tras entrar en vigor su ley contra el intercambio de archivos no autorizado en la web. En Inglaterra, tras el reciente proyecto de una ley antipiratería con la misma finalidad de acabar con el tráfico de contenidos protegidos a través de la medida de la desconexión, nació el debate con la misma conclusión: confrontación.


El interés por estos temas trasciende las fronteras. Materia interesante de Derecho comparado: estaremos pendientes.

 

El pasado 22 de mayo se aprobó la Carta de Derechos del Usuario de los Servicios de Comunicaciones Electrónicas por Real Decreto 899/2009. De esta forma se traslada la Directiva europea relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva del servicio universal, 2002/22/CE) al ordenamiento jurídico español. Dicha regulación viene a derogar la normativa hasta ahora vigente en materia de derechos de los consumidores de servicios de comunicaciones electrónicas, incluida en el Título VI del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.


La nueva normativa, que entró en vigor el 30 de agosto, conserva todos los derechos ya reconocidos en el actual marco de protección de los usuarios, y añade otros veinte nuevos derechos para reforzar el nivel de protección de los usuarios de telecomunicaciones en España. Las previsiones de la Carta se refieren principalmente a los contratos; las altas, bajas y cambios de operador; la velocidad del acceso a Internet; las indemnizaciones por interrupción del servicio; los derechos de los abonados prepago; la facturación y medios de pago; servicios de atención al cliente y el procedimiento para la presentación de reclamaciones


Una de las novedades con mejor acogida es que la portabilidad de los números de teléfono ya no podrá prolongarse más de dos días. Pero sin duda las que más ayudarán a evitar luchas y llamadas, ciertamente cercanas al acoso, son las medidas relativas a las altas, bajas y cambios con los proveedores. Ahora desde la solicitud de la baja del usuario el operador tiene derecho a facturar 2 días adicionales. Además el operador no podrá continuar facturando una vez se ejecute la portabilidad o el cambio de operador de ADSL. Si el operador tiene noticia, a través de los procedimientos regulados de acceso a las redes, de que un abonado se ha dado de alta con otro operador, deberá considerar que se ha dado de baja con él. Así se evita que el operador continúe facturando a un usuario que ya ha cambiado de compañía.


Entre las principales novedades de la Carta están también las que se refieren a las formalidades del contrato. Se ha ampliado el contenido que debe figurar en los mismos. Para garantizar la información al usuario será obligatorio que figuren en el contrato hasta dieciséis extremos. A partir de estas estipulaciones, el operador no puede modificar condiciones de servicio si no es avisando con un mes de antelación. Como respuesta ante futuros cambios el usuario puede dar por resuelto el contrato sin penalización alguna. Así mismo el usuario tendrá derecho a que se le envíe un documento acreditativo al dar de alta o de baja cualquier servicio. Las reclamaciones podrán realizarse por teléfono, con la posibilidad de pedir también un documento acreditativo y deberán responderse en el plazo de un mes.


Las averías darán derecho a indemnización automática sin necesidad de que la solicite el usuario. En telefonía fija y móvil, si la cuantía es superior a un euro y en Internet en caso de que se acumule durante un mes averías con una duración mayor a 6 horas diurnas. Otras medidas interesantes son que desde ahora se podrá elegir la forma de pago de entre las más comunes y no podrá imponerse la domiciliación bancaria. Por otra parte se refuerza la protección frente a altas fraudulentas otorgando a la Administración mayor poder sancionador en casos de altas sin consentimiento, como el slamming.


La parte más criticada por las asociaciones de usuarios es que se ha mermado la defensa del usuario en materia de velocidad del acceso a Internet. En relación con la velocidad de transmisión de datos en el acceso a Internet, la Carta prohíbe publicitar velocidades que excedan de la permitida por una determinada tecnología. Además, los operadores estarán obligados a informar a los usuarios, antes de contratar, sobre los factores que influyen en la velocidad efectiva de su línea. Los usuarios hacen notar que no consta la promesa de garantizar el 80% de la velocidad teórica.

El gigante Google diversifica sus productos y aplicaciones. Ésta es una empresa pionera en Internet que abarca cada vez más. Últimamente hemos oído hablar de Google Voice, Google Wave y por supuesto, hemos oído hablar del nuevo sistema operativo Google Chrome. Apuesta en innovación y así nos ofrece situaciones que crean nuevos planteamientos muy interesantes al menos, jurídicamente.


Recordamos la entrada en la que comentábamos el acuerdo histórico alcanzado por Google y las principales asociaciones editores y autores de EEUU. En ese momento hablamos de la interpretación que Google hace del “fair use” al indexar contenidos de terceros. La consecuente demanda colectiva de Authors Guild acabó con este acuerdo por el que Google ofreció a los autores un modelo de compensación económico que les permitirá percibir el 63 por ciento de las ganancias por las ventas de Google Books. Tras el anuncio de este acuerdo muchos siguen creyendo que el uso que hace Google de los fragmentos de libros no es lícito y que este “arreglo” entre sectores no es más que un mensaje equivocado que no tiene en cuenta los derechos de autor. Otros críticos dicen que dicho acuerdo excluirá a los competidores, pues entrega de manera exclusiva por varios años los derechos de comercialización a Google de millones de obras. Incluso el Departamento de Justicia de EEUU debe analizar los alcances de dicho acuerdo para evitar que se violen las leyes antimonopolio. Por un comunicado del pasado 28 de abril de los autores y editores estadounidenses, se ha sabido que el tribunal de Nueva York ha pospuesto del 11 de junio al 7 de octubre la audiencia en la que se presentarán las alegaciones al acuerdo, y en la que además, se decidirá sobre su validez.


