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Han surgido muchas preguntas alrededor del tratado ACTA. Debido a su secretismo y a que su texto no es todavía definitivo poco se sabe realmente.

El tratado ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), es un acuerdo comercial de índole internacional y plurilateral enfocado a crear un marco legal que legisle a nivel global la piratería de bienes tangibles y digitales, con el objetivo de proteger la economía global, y específicamente la industria del copyright. En un primer momento los países negociadores eran la Comisión Europea (a cargo de la política comercial de los 27 países de la Unión) con Estados Unidos, Japón y Corea del Sur; a éstos, posteriormente, se unieron Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Canadá. Desde el 2008 se han celebrado sesiones a puerta cerrada que han tenido lugar en diferentes países de los que se encuentran en la negociación. Esta circunstancia y el hecho de que las negociaciones y sucesivos borradores del tratado  no estén supervisadas por ninguna organización internacional, ha suscitado críticas y recelo por parte de los sectores involucrados.

La presencia de Estados Unidos y la Unión Europea es notoria y da relevancia internacional a las negociaciones que han tenido lugar desde el principio de forma secreta. El ACTA se está negociando desde 2008 y está dirigido a mejorar los niveles de ejecución de los derechos de propiedad intelectual y restringir el comercio de artículos falsos o ‘pirateados’, como música, películas y medicamentos. En concreto, el documento nació con la intención de perseguir a quienes elaboren o distribuyan programas que desactiven DRM (sistemas anticopia) y obliga a los proveedores de acceso a Internet a controlar el tráfico de sus clientes para evitar el intercambio o distribución de material protegido por copyright.

Los usuarios internautas, los proveedores de servicios de Internet en Europa, investigadores y especialistas de derechos humanos han estado muy pendientes de todo lo que se pudiera filtrar sin que se tuviera del todo la seguridad de que lo filtrado se correspondía con lo negociado. En determinados momentos se han filtrado posibles borradores que alarmaron a los grupos de presión y a los defensores de la libertad digital.

Los textos filtrados desvelaban, entre otros puntos:

  • La presunta intención de implementar el formato de “tres avisos” (Ley Hadopi de Francia y FRA en Suecia), en todo el mundo;
  • La posibilidad de que los titulares de los derechos puedan acceder a la información personal de un usuario, de ser éste sospechoso de descargar contenidos con propiedad intelectual, sin necesidad de resolución judicial.
  • La posibilidad de que sean los proveedores de Internet los responsables de implementar la tecnología necesaria para monitorear el contenido que circula en la red y definir si su uso es legal o ilegal.

El secretismo tan sólo alimentó la inseguridad y el escepticismo. Incluso se llegó a elucubrar que la ley Hadopi de Francia o las leyes discutidas en España e Italia sobre el uso de Internet, eran un primer paso en la aplicación de ACTA, que ya estaría aplicándose en parte de Europa a pesar de no haber sido todavía firmado. Y es que una de las preocupaciones principales era cómo se armonizarían las tan diferentes legislaciones de los diferentes países negociadores y sobre todo, qué camino se tomaría para “legislar Internet” a nivel global. Sin embargo y por eso mismo, debido a su dimensión y dificultad, desde algunas de las instituciones del sector se defendía la necesidad de mantener a puerta cerrada las negociaciones.

A principios de este año, el Parlamento europeo también mostró su preocupación por el secretismo con que se llevaban las negociaciones internacionales del tratado ACTA. Si bien los eurodiputados se manifestaron a favor de la lucha contra la falsificación y el respecto a los derechos de autor, reivindicaron el respeto de los derechos civiles. Por ello, la Comisión Europea publicó, el 21 de abril de 2010, el borrador del Acuerdo Comercial Antifalsificación, actualmente en su octava ronda de negociaciones.

Defienden desde la Comisión que el objetivo general del ACTA es dirigirse a infracciones de derechos de propiedad intelectual a gran escala, que tienen un impacto económico significativo por lo que no limitaría los derechos de los ciudadanos ni perjudicaría a los consumidores. El texto pretende fijar unas normas marco de protección de los derechos de propiedad intelectual, en concreto, cómo los innovadores y creadores pueden defender sus derechos en los tribunales, en las aduanas y en Internet.

Finalmente parece que el “PUBLIC Predecesional/Deliberative Draft” es más garantista con los derechos y libertades de los usuarios de Internet de lo que parecía. Con motivo de su publicación se ha señalado que la intención de este borrador es que los proveedores de Red sean los encargados de, por un lado, retirar contenidos denunciados por los titulares de los derechos de autor, sin perjuicio de que una autoridad judicial o administrativa pueda también solicitarlo. Por otro lado, y también a petición de los titulares de derechos que den “razones válidas” sobre presuntas violaciones de dichos derechos, los proveedores de Red se verían obligados a revelar la identidad de un usuario. Asimismo, entre otros asuntos y como estaba previsto, el borrador prevé penalizar cualquier elusión de los sistemas anticopia, e incluso la fabricación, importación o comercialización de productos o ‘software’ cuya finalidad sea, o pueda ser, saltarse dichos sistemas anticopia.

