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Me complace extraordinariamente anunciar que LEGALARTE ha llegado a un acuerdo con ESPACIO LEGAL, Despacho asturiano especializado en derecho fiscal, financiero y bancario, para colaborar en los asuntos cuya competencia venga atribuida a Juzgados de Madrid y alrededores, relacionados con nulidad de contratos SWAP, IRS, Clips y demás productos similares que algunos directores de sucursal de determinadas entidades financieras “vendieron” como “seguros contra la subida de los tipos de interés”  y que están asfixiando a muchos particulares y PYMEs.

El Abogado-director de los procedimientos será el asturiano MARCELINO TAMARGO, sobradamente conocido en los foros y círculos de afectados, por ser el Letrado que ha obtenido ya varias condenas contra entidades financieras, y, entre ellas, la que quizás es la Sentencia más sólida y fundamentada dictada hasta ahora en la que se declara la nulidad de un “Contrato de gestión de riesgos financieros”, en este caso concreto contra Bankinter (se siguen procedimientos contra Banesto, B. Popular, La Caixa, etc., etc.). En este caso concreto nos referimos a la impecable Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Gijón en fecha 21 de enero de 2010, que se adjunta.ST SWAP GIJON

Esperamos que esta nueva colaboración sea beneficiosa para ambas partes y, sobre todo, para los clientes.

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Plataformas como Youtube y radios como Spotify o Last.Fm son muy populares debido a que usan la técnica del streaming para emitir sus contenidos. Permiten acceder a archivos de vídeo o pistas de audio sin que haya necesidad de bajar los discos y archivos al ordenador. Lo óptimo de esta tecnología, cuyo origen situamos en 1995, es poder reproducir un contenido a partir de un archivo situado en un servidor de Internet sin necesidad de descargarlo antes. El archivo se descarga al ordenador, pero en forma de flujo de datos, y sólo permanece de forma temporal.

La descarga de archivos mediante aplicaciones P2P ha descendido en el último año debido a los servicios para audio y vídeo en streaming y al aumento del ancho de banda en los hogares españoles. Y es que el “descubrimiento” del streaming estaba condicionado a poder acceder a un mayor ancho de banda ya que con conexiones de 3, 6, 10 y 20 Mbps, podemos acceder a un contenido con calidad DVD o superior, en tiempo real.

Poder reproducir los contenidos sin retrasos o tiempos de espera ha sido otro de los hitos en la era Web 2.0. En concreto ha supuesto un antes y un después principalmente para las industria musical y audiovisual, para bien y para mal.

Por primera vez en España la actividad de una página web de contenido audiovisual a través del sistema “streaming” ha sido condenada con una pena de un año de prisión, 12 meses de multa y una indemnización de cerca de 2.000 euros por considerarse un delito contra la Propiedad Intelectual. Se trata de una sentencia de conformidad. El acusado ha llegado a un acuerdo con las denunciantes con el fin de no alargar el juicio, y evitar la posibilidad de una pena mayor.

El origen fue una denuncia a finales del 2006 contra tres páginas web, http://www.simonfilms.tv, http://www.siglox.com y www.maxivideos.tv. Estas páginas ofrecían películas (estrenos y éxitos del mercado) para su visionado a través de streaming. Las páginas, eran propiedad de una S.L. con domicilio en Vigo, y ha sido el Juzgado de lo Penal de Vigo el que ha condenado al gerente y administrador único de esta sociedad.

La gran pregunta: ¿El ánimo de lucro?

Ya comentamos con el asunto del portal www.infopsp.com que el ánimo de lucro excluye del ámbito de la represión penal las conductas en las que no concurre dicho ánimo. En este caso el visionado de los contenidos de estas páginas reportaba a la sociedad un lucro comercial: exigía la suscripción que tenía un precio de un Euro (1€) con una compra mínima de diez películas.

La Circular 1/2006 de la Fiscalía General, que tanto tropieza con la defensa de los intereses de la industria de contenidos, no supuso ningún obstáculo los propósitos de la acusación:

[…] “El elemento del ánimo de lucro debe ser interpretado, no en el sentido amplio de obtención de cualquier tipo de ventaja, utilidad o beneficio, sino en el sentido estricto de “lucro comercial”.