Entre los libros escaneados hay títulos cuyos derechos corresponden a autores europeos. En Alemania se ha lanzado una “apelación Heidelberg” reclamando que se está robando la propiedad intelectual a los autores del país. Reino Unido y Francia expresaron también su preocupación por lo que la Comisión Europea estudiará si las acciones de Google Books son irreconciliables con los principios de la ley europea de derechos de autor. El tribunal de Nueva York que está al cargo del caso ha ampliado el plazo del 5 de mayo al 4 de septiembre para que lo titulares de derechos puedan decidir si se mantienen en el acuerdo o, si por el contrario, deciden no formar parte de él. En España casi 9.000 autores y 900 editoriales van a ser representados por Cedro para solicitar las compensaciones que les puedan corresponder por la digitalización no autorizada de obras que haya podido hacer Google en los últimos años.


Ahora Google cuenta con un nuevo opositor cada vez más poderoso: laOpen Book Alliance” (la Alianza del Libro Libre), una coalición que se opone al acuerdo alcanzado el pasado octubre entre Google y las asociaciones de editores y autores American Publishers y Authors Guild. Microsoft y Yahoo, antiguos enemigos irreconciliables, han aparcado sus diferencias para unir fuerzas ante el gigante de Mountain View en el campo de los buscadores y la publicidad contextual en Internet. Amazón, que entre sus ventas posee un activo importante derivado de los libros elctrónicos, se suma a la Open Book Alliance (OBA), para emprender acciones legales contra Google Books, el proyecto de digitalización de libros que aspira a crear una gigantesca biblioteca virtual. Liderada por el abogado especialista en temas antimonopolio, Gariel Reback, defenderán que la biblioteca virtual de Google Books supone un amenaza para el libre comercio.


Lo cierto es que otras empresas de libros y publicaciones diversas pueden verse afectadas por dicho acuerdo por lo que la OBA puede llegar a ampliarse. Todo se prepara para una nueva serie de procesos en los tribunales y quizá un nuevo acuerdo, o ninguno. Veremos qué pasa. En el amplio mercado que abarca Google en Internet no sólo entran en conflicto cuestiones de Propiedad Intelectual sino que la controversia, más allá de la gestión de contenidos, plantea también importantes cuestiones de competencia desleal.

Pero ¿Qué es un libro electrónico? Al decir libro electrónico podemos referirnos al texto: a la obra que ha evolucionado de la versión impresa a la digital; es decir, que su texto está en formato tipo word, html o PDF. O también podemos referirnos como libro electrónico al aparato que sirve para visualizar dicho texto electrónico. Para evitar confusiones a este segundo se le llama dispositivo de libro electrónico y así se diferencia de los títulos ya en versión digital.


Origen del “e-book”: La digitalización del libro se inició en 1971 por Michael Hart, como no, un chico de una Universidad de Estados Unidos. Michael Hart comenzó con la tarea de digitar en el ordenador de la universidad algunos textos libres de derechos de autor para ofrecerlos públicamente a los usuarios universitarios en su misión de difundir la información. Así inició el Proyecto Gutenberg, aún vigente, que cuenta actualmente con más de 10,000 libros electrónicos de descarga gratis vía Internet.


¿Cómo es? Una pantalla de papel electrónico no es mayor a los 3mm, es similar a la de un libro, cuenta con tinta electrónica, el texto no parpadea y los pixeles se pueden variar para facilitar la lectura. La pantalla no está iluminada y por tanto, no cansa la vista. Lo óptimo frente al papel es que cabe una biblioteca en pocos gramos. Comodidad.


Libro lectrónico

En España: Desde 1999 aparece en el diccionario de la RAE: (Del lat. liber, libri). 1. m. Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen. 2. m. Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar volumen, que puede aparecer impresa o en otro soporte. Voy a escribir un libro. La editorial presentará el atlas en forma de libro electrónico.[…]

La Ley del Libro también lo tiene en cuenta en su Artículo 2 de forma expresa.


En el mercado supone una revolución como la de la imprenta pero también podemos verlo como una evolución natural en la era de la digitalización. Sin duda el libro electrónico es una nueva forma de transmitir el conocimiento pero la digitalización del libro en sí no puede ser una sorpresa sino un paso más en el desarrollo las aplicaciones de la tecnología.


Es el siglo XXI y el libro electrónico va a tener que plantearse la misma composición de lugar que los demás sectores donde la Tecnología aporta nuevas aplicaciones. Los hábitos del lector cambian y cambia la perspectiva para todos los profesionales del mundo del libro. La industria tendrá que adaptarse y salir al paso con un nuevo modelo de negocio. El mercado lo está haciendo poco a poco pero a nivel jurídico se plantean numerosas cuestiones:

  • Los nuevos soportes no deben perjudicar al escritor sino contribuir a la difusión de su obra. Para ello es fundamental que la gestión colectiva de derechos de autor contemple las licencias respecto a las formas de difusión de la obra con naturalidad, claridad y transparencia.

  • Por supuesto que las obras electrónicas han de ser legales y, por ello, algunos se muestran escépticos por las sombras de la Red: la piratería y el concepto de gratuidad que existe respecto al intercambio de cultura.

  • El libro electrónico es otro prisma de la relación entre el Derecho de Autor y la Tecnología. De nuevo se puede plantear la necesidad de una nueva Ley de Propiedad Intelectual o al menos, el cumplimiento de la existente.

Está claro que lo que preocupa siempre es cómo respetar los Derechos de Autor en el entorno digital. A los más puristas, que el libro no se devalúe al poder ser susceptible de intercambio en la Red. Lo que está claro es que el cambio responde a una situación global y es por tanto, inevitable.

Este lunes, formando parte de una audiencia, escuché declarar a un ponente conocido en el mundo audiovisual español que en una película o en una serie, la música era lo de menos porque siempre podía componerse algo … (le faltó decir midi o con el Casio de Navidad del niño) para tener que evitar pagar derechos de autor. Entendiendo que la defensa de un gremio  (el que interese de una producción audiovisual) puede llevar a la exageración, pero ésta casi me incentiva a otra entrada. Sin embargo, como habíamos adelantado en la anterior, había una novedad musical de la que queríamos dejar constancia en el blog: derechos de los intérpretes y ejecutantes que como se ve, frente a los autores (Art. 87 TRLPI), hay quien los tiene más o menos en cuenta.