Bruselas asegura que el texto está “plenamente en consonancia con la actual legislación de la UE, lo que significa que se limita a la observancia de los derechos de propiedad intelectual y no se incluyen disposiciones que modifican el derecho sustantivo de propiedad intelectual”. Insisten que no se crean nuevos derechos y no cambia la duración de los mismos.

A pesar de tener un borrador oficial sigue el escepticismo puesto que lo dispuesto en este Acuerdo, por su dimensión, podría cambiar el mundo de Internet. Voces críticas han señalado que el acuerdo, tal y como está propuesto, se centra sólo en medidas penalizadoras.

Aún así, a estas alturas de negociación se observan múltiples discrepancias entre los diferentes países negociadores. A nivel europeo, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento europeo debe ser consultado de las negociaciones internacionales en las que participe la Unión Europea por lo que el ACTA tendría que pasar este último filtro para ser de aplicación en los Veintisiete.

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Me complace extraordinariamente anunciar que LEGALARTE ha llegado a un acuerdo con ESPACIO LEGAL, Despacho asturiano especializado en derecho fiscal, financiero y bancario, para colaborar en los asuntos cuya competencia venga atribuida a Juzgados de Madrid y alrededores, relacionados con nulidad de contratos SWAP, IRS, Clips y demás productos similares que algunos directores de sucursal de determinadas entidades financieras “vendieron” como “seguros contra la subida de los tipos de interés”  y que están asfixiando a muchos particulares y PYMEs.

El Abogado-director de los procedimientos será el asturiano MARCELINO TAMARGO, sobradamente conocido en los foros y círculos de afectados, por ser el Letrado que ha obtenido ya varias condenas contra entidades financieras, y, entre ellas, la que quizás es la Sentencia más sólida y fundamentada dictada hasta ahora en la que se declara la nulidad de un “Contrato de gestión de riesgos financieros”, en este caso concreto contra Bankinter (se siguen procedimientos contra Banesto, B. Popular, La Caixa, etc., etc.). En este caso concreto nos referimos a la impecable Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Gijón en fecha 21 de enero de 2010, que se adjunta.ST SWAP GIJON

Esperamos que esta nueva colaboración sea beneficiosa para ambas partes y, sobre todo, para los clientes.

Plataformas como Youtube y radios como Spotify o Last.Fm son muy populares debido a que usan la técnica del streaming para emitir sus contenidos. Permiten acceder a archivos de vídeo o pistas de audio sin que haya necesidad de bajar los discos y archivos al ordenador. Lo óptimo de esta tecnología, cuyo origen situamos en 1995, es poder reproducir un contenido a partir de un archivo situado en un servidor de Internet sin necesidad de descargarlo antes. El archivo se descarga al ordenador, pero en forma de flujo de datos, y sólo permanece de forma temporal.

La descarga de archivos mediante aplicaciones P2P ha descendido en el último año debido a los servicios para audio y vídeo en streaming y al aumento del ancho de banda en los hogares españoles. Y es que el “descubrimiento” del streaming estaba condicionado a poder acceder a un mayor ancho de banda ya que con conexiones de 3, 6, 10 y 20 Mbps, podemos acceder a un contenido con calidad DVD o superior, en tiempo real.

Poder reproducir los contenidos sin retrasos o tiempos de espera ha sido otro de los hitos en la era Web 2.0. En concreto ha supuesto un antes y un después principalmente para las industria musical y audiovisual, para bien y para mal.

Por primera vez en España la actividad de una página web de contenido audiovisual a través del sistema “streaming” ha sido condenada con una pena de un año de prisión, 12 meses de multa y una indemnización de cerca de 2.000 euros por considerarse un delito contra la Propiedad Intelectual. Se trata de una sentencia de conformidad. El acusado ha llegado a un acuerdo con las denunciantes con el fin de no alargar el juicio, y evitar la posibilidad de una pena mayor.

El origen fue una denuncia a finales del 2006 contra tres páginas web, http://www.simonfilms.tv, http://www.siglox.com y www.maxivideos.tv. Estas páginas ofrecían películas (estrenos y éxitos del mercado) para su visionado a través de streaming. Las páginas, eran propiedad de una S.L. con domicilio en Vigo, y ha sido el Juzgado de lo Penal de Vigo el que ha condenado al gerente y administrador único de esta sociedad.

La gran pregunta: ¿El ánimo de lucro?