La Circular 1/2006 de la Fiscalía General no contempla como “lucro” los beneficios que se pudieran obtener a título particular con las descargas, siempre y cuando los tales descargas no supongan operaciones “comerciales” posteriores.

En contraposición, la Audiencia Provincial de Valencia, ha vuelto a estimar otro recurso de la acusación particular ejercida por las compañías cinematográficas y de videojuegos en un tema de descargas ilegales a través de Internet. El Auto dictado indica de forma expresa que “no puede descartarse en la instrucción el ánimo de lucro en el encausado pues la exhibición del material tenía la función de enriquecerse con las obras ajenas gracias a la publicidad“. Ha sido contra la web http://www.divxonline.com dedicada al intercambio de contenido audiovisual.

Para confirmarlo, el Auto añade sobre la actividad de la página web que “parece desprenderse que el principal atractivo para la captación de publicidad era la emisión del material protegido por la ley de propiedad intelectual.” Y finaliza así “por todo ello, y ante las implicaciones criminológicas de las nuevas tecnologías, este Tribunal estima que resulta acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva proclamada en el art.24.2 de la C.E., que se prosiga el proceso“.

Está claro que para obtener ingresos por medio de una página web hay que  “colgar” un contenido lo más atractivo posible porque del contenido depende el número de visitas. Si hay un número importante de visitas, los anunciantes se interesarán por la página web y contratarán con el titular espacios publicitarios, u otras modalidades de explotación publicitaria. El problema está cuando NO se utilizan contenidos propios o autorizados.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el uso de cámaras ocultas en los reportajes informativos, con ocasión de una Sentencia dictada el pasado 16 de febrero (STS 1233/2008), que ha tenido gran repercusión sobre todo en los medios informativos. El supuesto de hecho sobre el que se pronuncia la Sentencia es el siguiente: una periodista acudió a la consulta de una naturópata, haciéndose pasar por paciente y simulando padecer una enfermedad. La periodista fue provista de una cámara oculta con la que grabó a la naturópata en su consulta y obviamente sin su consentimiento. Posteriormente esta grabación, se emitió, también sin consentimiento, en un programa de la Televisión Autonómica Valenciana, en cuyo programa, además, se sometió el reportaje a debate, resultando la tal naturópata bastante mal parada en las opiniones.

El Tribunal Supremo condena a Canal Mundo Producciones Audiovisuales, Televisión Autonómica Valenciana (Canal 9), al director del programa donde se emitió el reportaje, y a la reportera encargada de hacer la grabación (al pago de 30.050.61€, solidariamente), en contra de las dos sentencias inferiores que desestimaron íntegramente las pretensiones de la naturópata.

En la Sentencia comentada, el Tribunal enfrenta el derecho a la información (Art. 20.1 d) CE) con los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen (art. 18 CE) de la naturópata, buscando el equilibrio entre ellos. Uno de los límites del derecho a la información se encuentra en el derecho a la propia imagen, la intimidad o el honor, siendo necesario en los casos en los que chocan, determinar, tal y como señala la Sentencia comentada, “cuál de ellos es, a la vista de las circunstancias concurrentes, es el más digno de protección, conforme a las conocidas como técnicas de ponderación y proporcionalidad, que llevan a valorar las razones a favor de cada uno, al fin de identificar cual es el que debe ser considerado preferente en la ocasión”.

En primer lugar el T.S. rechaza la idea acogida en las instancias inferiores de que el reportaje realizado a la naturópata había sido “neutral”, porque afirma el T.S., siguiendo una línea jurisprudencial anterior, que “fue el propio medio el que había provocado la noticia”. En efecto, si se entiende por “reportaje neutral” “aquel en el que la reproducción fiel o exacta de lo dicho por otro no constituye difamación”, este no puede ser el caso, ya que fue la propia reportera quien provocó la noticia, consiguiendo que la naturópata al no conocer de la presencia de la cámara oculta se mostrase con una espontaneidad que de haberlo sabido no hubiese desplegado. Y de otro lado, continúa el Tribunal, no se puede considerar que la naturópata diera su consentimiento a la grabación por el mero hecho de permitir el acceso de la periodista camuflada de paciente a su consulta.

La Sentencia establece que si se pretende filmar, se debe de contar con el consentimiento de la otra parte de la relación objeto de la grabación, consentimiento que en este caso no se da, y por eso se recurre al engaño, ya que se sabe que de otra manera no se daría tal consentimiento.