En el mundo musical europeo no hay una verdadera igualdad de condiciones para los distintos tipos de artistas. Actualmente, la protección de los derechos asociados a las interpretaciones y grabaciones musicales tienen una duración de 50 años. Los de los compositores, sin embargo, gozan de esta protección durante toda su vida y 70 años después. Así está regulado Art. 26 vs. Art. 112 del TRLPI.


La situación de los intérpretes en Europa es que sólo el 5% de los artistas intérpretes viven de su profesión ya que la gran mayoría desarrolla actividades alternativas que, al final, son los ingresos de los que realmente viven. Además, según un informe de la Asociación de Organizaciones de Intérpretes Europeos de julio de 2007, entre el 77% y 90% de los ingresos distribuidos a los artistas intérpretes en la UE, se destina al 20% de los artistas más destacados. Por ello, ya el año pasado desde la Comisión Europea como la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos, proponían una ampliación hasta los 95 años para lograr una medida que supusiera una mejora social de esos artistas que en ocasiones ven disminuir sus ingresos en sus últimos años de vida.


Este año, a finales de abril, la Eurocámara ha aprobado unas enmiendas donde se aboga por ampliar la protección de los derechos de los intérpretes a 70 años frente los 50 actuales. Enumeramos las principales:


  • Con el fin de garantizar que los artistas se benefician de los ingresos procedentes de esta extensión, los diputados reclaman evitar el uso de contratos previos a la nueva norma (enmiendas 46 y 62).

  • Otra de las propuestas es la de crear un fondo destinado a los músicos cuyos derechos ya han expirado. Este fondo es una medida transitoria para compensar a aquellos músicos que hayan cedido sus derechos basándose en la protección de 50 años. Para financiar este fondo, los productores tendrán la obligación de contribuir, al menos una vez al año, con un mínimo del 20% de los ingresos procedentes de la extensión del plazo de protección.

  • El Parlamento alega que esta aportación de las productoras debe ser proporcional a los ingresos de los productores y, por tanto, la transferencia será menor si los ingresos son menores (enmienda 68).

  • Las sociedades recaudadoras, que representan los intereses de los artistas y los productores, deberían ocuparse de la administración del fondo y de su distribución entre los músicos (enmienda 61).

  • Se busca introducir un procedimiento uniforme de cálculo del plazo de protección de una composición musical con letra elaborada por varios autores.

  • Por otra parte, el texto parlamentario contempla que si los productores, 50 años después de la publicación del disco, no ponen a la venta un número suficiente de copias del álbum, el artista podrá entonces rescindir el contrato suscrito sobre la propiedad intelectual. El productor tendrá un año, desde la notificación por parte del intérprete, para proceder a su publicación (enmienda 58).

  • La Comisión debería presentar un informe tres años después de la entrada en vigor de la nueva legislación (y a continuación cada cuatro años) que aclare si la extensión de los derechos de autor ha mejorado realmente la situación social de los artistas (enmienda 74).
  • El texto solicita a la Comisión que realice antes de enero de 2010 un estudio sobre la situación del sector audiovisual europeo. El objetivo de este estudio es determinar si la ampliación del plazo de protección de los derechos de autor también beneficiaría a este sector (enmienda 75).

Para que entren en vigor estas medidas el Consejo tiene que aprobar todas las enmiendas que han salido adelante en la Eurocámara; en caso contrario, el tema quedará pendiente para la próxima legislatura. Los 95 años inicialmente aludidos eran excesivos y el ponente, el diputado irlandés Brian Crowley, aseguró que dejar esta cifra en 70 años facilitará el acuerdo con los Estados miembros para aprobar definitivamente la directiva. El documento contó con el respaldo de 377 votos, mientras 178 parlamentarios se mostraron contrarios y 37 se abstuvieron. De ser ratificadas estas enmiendas, los Estados miembros dispondrían, según el texto del Parlamento, de dos años para transponer la directiva.

El debate respecto al intercambio de contenidos a través de las redes P2P tiene varios frentes: desde la red los internautas manifiestan una clara postura y en la otra trinchera, está la industria. Con el nombramiento de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, los colectivos de usuarios de internet se muestran inquietos y desconfiados ante las posibles medidas que se puedan tomar de ahora en adelante.


Por otra parte, también en Semana Santa y fuera de nuestras fronteras, supimos que contra todo pronóstico, el Parlamento francés rechazó el proyecto de ley para defender los derechos de autor. El conocido como “modelo francés” para la protección de la creación en Internet iba a permitir la suspensión de hasta un año de la conexión a Internet de usuarios reincidentes en la descarga ilegal de contenidos audiovisuales. Pero la Asamblea Nacional, en una sesión con escasos diputados, rechazó por 21 votos contra 15 el proyecto de ley que había sido votado por el senado. Sin embargo en Francia, el Gobierno puede decidir que se realice una nueva votación de un texto legal cuando proviene de una comisión mixta paritaria (como es el caso), teniendo que volver a pasar por las dos cámaras (Senado y Asamblea). Por eso el proyecto de ley puede volver a ser presentado por el Gobierno ante las cámaras próximamente.


Aunque el Parlamento europeo se manifestó en ocasiones a este respecto, no existe una legislación europea específica en materia de lucha contra la piratería a través de internet de contenidos culturales, sólo la obligación general para los Estados miembros de garantizar los derechos de autor, sea cual sea el medio de reproducción. Así el gobierno francés había defendido este texto, que ponía a Francia en la vanguardia contra las descargas ilegales de música o de películas desde internet.