En la ponderación anteriormente referida entre los derechos de la información y el del honor, la intimidad y la propia imagen, el Tribunal llega a la conclusión, y así lo expresa en esta Sentencia, que aunque el reportaje tenía un interés general (el de informar sobre la práctica sin titulación de una actividad para la que se requiere una titulación) y un contenido veraz, no bastaba para sacrificar el concurrente derecho de la naturópata a su intimidad. A esto el Supremo añadió que no era imprescindible la cámara oculta para descubrir la verdad de lo que ocurría en la consulta de la naturópata, sino que se podría obtener mediante testimonios de pacientes, vecinos, etc. Por lo tanto, se consideran conculcados el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen de la naturópata.

Sin embargo, considera el Tribunal que el derecho al honor no se vio dañado por las críticas vertidas en el programa donde se emitió el reportaje en la Televisión Autonómica Valenciana, ya que, “aunque afecten a la reputación de la demandante, no son impertinentes ni innecesarias para la exposición de una crítica plenamente tolerable que, a mayor abundamiento, resultaba socialmente útil”.

Siguiendo la línea del Tribunal Supremo, se podría decir que el periodismo de investigación es totalmente legítimo, y así queda recogido en el Art.20 1. d) de la Constitución, pero siempre y cuando con su ejercicio no se vulneren derechos fundamentales, lo que se produce cuando se utiliza la cámara oculta como medio de obtener la información objeto del reportaje.

Queda abierta la puerta de qué ocurre en el caso en que realmente no se pudieran investigar los hechos de otra manera. En nuestra opinión, la utilización de la cámara oculta en reportajes informativos es legítima si con su uso se obtiene una información de carácter general, veraz, y, por encima de todo, con un interés informativo suficiente como para vulnerar los derechos de la persona a la que se está grabando.

Sería lógico pensar que la entidad del reportaje ha de ser suficiente para que el uso de la cámara oculta tenga sentido, no teniendo tal entidad por ejemplo los reportajes de cámara oculta en los que los protagonistas son famosos, siendo la única pretensión del reportaje la pura curiosidad que pueden generar sus andanzas y amoríos. En el lado contrario estarían los reportajes en los que la información que se pretende obtener tiene la entidad suficiente, como por ejemplo las cámaras ocultas en las que se graba a narcotraficantes, o traficantes de armas, etc.

Sin duda la disparidad de las dos recientes Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, dictadas en la misma fecha y sobre cuestiones de fondo tan similares, implica una vuelta de tuerca sobre el tema del derecho a la intimidad y a la propia imagen, y arroja bastante luz sobre la que creemos será la línea jurisprudencial de desarrollo futuro en España.

Desde hace al menos quince años vengo abogando por la conveniencia en muchas ocasiones de accionar por infracción de derecho a la propia imagen en lugar de por derecho a la intimidad o al honor,  en  los casos (entre otros) de publicaciones de fotos “robadas”.

Tenemos que recordar que en estos supuestos simpre existe una colisión entre dos derechos fundamentales igualmente dignos de protección: la intimidad, honor o propia imagen frente a la libertad de expresión. Muchas veces resulta prácticamente imposible defender una lesión a la intimidad o al honor con la suficiente entidad como para conculcar la libertad de expresión de un medio de comunicación…. y así debe de ser, por otra parte.

En el caso de Laura Ponte, por ejemplo, el “supuesto de hecho”, de manera resumida, es el siguiente: una famosa modelo española se encuentra paseando por una playa pública con un sobrino del Rey de España, donde le son tomadas una fotos, posteriormente publicadas por una Revista (Interviú), a cuya Revista ella demanda.

Dejando de lado en este momento el hecho de que la modelo no llevara puesta la parte de arriba del bikini, en principio, una modelo famosa es un personaje público, e igulamente una playa es un sitio público, aunque sea fuera de España, por lo que nada parece que pueda obstaculizar  la publicación de esas fotos. Cabría determinar si existe un interés informativo digno de protección pero deslindar el interés público que se deriva de la actuación de la familia del Rey del puro morbo de conocer sus vidas y milagros es entrar en un jardín un poco enmarañado… digamos simplemente que, dado el nivel informativo de la prensa rosa, resulta bastante más cabal atribuir interés informativo a estas dos personas que a la mayoría de las que son retratadas habitualmente, famosas por haber participado en un reality de televisión, por ejemplo.

A efectos de derecho a la intimidad, creo que el hecho de que ella tuviera bañador, bikini o sólo parte de abajo carece de relevancia, ya que es ella misma quien decide el grado de exhibición de su cuerpo que considera aceptable en una playa pública.

¿Por qué en cambio el caso de Cayetana Guillén siendo similar fue acogido favorablemente por el Tribunal Supremo? Y con el agravante en su contra de que no estaba acompañada por ningún pariente del Rey, con lo que el interés informativo queda bastante más difuso…

La razón es simple: los Abogados de Cayetana Guillén optaron por llamar a las cosas por su nombre e interponer una demanda por infracción del DERECHO A LA PROPIA IMAGEN, en lugar de plantear una infracción del derecho a la intimidad.

Efectivamente, la imagen de una actriz o de una modelo tiene un incuestionable valor comercial, de tal manera que, dicho de manera un tanto cruda, no tiene por qué salir gratis a Interviú la publicación de unas fotografías de una persona que tiene como parte de su actividad profesional la explotación de sus derechos de imagen…. ¿a que dicho así está claro como el agua?

Esto es lo que ya hace muchos años le vino a decir indirectamente la Justicia a la viuda de Paquirri con el vergonzoso asunto de la comercialización de las imágenes de su muerte…. y es que a veces lo que sienta mal no es que se publique algo de uno, sino que sean otros los que se lucren de lo que es de nuestra propiedad. Por esta razón doy mi más sincera bienvenida a la sinceridad que supone demandar por apropiación comercial de imagen, en lugar de inventar excusas ñoñas sobre derecho a la intimidad o al honor….

A principios de año, el Tribunal Supremo británico permitía a varias compañías de videojuegos localizar los datos personales de los usuarios desde cuya IP(1) les constaba que se intercambiaban contenidos protegidos, para poder iniciar acciones legales contra ellos. Con la relación de IPs y este fallo, los abogados de dichas entidades solicitaron a los ISP(2) el nombre, dirección y número de teléfono de los titulares de las mismas. Unos 25.000 británicos recibieron una carta acusados de intercambiar archivos ilegalmente, exigiéndoseles una cantidad de 500 libras en concepto de compensación y con la amenaza de que, de no tener en cuenta esta notificación, pueden tomarse medidas legales imponiéndoseles una multa mayor.

Esta acción ha despertado la indignación e inquietud de los internautas que reclaman la privacidad de sus datos personales y defienden que la dirección IP no identifica a ninguna persona por lo que consideran esta medida desproporcionada, ultrajante e inadecuada. Es cierto que una dirección IP no identifica a una persona sino a un dispositivo, y es muy difícil identificar a quien realmente está intercambiando los contenidos protegidos, por ejemplo, en los casos en los que se comparte una conexión mediante Wifi, al margen de que esté abierta o no. En algunos casos esta medida está provocando grandes conflictos, especialmente en aquéllos en los que según la BBC, la compañía alemana DigiProject acusa de descarga ilegal de películas para adultos. Ante esta acusación hay quienes pagan directamente con miedo a que se haga público. Sin embargo, una gran mayoría de afectados se están movilizando desde la página TorrentFreak para exigir de forma colectiva ante el Gobierno el respeto a los datos de carácter personal y defender su privacidad. Para ello, han colgado una carta modelo de protesta en la que denuncian el incumplimiento de las leyes de protección de datos y piden la intervención a favor de sus derechos de ICO(3), la Agencia de Protección de datos británica. En esta carta se reivindica la literalidad de la norma comunitaria y de las locales, y se cita jurisprudencia española, caso Promusicae v. Telefónica, como ejemplo.