Al igual que en Francia, en Suecia entró en vigor la ley contra la llamada “piratería cibernética”, que persigue el intercambio no autorizado de archivos en Internet, entró en vigor en Suecia, después de haber sido aprobada el pasado febrero en el Parlamento sueco. La normativa, que no tiene efecto retroactivo, es una adaptación de la Directiva de Aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual (IPRED, por sus siglas en inglés) de la UE de 2004. En concreto permite al poseedor de los derechos de propiedad intelectual de una obra recurrir a un tribunal para solicitar que se obligue al servidor de Internet a desvelar la identidad oculta tras una dirección IP que ha compartido archivos de forma ilícita y posteriormente, podría iniciar un proceso civil para reclamar una indemnización.


Y desde enero de 2008, estábamos pendientes de la demanda contra el mayor portar de descargas de la Red, “The Pirate Bay” (TPB).  Las actuaciones contra el portal se remontan a 2006, cuando la policía sueca realizó una redada en su sede y confiscó los servidores donde alojaban la información. Tres días después volvió a abrir y con el doble de usuarios. Desde entonces, y con la polémica sobre las descargas P2P servida, los responsables de TPB han abanderado la causa desafiando a la industria audiovisual.

Aunque se esperaba conocer el veredicto el pasado viernes 17 de abril, los responsables del famoso sitio de descargas anunciaron antes de las esperadas 11 de la mañana, que el veredicto no les sería favorable. Efectivamente los medios de todo el mundo publicaron la sentencia: la acusación ha estimado que los acusados han trabajado como un equipo y el fallo condena a TPB a un año de cárcel y una indemnización de 30 millones de coronas (2,7 millones de euros) por complicidad en la violación de derechos de autor.


Incluso antes de conocer la sentencia ya se sabía que no iba a ser la definitiva ya que sería apelada por la parte no conforme. Efectivamente los responsables del portal se apresuraron a confirmarlo: apelarán. Por otra parte, la sentencia condena a los cuatro responsables, pero no considera ilícito el portal y no menciona su clausura. Uno de los acusados aseguró que el portal no dejará de funcionar porque tiene millones de usuarios más allá de las fronteras de Suecia. Hay quien considera que esta sentencia podría crear antecedentes o al menos ser referencia para casos similares pero sin ser firme es sólo un episodio en el incierto camino de la legislación sobre la propiedad intelectual en Internet.


En Internet y otros medios de comunicación las reacciones son múltiples. Hay quien defiende que no existe diferencia entre la actividad de TPB y Google ya que, en ambos casos, sólo se clasifican enlaces a contenidos sin almacenarlos en servidores propios. Recordar que en España este argumento ha sido el determinante en las sentencias penales conocidas donde para que haya condena deben concurrir dos factores: el ánimo de lucro y la comunicación pública no autorizada de una obra, que exige que las obras estén alojadas en los servidores de la web. Lo comentamos con el sobreseimiento del caso Sharemula mediante sentencia en firme por la Audiencia provincial de Madrid y otros. Lo comentamos cuando ante la imposibilidad de conseguir sentencias condenatorias por la vía penal la industria decidió interponer las demandas por la vía civil contra las páginas que facilitan enlaces (*).


Mientras el caso contra TPB no obtiene sentencia firme, seguiremos pendientes de qué pasa en Suecia, en Francia y en los juzgados españoles penales y civiles… El debate, aquí y fuera de nuestras fronteras sigue abierto.


(*) La conocida como la “primera sentencia” contra una red de intercambio de contenidos: sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Logroño que condena a un internauta por lucrarse con un sitio de descargas ilegales, la trataremos en la siguiente entrega.

A principios de año, el Tribunal Supremo británico permitía a varias compañías de videojuegos localizar los datos personales de los usuarios desde cuya IP(1) les constaba que se intercambiaban contenidos protegidos, para poder iniciar acciones legales contra ellos. Con la relación de IPs y este fallo, los abogados de dichas entidades solicitaron a los ISP(2) el nombre, dirección y número de teléfono de los titulares de las mismas. Unos 25.000 británicos recibieron una carta acusados de intercambiar archivos ilegalmente, exigiéndoseles una cantidad de 500 libras en concepto de compensación y con la amenaza de que, de no tener en cuenta esta notificación, pueden tomarse medidas legales imponiéndoseles una multa mayor.

Esta acción ha despertado la indignación e inquietud de los internautas que reclaman la privacidad de sus datos personales y defienden que la dirección IP no identifica a ninguna persona por lo que consideran esta medida desproporcionada, ultrajante e inadecuada. Es cierto que una dirección IP no identifica a una persona sino a un dispositivo, y es muy difícil identificar a quien realmente está intercambiando los contenidos protegidos, por ejemplo, en los casos en los que se comparte una conexión mediante Wifi, al margen de que esté abierta o no. En algunos casos esta medida está provocando grandes conflictos, especialmente en aquéllos en los que según la BBC, la compañía alemana DigiProject acusa de descarga ilegal de películas para adultos. Ante esta acusación hay quienes pagan directamente con miedo a que se haga público. Sin embargo, una gran mayoría de afectados se están movilizando desde la página TorrentFreak para exigir de forma colectiva ante el Gobierno el respeto a los datos de carácter personal y defender su privacidad. Para ello, han colgado una carta modelo de protesta en la que denuncian el incumplimiento de las leyes de protección de datos y piden la intervención a favor de sus derechos de ICO(3), la Agencia de Protección de datos británica. En esta carta se reivindica la literalidad de la norma comunitaria y de las locales, y se cita jurisprudencia española, caso Promusicae v. Telefónica, como ejemplo.