En España, el 31 de enero de 2008, conocimos el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE en relación con la denuncia de Promusicae contra Telefónica. Promusicae había denunciado a Telefónica por negarse a facilitarle los datos de los usuarios de Internet que se identificaban con unas direcciones IP desde las que se habían decargado contenidos protegidos, para poder ejercer contra ellos las pertinentes acciones legales por vía civil. Telefónica se negó amparándose en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de telecomunicaciones por la sólo está obligada a ceder esa información “siempre que les sean requeridos a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales”


El Juzgado mercantil 5 de Madrid elevó una cuestión prejudicial al TJCE que falló que el derecho comunitario no obligaba a los Estados miembros a divulgar los datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor, en el marco de un procedimiento civil. Si bien entre las excepciones permitidas por la legislación de la Unión, Directivas 200/31, 2001/29, 2004/48 y 2002/58, sobre protección de datos personales, había medidas necesarias para la protección de los derechos y libertades de otras personas, pero esta medida sin ser excluída tampoco era obligatoria y tal decisión era cuestión de cada Estado miembro.


Así los acusados de intercambio ilegal quieren que el ICO, institución que informa directamente al Parlamento, plantee la cuestión de la misma forma abanderando la legislación local: La Ley de Protección de Datos (Data Protection Act 1998), La Ley de Libertad de Información (the FOIA: Freedom of Information Act 2000), las Regulaciones de Privacidad y Comunicaciones Electrónicas (PERC: The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003); y las Regulaciones para la Información Medioambiental (EIR: Environmental Information Regulation 2004).


  1. Dirección IP, número jerárquico y lógico asignado a un dispositivo, generalmente un ordenador, que identifica un usuario dentro de una red que utiliza el IP, protocolo de Internet.

  2. ISP, Proveedores de Servicios de Internet

  3. ICO, Information Commissioner’s Office, Oficina del Comisionado de Información que en Inglaterra es una institución independiente establecida para facilitar el acceso a información oficial y garantizar la protección de la información privada.

¿Qué es googlear? La mayoría googleamos y más de uno alguna vez googleó a alguien para ubicarle profesionalmente o recordar su nombre. Quizá pocos hayan usado el neologismo para describir la búsqueda en la Web, pero cada vez es más corriente utilizar el término. De hecho, hoy por hoy, se curiosea googleando. Hasta cierto punto se da por hecho que todo es susceptible de ser localizado en la Red.


El buscador es una herramienta que se ha incorporado con naturalidad a nuestra actual forma de trabajar. Se suele acceder a las páginas Web a través del buscador y pocas veces utilizando la dirección en la barra de direcciones. De alguna forma es una herramienta al servicio de todos: generalmente el que encuentra cumple objetivos y el que es encontrado raras veces no se encuentra satisfecho.


En más de diez años de desarrollo de negocio, Google es mucho más que un buscador, o como matizan algunos, no sólo es un buscador. Para lo que nos ocupa, el producto principal Google es el buscador y de hecho, es el buscador más utilizado.


Por el impacto que ha tenido Internet en el trabajo, en el conocimiento y el desarrollo tecnológico e incluso en el ocio, millones de personas interactúan con sus contenidos a través de los buscadores. De hecho esta herramienta es la aliada más deseada por aquéllos que buscan estar en ese mercado cuya máxima es: “Si no está en Internet, no existe” Gracias a los buscadores, se tiene acceso más fácil e inmediatamente información en línea.


¿Qué es Google? Google es un prototipo de motor de búsqueda a gran escala que hace un uso intensivo de la estructura presente en hipertexto. Está diseñado para rastrear e indexar la Web de una forma eficiente y producir resultados de búsqueda satisfactorios. Indexar los códigos de las páginas Web es ordenar mediante índices de contenido en función de unos parámetros previamente definidos. La indexación es lo que proporciona agilidad en las búsquedas, lo que se traduce en rapidez a la hora de mostrar resultados. En esta acción concurren otras: almacenar, localizar y reproducir.


¿Es lícito que Google reproduzca y comunique los contenidos de las páginas web? No lo consideró desde esta perspectiva un autor de Barcelona que ha visto esta acción como un atentado contra sus derechos de autor. Por ello demandó a Google por reproducir sus contenidos, o parte de ellos, sin autorización.


La normativa española regula estos derechos en la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en adelante LPI). En cuanto a creación original efectivamente los contenidos del demandante son objeto de la LPI puesto que ésta contempla la expresión por cualquier medio o soporte sea tangible o intangible. Hablando de la reproducción de los mismo como la acción que directamente atentaba contra la voluntad del creador, el Art. 18 de la misma ley contempla “Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias”


La actividad de Google ha dado lugar a muchas quejas y posturas en contra. Los derechos abanderados en estas reacciones son en defensa de los derechos relativos a la Propiedad Intelectual y a los derechos al honor a la intimidad y a la propia imagen.