En España, el 31 de enero de 2008, conocimos el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE en relación con la denuncia de Promusicae contra Telefónica. Promusicae había denunciado a Telefónica por negarse a facilitarle los datos de los usuarios de Internet que se identificaban con unas direcciones IP desde las que se habían decargado contenidos protegidos, para poder ejercer contra ellos las pertinentes acciones legales por vía civil. Telefónica se negó amparándose en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de telecomunicaciones por la sólo está obligada a ceder esa información “siempre que les sean requeridos a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales”


El Juzgado mercantil 5 de Madrid elevó una cuestión prejudicial al TJCE que falló que el derecho comunitario no obligaba a los Estados miembros a divulgar los datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor, en el marco de un procedimiento civil. Si bien entre las excepciones permitidas por la legislación de la Unión, Directivas 200/31, 2001/29, 2004/48 y 2002/58, sobre protección de datos personales, había medidas necesarias para la protección de los derechos y libertades de otras personas, pero esta medida sin ser excluída tampoco era obligatoria y tal decisión era cuestión de cada Estado miembro.


Así los acusados de intercambio ilegal quieren que el ICO, institución que informa directamente al Parlamento, plantee la cuestión de la misma forma abanderando la legislación local: La Ley de Protección de Datos (Data Protection Act 1998), La Ley de Libertad de Información (the FOIA: Freedom of Information Act 2000), las Regulaciones de Privacidad y Comunicaciones Electrónicas (PERC: The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003); y las Regulaciones para la Información Medioambiental (EIR: Environmental Information Regulation 2004).


  1. Dirección IP, número jerárquico y lógico asignado a un dispositivo, generalmente un ordenador, que identifica un usuario dentro de una red que utiliza el IP, protocolo de Internet.

  2. ISP, Proveedores de Servicios de Internet

  3. ICO, Information Commissioner’s Office, Oficina del Comisionado de Información que en Inglaterra es una institución independiente establecida para facilitar el acceso a información oficial y garantizar la protección de la información privada.

Google Books es el servicio especializado de Google que permite a los usuarios localizar información vía web contenida en libros impresos. Muchas de esas obras están protegidas por las leyes del copyright por lo que sólo se puede leer un pequeño porcentaje del libro o unas pocas líneas. De aquellas obras cuyos derechos de autor han expirado, ofrece el contenido completo e incluso ofrece una opción en la búsqueda especializada para poder visualizarlos enteros.

En algunos países “Google Books para bibliotecas” sólo facilitaba el acceso a obras libres, pero en EEUU facilitaba libros que a pesar de no ser reeditados, seguían protegidos por las leyes de derechos de propiedad. El 20 de septiembre de 2005, las dos asociaciones de editores y autores más importantes, “Authors Guild” (sociedad de autores), la Asociación Americana de Editores (Association of American Publishers – AAP), demandaron su derecho a ser ellos quienes autorizasen las copias de sus obras. Además de este litigio, también hay otra demanda colectiva interpuesta por cinco grandes editoriales en representación de los miembros de la Asociación Americana de Editores (AAP).

En su defensa, Google alegó el uso legítimo o razonable, “fair use”. En EEUU esta doctrina legal dentro del copyright, considera uso razonable la utilización de una obra con propósitos de crítica, realización de comentarios descriptivos, noticias, enseñanza e investigación.

Tras dos años de negociaciones, a finales de octubre se publicó el acuerdo que resuelve la “Demanda colectiva del Authors Guild contra Google”. A este acuerdo, aún pendiente de ser aprobado por el Juzgado de Distrito de los Estados Unidos correspondiente al Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, han contribuido bibliotecas de importantes universidades como la de California, Michigan, Wisconsin y Stanford que ahora esperan participar en el proyecto disponiendo sus colecciones online.

Por este acuerdo Google pagará a las asociaciones la cantidad de 125 millones de dólares americanos. Este dinero se utilizará para establecer el Registro de Derechos de Libros, para resolver demandas existentes de autores y editores y para cubrir los posibles costes legales. Este Registro, con validez en todo el mundo, se destina a los titulares de derechos de autor estadounidenses que recibirán compensación de las suscripciones por parte de instituciones, de las ventas de libros o cualesquiera otros beneficios generados a través de cualquier otro modelo de generación de ingresos, igualmente en caso de que sus obras ya hubiesen sido digitalizadas.

Por otra parte el acuerdo permite a Google seguir adelante con su proyecto sin trabas por parte de estas asociaciones. Los libros sin derechos de autor no se ven afectados por este acuerdo y se podrán visualizar en su totalidad, e incluso descargar los libros en formato PDF. Pero respecto a los demás, con este acuerdo Google Books obtendrá unas mejoras pudiendo previsualizar mayores fragmentos tanto de libros descatalogados que aún conservan derechos de autor, como de los publicados recientemente. Ahora los usuarios de Internet podrán consultar, seleccionar y comprar millones de obras y los autores obtienen medios efectivos para que puedan controlar el acceso online a sus obras y reciben compensación por dicho acceso.

Igual que en su día el acuerdo entre iTunes y las compañías discográficas sirvió para revolucionar el sector de la música, este acuerdo entre Google y el sector norteamericano de producción y edición de libros revoluciona el acceso a los contenidos editoriales. En la era de la digitalización, se abren nuevos canales de distribución también en estos contenidos.

Pero con este acuerdo pionero hay quien considera que las editoriales se han rendido y hay quien cree que significa el haber evidenciado que copiar y distribuir trabajos con derechos de autor requiere el permiso de los propietarios del copyright. Richard Sarnoff, presidente de la Asociación Americana de Editores (AAP) mantiene que “Este histórico acuerdo supone una victoria para todas las partes”.

Lo que está claro es que el acuerdo nos ha evitado saber qué decidiría la justicia estadounidense respecto a la interpretación que Google hace del “fair use” al indexar contenidos de terceros.

Érase una vez una Juez muy fashion-victim…

…que gobernaba cierto Juzgado de Instrucción de una zona residencial de Madrid, a cuyo Juzgado que para mi desgracia, entró por reparto la Instrucción de un (presunto) Delito contra la Propiedad Industrial.


Se trata de la (presunta… qué pereza esto de “presunta” ¿no?) imitación de unos diseños de ropa de cierta marca británica, muy de moda en U.K. gracias a su uso por David Beckham, que astutamente fueron “fusilados” por un próspero empresario español, quien los vendía en su tienda con fabricación asiática, algodón de “chichinabo” y sin pagar un duro a Beckham, y, por lo tanto, mucho más baratas que las originales, que es lo que la gente, incluida nuestra Jueza, quiere: llevar la camiseta de Beckham por dos duros.


Vaya por delante que la denuncia y consiguiente intervención policial en las tiendas del denunciado se produjo con la impagable ayuda de la Brigada Provincial de Madrid de la Policía Judicial de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial, sin cuya ayuda no sé qué sería de cuantos nos dedicamos a esto de la Propiedad Intelectual y/o Industrial, sinceramente, ya que probablemente somos los Abogados más incomprendidos del planeta. De hecho desde el canon digital, puede que tengamos que ir con casco y escudo a los Juzgados, pero eso es otro artículo…


La declaración de imputado fue ¡¡¡¡UN AÑO DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL!!!!, lo que dicho sea de paso, me pone en una situación bastante difícil con mi cliente inglés (V. artículo de Larra).


Llegado el día de la declaración, el imputado resultó ser un tipo bastante despreciable y de baja estofa que entró directamente caminando “con el tumbao que tienen los guapos al caminar” y tuteando a todo el mundo, incluida la Jueza, o sea: el típico jeta.


Cuando empezó el acto esta Letrada alucinó en silencio (cómo entendéis esta sensación, compañeros….!!!) ya que “Ella” (la Jueza), comienza a mascullar algo así como

Ella: – Usted está aquí porque se le imputa un delito por falsificación de marcas, bueno, no, de, estooooo….. (Ahora agarraos a la silla) Ella mira al tipo que la tuteaba y le dice “hummm…. esto no son marcas…ni patentes ¿qué son? ¿modelos o algo así?”

Yo: – Señoría!!!! No puede Usted preguntar al imputado cuestiones jurídicas!!!!

Ella: – Bueno, bueno, Letrada, seguimos….

El otro (crecidísimo, claro) a la Jueza: – Mira, esto no son falsificaciones, esto es super-legal (sic) porque bla, blá….cháchara tostón de 5 minutos.

A todo esto, yo estaba de pie, porque tanto el imputado como todo el órgano judicial tenían sus sillitas, pero yo tenía que cargar el peso alternativamente sobre mis tacones, mientras intentaba que por lo menos a mí no me tuteara el sujeto en cuestión.

Sigue el otro: – Claro, es que esto son tendencias de moda, es como cuando se lleva por ejemplo…. ejemplos y más ejemplos, saca revistas, protesto y ni caso, sigue el rollo…. Zzzzz…. Balanceo en los tacones… y…. de repente oigo:

El otro: – Claro, es que es como eso que tú llevas: esa camiseta de DOLCE Y GABANA es falsa, ¿no?

Ella: –

El otro: – Entonces me entiendes perfectamente…


Os prometo que casi me estallan los globos oculares de la presión… ¿qué podía hacer? Deduje rápidamente que entre la NULA idea que tenía tanto de Propiedad Intelectual, como Industrial, como de procesal penal (porque lo de preguntar el tipo penal al imputado es para nota, colegas…) tenía que ser una Jueza sustituta, y decidí en ese mismo instante poner mi grito en el cielo, o sea, una denuncia, al Consejo General nada más volver al Despacho. Bien, pues mira por donde es la titular y creo que me debo callar so pena de perjudicar a mi cliente… que, por cierto, empieza a sospechar que le estoy timando, porque ni siquiera me proveen el escrito pidiendo Diligencias de Investigación. Además, todo esto no está grabado, con lo que sólo dispongo de mi palabra, y así vamos mal….

Y yo me pregunto y os pregunto ¿es normal que una Jueza se presente a tomar declaración a un imputado por una defraudación de diseños de camisetas con una camiseta falsa? ¿y que lo diga?….

Y otra cosa: ¿¿¿¿¿¿por qué sólo se graba en civil y no en penal???????

Esto fue así, y así os lo he contado.

(Asunto Telma Ortiz vs. Medios de comunicación)

Cuando Víctor Jara cantaba urbi et orbe aquello de El derecho de vivir en paz, “paz” era lo contrario de “guerra”. Poco podía imaginar Víctor que, superado aquel momento de tan precaria estabilidad política, vendría otro en el que a algunas personas, en países de primera velocidad, inmersos en la sociedad del bienestar y teóricamente libres y democráticos, se les negaría el derecho de vivir en paz.

Últimamente he tratado con alguna Celebrity extranjera, que me refiere su espanto ante la situación de persecución que se padece en España, tanto por supuestos periodistas, como por “espontáneos” que se les abalanzan y abrazan mientras el acompañante hace una foto con el móvil, y además se forma cola en el local para repetir la operación. Esto, que he tenido el dudoso placer de ver, es una falta de respeto brutal hacia las personas, que son totalmente cosificados por el mero hecho de ser Artistas. Por esta razón, pese a que a la gente le enloquece España, son bastante reacios a venir, y por esto también algunos españoles se ven obligados al autoexilio, para poder simplemente pasear por la calle, tomarse un aperitivo, comprar el periódico o ir de compras, como cualquier otra persona.

Si cabe un caso peor, es el de quien se ve en esta situación sin comerlo ni beberlo, simplemente porque alguien de su familia alcanza fama o notoriedad y de la noche a la mañana le brota un teleobjetivo del cogote, a modo de cazador permanentemente apostado esperando el mínimo desliz de su presa para someterla al escarnio público, a ella y a su familiar famoso. Dicho esto, y puesto que se trata de un foro jurídico, os daré brevemente mi opinión (sometida a cualquier otra mejor fundada en Derecho) sobre el caso “Telma Ortiz vs. Medios de comunicación”.