En este caso, la Audiencia de Barcelona absolvió a Google. Considera que al reproducir la obra del demandante (efectivamente sin su autorización) copiando en sus motores de búsqueda su memoria caché NO viola los derechos contra la Propiedad Intelectual del creador. Muy al contrario argumenta que este servicio de búsqueda facilita la difusión y el acceso a los internautas a la información y en este caso a la susodicha obra del autor.


Es una sentencia interesante (SAP 17/09/2008, Rº 749/2007) ya que explica con detenimiento el funcionamiento de Google y cómo se desarrolla la búsqueda concluyendo deductivamente que tal reproducción (parcial) y comunicación son incidentales y efímeras en la medida en la que sirven a un propósito mayor: “Google ofrece al usuario una parte del contenido de la página copiada y un enlace a la copia almacenada en su memoria caché (…) La reproducción del código html en la memoria del ordenador de Google sirve para conseguir un acceso más rápido así como para descongestionar la red”.


Es todavía más interesante cuando argumenta que el índice que realiza Google es lícito ya que “no sólo no perjudica al titular ni contraría propiamente sus derechos, sino que está tácitamente aceptado por quienes cuelgan sus obras en la red sin impedir o restringir el libre acceso a las mismas”.


Esto no significa, según consta en la sentencia, que se reconozca “la impunidad absoluta de Google” a la hora de prestar este servicio, sino que éste debe realizarse “salvaguardando unas condiciones mínimas que preservan la integridad de la obra y la facultad de comunicación del titular de la obra”. Esto es, que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 15 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, aunque dicho precepto no sirva de aplicación a este caso concreto.

Curiosidad: Por otra aparte he leído hoy en DiarioTi que Google ya no sólo indexa los sitios web sino que está probando una función de seguridad simultánea añadida. Los robots de Google analizan Internet actualizando sus índices en busca de nuevos contenidos. Ahora simultáneamente analizarán y notificarán a los administradores sobre las potenciales vulnerabilidades en sus aplicaciones.


Observamos que a nivel técnico Google es un monstruo, un pionero… pero en estas artes tecnológicas ni Google alcanza a prever la correcta protección y salvaguarda de los derechos que cercan su actividad. Ciertos detalles legales no son tenidos en cuenta y se quedan atrás mientras que su impacto llega a todas las dimensiones de nuestra realidad, incluida la legal.

Hace unos días un jurado de la Corte del Distrito de Riverside (California) ha concedido a Mattel, el mayor fabricante de juguetes del mundo (entre ellos la famosa “Barbie”), una indemnización por daños en importe de 100 millones de dólares por considerar que MGA Entertainment, su principal competencia en la venta de muñecas, es culpable de tres cargos de interferencia contractual así como también de vulneración de copyright por contratar a Carter Bryan, diseñador de “Bratz”.

En efecto, el Jurado determinó que Carter Bryan había desarrollado los primeros bocetos o diseños de las modernas muñecas, que posteriormente se llamarían “Bratz”, mientras trabajaba para Mattel como diseñador de trajes para la “Barbie”. Debido a esta relación laboral entre diseñador y empresa en el momento de la concepción de dichos diseños, éstos se consideran lo que en el sistema anglosajón se conoce como “work made for hire” (obra por encargo).

A diferencia de lo que ocurre en España, mediante esta figura de “work for hire” una empresa o persona jurídica puede ser considerada autor de cualquier obra realizada por alguno de sus empleados dentro de las funciones por las que ha sido contratado o incluso autor de toda obra que haya sido expresamente encargada a una persona independiente a la empresa siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.

En España por el contrario, las cosas no suceden de esa forma. En primer lugar, sí es cierto que existe en virtud del artículo 51 de la Ley de Propiedad intelectual vigente, una presunción de cesión en exclusiva al empleador de los derechos de explotación sobre una obra creada por uno de sus empleados. Pero también es verdad que es una situación que se rige por lo pactado y por lo tanto podría haberse acordado lo contrario en el contrato laboral entre ambos.