En cuanto al fondo, encuentro desacertada la línea argumental de que T.O. tiene una faceta pública en actos en los que aparece junto a su hermana, y una faceta privada en el resto de su vida. Telma Ortiz no puede ser considerada un personaje público por el mero hecho de que su hermana se haya casado con el Príncipe de Asturias. Es decir, no opera ninguna dualidad, bicefalia o esquizofrenia en la naturaleza de la demandante, doble naturaleza que ciertamente la Ley no recoge, sino, simplemente, la excepción recogida en el art. 8, 2, c) de la Ley Orgánica 1/82, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen,

Artículo Octavo.-

Dos. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá:

c.- La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.

Es decir:

T.O. es una persona privada, y por lo tanto, nadie tiene derecho a captar su imagen, salvo, acogiéndose a la excepción del art. 82.c), cuando sea accesoria en un acontecimiento público. Por poner un ejemplo, es exactamente el mismo caso que si fotografían a Servidora en la Cibeles celebrando el pase a semifinales de la Selección, o entrando en un estreno de cine, justo cuando paso junto al protagonista. Pensar lo contrario, es decir, que un hecho voluntario de otra persona, totalmente fuera de nuestro libre albedrío implique automáticamente una expropiación de derechos fundamentales, es inconstitucional, ilegal, injusto e inhumano.

– En cualquier caso, lo anterior va referido al derecho de imagen, que tiene que ser así, porque de otra manera se impediría la labor de la prensa gráfica, y el derecho a la información sobre el suceso principal del que la persona en cuestión es imagen accesoria, pero en ningún caso se puede extender al derecho a la intimidad ni al derecho al honor, que se trata de derechos distintos, independientes y autónomos, aunque habitualmente se suelen confundir. Es decir: la infracción del derecho a la intimidad de T.O. y de su derecho al honor no están amparados por ninguna excepción legal.

Y de aquí precisamente surge una cuestión fundamental, cual es la correcta determinación de los derechos infringidos, lo que probablemente no se ha desglosado suficientemente en el pleito que comentamos. Me refería un día una persona que sufrió idéntico problema al de T.O. que la tortura auténtica no era tal o cual foto en determinada revista, sino el hecho de esa foto tenía detrás días y noches de vigilancia. La tortura es sentirte vigilada 24 horas al día, y no poder hacer cosas que cualquier persona joven normal haría, como irte de copas y llegar tarde, que vaya un amigo a tu casa a ver el fútbol, quedar a solas con un hombre, aunque sea tu íntimo amigo del cole, etc., etc., etc….

Esta persona me contaba que realmente sólo hacía una décima parte de las cosas que solía hacer antes de verse forzosamente “sacada del armario” sin tener arte ni parte. Ni siquiera salía a pasear con su niña por el barrio, porque el fotógrafo de turno directamente se iba detrás de ellas, y, aparte de estar a disgusto, tenía mucho miedo de que sucediera algo, cualquier mínima cosa, que pudiera perjudicar a su famosa pariente.

Yo creo que esto excede del derecho a la intimidad y del derecho a la propia imagen, y ataca frontalmente a la propia libertad humana, infringiendo de plano, al menos el art. 10 de la Constitución, en cuanto consagra La dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad.

No está de más, plantear subsidiariamente, para el caso en que el argumento principal sea desestimado, y T.O. fuera considerada un personaje público, la aplicación de la Doctrina Hannover vs. Alemania, creada en Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de septiembre de 2004, en la que el Tribunal concede amparo a Carolina Grimaldi-Hannover desglosando las dos facetas de su vida, pública y privada, y afirmando que no debe soportar intromisiones en esta última. Si bien opino que en una demanda no se debe dejar pasar la mención a esta doctrina, creo que debe ser de manera subsidiaria, con la finalidad de llegar en vía de recurso ante dicha alta Instancia europea, porque con la poca sensibilidad que hay en la judicatura española hacia estas cuestiones, es bastante impensable que esto llegue a triunfar en España, para empezar porque no es exactamente acorde a la letra de nuestra Ley, la famosa Ley Orgánica 1/1982.

En la forma del pleito no quiero entrar, porque no me apetece hacer juicios de valor sobre el trabajo de compañeros cuando probablemente hayan usado su más leal saber y entender… simplemente, una crítica a la actuación del órgano judicial, quien, en mi modesta opinión, no debió nunca haber entrado al fondo del asunto, porque había razones formales más que suficientes para fundamentar la desestimación, y, la verdad, flaco favor le ha hecho a T.O., al poder haberle producido para el futuro una excepción de cosa juzgada material que puede pesar como una losa…. no sé si habrá sido por afán de protagonismo, o por qué razón, pero, la verdad, creo que lo correcto habría sido desestimar por defecto formal en el modo de proponer, y punto-pelota.

Mucha suerte Telma, de todo corazón, aunque no creo que llegados a este punto procesal lo tengas fácil. Tal vez, puesto que se ha recurrido la resolución, la mejor vía sea seguir el despropósito hasta conseguir una resolución que pueda ser objeto de recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos…. pero, sinceramente, no lo veo claro.

Marisa Castelo, Abogada

mcastelo@legalarte.es

© Legalarte, 2006.

¿LA COMPRA EN EL TOP-MANTA CONSTITUYE UN DELITO DE RECEPTACIÓN?

La respuesta de los Poderes Públicos a la lógica y clamorosa protesta de los múltiples sectores afectados por la masiva defraudación de derechos de propiedad intelectual imperante en los últimos años ha sido, básicamente, desde la Unión Europea la Directiva 48/2004/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (incorporada al derecho español por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios), norma eminentemente procesal. En cuanto a España, el Gobierno aprobó en abril de 2005 un “Plan Antipiratería”, ambicioso y un tanto etéreo proyecto interministerial, centrado fundamentalmente en un incremento en la dotación de medios policiales, y cuya valoración no es objeto de estas líneas, por lo que dejamos únicamente apuntado que su utilidad ha sido más que dudosa.


Aunque cualquier medida es de agradecer, no podemos dejar de preguntarnos si se están utilizando todos los frentes de combate posibles, y ello, básicamente porque las cifras hablan por sí solas: la defraudación no disminuye, sino todo lo contrario. La respuesta debe ser negativa, por lo que se debe pensar en que tal vez el enfoque que se está dando no es el correcto.


En efecto, en la actualidad los sujetos perseguidos son únicamente quienes desde un punto de vista material proceden a la reproducción y distribución no autorizadas, sin tener en cuenta a los millones de personas que en España adquieren dichos productos ilegales y sin cuyo concurso la piratería no tendría razón de ser. Quiero creer que somos un Pueblo solidario que mira con simpatía a los vendedores, en su inmensa mayoría personas amables y sonrientes, que vienen huyendo del hambre en sus países y que a su vez son explotados vendiendo copias falsas por la calle de sol a sol. Efectivamente, resulta duro arremeter contra la agradable mujer china que entra en cualquier bar a cualquier hora para ofrecernos los últimos estrenos de la cartelera cinematográfica con una sonrisa, y, sobre todo, resulta inútil, porque la cadena no se puede romper por su eslabón final. Pero ¿cabe decir lo mismo del parroquiano que, entre caña y caña de cerveza, aprovecha para llevarse a casa el último estreno de Cine (o incluso el próximo anunciado, aun sin estrenar)? Evidentemente, creemos que esta conducta no es tolerable y no se entiende muy bien por qué nadie ha hecho el suficiente hincapié en ello. La única campaña que hemos podido ver en este sentido es el clip añadido en muchos de las películas en alquiler y en compra, y nos parece mínimo y enfocado a las descargas ilegales mediante sistemas de archivos compartidos peer to peer, lo que constituye una conducta penalmente distinta a la que nos ocupa.


Después de las campañas de concienciación que están llevando a cabo los perjudicados, no puede quedar la más mínima duda de que la totalidad de los ciudadanos que estén en posesión de sus facultades mentales saben perfectamente que cuando adquieren un CD o un DVD en el llamado Top-manta, están comprando un producto ilegal, cuyos fabricantes y distribuidores son perseguidos por la Ley, pero… ¿Saben que es este propio conocimiento el que a su vez los convierte en autores materiales de un delito autónomo de receptación y que como tales delincuentes pueden ser detenidos en flagrante delito, puestos a disposición judicial e imputados en un procedimiento penal?


Después de examinar el Art. 298 del vigente Código Penal, parece que no queda duda alguna de que la actuación del comprador del Top-manta es constitutiva de delito: el párrafo 1º, Art. 298, recoge el tipo básico del delito de receptación en los siguientes términos:

El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”.


El fundamento del delito de receptación se encuentra en que la actividad del receptador promueve la comisión de delitos que no se producirían si el autor del delito principal no tuviera la seguridad de poder obtener el provecho económico que le garantiza dicho agente. En una palabra, sin la actuación del receptador, los autores de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico no podrían en la mayoría de los casos obtener provecho de la comisión de dichos delitos. Esto, que podría resultar discutible en los casos en que el beneficio obtenido del delito pudiera redundar en provecho del propio delincuente (p.ej.: en caso de objetos robados cuya utilidad pudiera redundar en beneficio del criminal), parece que no es de recibo en el caso de la venta de soportes, ya que nadie fabricaría miles de miles de discos para su propio uso.


Parece que no hacen falta más explicaciones acerca del ánimo de lucro que indudablemente mueve a quien compra en la calle un bien que en el comercio cuesta entre cuatro y ocho veces más de lo que paga, y que viene a ser precisamente la razón de que compre un objeto cuyo origen ilegal conoce sobradamente. Sin embargo, llama poderosamente la atención el hecho de que repetidamente se intente poner en tela de juicio por algunos sectores el ánimo de lucro, lo que sería un buen tema para tratar en otra ocasión.


Los restantes requisitos del tipo penal se cumplen igualmente: se trata de un sujeto que no ha intervenido en la comisión del delito de que trae causa el que él está cometiendo, y “adquiere” los efectos provenientes de dicho delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, entre los cuales, (Capítulo XI, Título XIII, Libro II del Código Penal, se encuentra la defraudación de derechos de propiedad intelectual (e industrial) en todas sus formas.


Siendo la Ley tan clara, surge la pregunta de nuevo: ¿Cómo es posible que se haga ojos ciegos a la comisión diaria en nuestras calles de miles de delitos?

¿Acaso de debe a que se considere a estas personas “honrados” ciudadanos y probos consumidores ejerciendo su derecho a la adquisición de bienes en libre competencia en detrimento de los “perversos delincuentes”, en su mayoría inmigrantes que fabrican y venden las copias piratas?


Seamos claros: ni siquiera en una sociedad tan cínica como la que nos ha tocado en suerte en este tercer milenio se puede afirmar esto. Más bien puede suceder que resulte “políticamente incorrecto” y pueda pasar factura electoral empezar a detener votantes encorbatados. Realmente puede ser chocante la escena de unos niños viendo a su mamá entrar en un furgón policial con el CD “Me siento viva” de Rosa de España, por ejemplo, asomando del bolso.

Seamos más claros todavía: ¿O es más bien que como todos hacemos lo mismo nadie está en condiciones de tirar la primera piedra? En este caso, la posición más coherente sería la de despenalizar la conducta, continuando la labor legislativa de adaptación de la norma jurídica a la realidad social.


Mientras esto no suceda, cada vez que una persona adquiere un soporte “pirata” está cometiendo un delito de receptación penado con prisión de entre seis meses y dos años, y conviene que nadie lo desconozca.

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