De todas formas, aunque nada se hubiese pactado en el contrato entre las partes y se diera la presunción de cesión en exclusiva de la que hablábamos, a la empresa o empleador no se le consideraría autor de la obra sino titular derivativo de los derechos de explotación sobre esa obra, conservando el trabajador asalariado o autor, los derechos morales sobre la misma, aunque eso sí, en cierta manera modulados (pero eso es otra historia).

El quid de la cuestión estaría en determinar si, en el caso de una persona contratada como diseñador de vestidos de muñecas, lo que parece ser era el cometido de Carter en Mattel, la presunción de cesión alcanza a otras creaciones de propiedad intelectual distintas a aquella específica tarea para la que fue contratado. Mientras en EEUU el concepto del “work for hire” alcanzaría a todas las creaciones, en España podría ser un tanto discutible, especialmente habida cuenta del carácter favorable al trabajador de la jurisdicción social. Por lo tanto, sería altamente recomendable no confiarse a la cesión por presunción legal e incluir una cláusula en este sentido en el contrato de trabajo.

Así que, visto lo visto, aquí en España a lo mejor Mattel no hubiese tenido la misma suerte y el señor Bryan podía haber hecho lo que hubiese querido con sus diseños. Sin embargo, todo este asunto ha tenido lugar en California (U.S.A.) y por eso mismo, según dicen algunos, “Era una Batalla de Muñecas y Barbie ha ganado”.

Actualmente el tener un blog es de lo más habitual. Esta forma interactiva de compartir opiniones da lugar a comunidades con todo tipo de intereses en común que van dejando sus artículos por su sencilla forma de publicación. Así es “El blog de Legalarte” un blog particular que llama a todo tipo de profesionales y particulares, en su tiempo libre o para liberar su tiempo.

Blog, palabra de moda, proviene de las palabras web y log, es lo que muchos llaman una bitácora de red. Efectivamente se usa para contar y narrar con alta periodicidad y en orden cronológico inverso. Hoy, esta publicación online es el fenómeno de mayor actualidad. Actualmente incluso la Real Academia de la Lengua se plantea si incorporar el término. Al margen de eso, hablemos del blog y por supuesto, los bloggers.

Blogger es el que escribe en un blog pero más concretamente el que administra y entre nosotros, en principio, el que manda. ¿El que manda?

Actualmente ya hay jurisprudencia para saber un poco más cuál es la perspectiva legal actual pero ese “hay” se refiere a un modestísimo plural. Recientemente en España, un blogger se sentó frente a la SGAE. Visto para sentencia, el juicio que ha enfrentado a la SGAE y a Julio Alonso, director ejecutivo de WeblogsSL (la mayor red hispana de blogs), será resuelto próximamente y puede crear un precedente jurídico. Julio Alonso publicó en abril de 2004  un post en su blog informando sobre una campaña de Google Bombing contra la SGAE. El Google Bombing es un método para colocar ciertas webs en los primeros resultados de una búsqueda en Google utilizando un texto específico y en este caso, se estableció un enlace a la página de la SGAE con el título “ladrones”. Respecto a esto se sucedieron las críticas a la SGAE. La SGAE advirtió a Julio para que quitara esos comentarios pero éste sencillamente argumentó que era información y que tenían derecho a réplica. Aún así la réplica no la autorizó y la SGAE respondió por otras vías, la judicial.

El hecho de que las sentencias emitidas al respecto sean escasas, son, para el director del blog, una desventaja ya que él mismo manifestó a los medios: “Al juez le tienes que explicar qué es un blog, qué es una URL o qué son los comentarios… si se pueden sacar o no… la tendencia es aplicar la ley de prensa cuando el mecanismo de un medio de comunicación es distinto: hay directores de contenidos, redactores, editoriales todo lo que se publica forma parte de un proceso”.

Efectivamente al juez y a tantos en Derecho que trabajarán con casos como éste, habrá que explicarles con paciencia el mecanismo y sutilezas de la red y su jerga. Actualmente hay denuncias (y este “hay” es un ya respetable plural) contra bloggers por lo que cuelgan en sus post. De nuevo, la libertad de expresión y el derecho al honor abanderadas frente a frente; de nuevo y lo veremos, habrá que ver dónde la información delimitará la libertad de expresión y el derecho al honor.

Veremos qué pasa: y mientras… debería Julio pagar una indemnización? retirar el post? publicar una rectificación?

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