Ya comentamos con el asunto del portal www.infopsp.com que el ánimo de lucro excluye del ámbito de la represión penal las conductas en las que no concurre dicho ánimo. En este caso el visionado de los contenidos de estas páginas reportaba a la sociedad un lucro comercial: exigía la suscripción que tenía un precio de un Euro (1€) con una compra mínima de diez películas.

La Circular 1/2006 de la Fiscalía General, que tanto tropieza con la defensa de los intereses de la industria de contenidos, no supuso ningún obstáculo los propósitos de la acusación:

[…] “El elemento del ánimo de lucro debe ser interpretado, no en el sentido amplio de obtención de cualquier tipo de ventaja, utilidad o beneficio, sino en el sentido estricto de “lucro comercial”.

La Circular 1/2006 de la Fiscalía General no contempla como “lucro” los beneficios que se pudieran obtener a título particular con las descargas, siempre y cuando los tales descargas no supongan operaciones “comerciales” posteriores.

En contraposición, la Audiencia Provincial de Valencia, ha vuelto a estimar otro recurso de la acusación particular ejercida por las compañías cinematográficas y de videojuegos en un tema de descargas ilegales a través de Internet. El Auto dictado indica de forma expresa que “no puede descartarse en la instrucción el ánimo de lucro en el encausado pues la exhibición del material tenía la función de enriquecerse con las obras ajenas gracias a la publicidad“. Ha sido contra la web http://www.divxonline.com dedicada al intercambio de contenido audiovisual.

Para confirmarlo, el Auto añade sobre la actividad de la página web que “parece desprenderse que el principal atractivo para la captación de publicidad era la emisión del material protegido por la ley de propiedad intelectual.” Y finaliza así “por todo ello, y ante las implicaciones criminológicas de las nuevas tecnologías, este Tribunal estima que resulta acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva proclamada en el art.24.2 de la C.E., que se prosiga el proceso“.

Está claro que para obtener ingresos por medio de una página web hay que  “colgar” un contenido lo más atractivo posible porque del contenido depende el número de visitas. Si hay un número importante de visitas, los anunciantes se interesarán por la página web y contratarán con el titular espacios publicitarios, u otras modalidades de explotación publicitaria. El problema está cuando NO se utilizan contenidos propios o autorizados.

El spam, mensajes no solicitados, era hasta hace relativamente poco un concepto limitado a las comunicaciones a través de Internet y en concreto, a través de correo electrónico (“mailing”). Estas prácticas comerciales por vía electrónica ya fueron tenidas en cuenta en el Título II de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Al año siguiente, la redacción del Art. 21 de dicha norma, se modificó conforme a la disposición final primera de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones: “Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. […]”.

Con motivo del abaratamiento de las comunicaciones, el spam llegó también a la telefonía. La publicidad telefónica, en un momento próspero, ha generado el spam telefónico y es frecuente recibir llamadas no deseadas a horas insólitas que provocan confusión y/o indignación entre los receptores. No es tanto la publicidad en sí, como las formas, los horarios, o la manera en que se lleva a cabo la campaña lo que convierte la práctica comercial en agresiva. Gracias a las nuevas tecnologías como la tecnología de Voz sobre IP, (VoIP) y a través de un software que ejerce la función de marcador automático y “predictivo”, es posible realizar un plural desorbitado de llamadas en busca de posibles clientes. Estas prácticas pueden modificar el comportamiento económico de los consumidores e inducir a error a los destinatarios en temas como la asistencia post-venta a la vez que suponen acoso en la media en la que no fueron permitidas.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 22 de diciembre la ley que prohíbe el spam telefónico y otras prácticas comerciales agresivas trasladando al ordenamiento jurídico español dos disposiciones del Parlamento Europeo y del Consejo: la Directiva 2005/29/CE relativa a prácticas comerciales desleales, y la 2006/114/CE, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. Esta norma cambia el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad ilícita. A su vez, aumenta la seguridad de los consumidores en tanto en cuanto el spam telefónico, al ser una conducta tipificada de agresiva y desleal, es perseguible. Respecto a esto último busca proporcionar garantía jurídica a las empresas que compiten legítimamente en el mercado.

Publicada en el BOE del 31 de diciembre de 2009, la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, introduce modificaciones en cuatro leyes generales: Modificación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (Artículo primero); Modificación de Ley General de Publicidad (Artículo segundo); Modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (Artículo tercero); y la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (Artículo cuatro).

Con esta Ley se establece un régimen jurídico unitario para todos los actos de engaño y para las prácticas agresivas, y se exige el mismo nivel de corrección con independencia de que los destinatarios de las actividades comerciales, sean consumidores o empresarios. Para combatir todo el tipo de prácticas señaladas, el nuevo texto legal prevé la posibilidad, de emprender, entre otras, acciones de cesación del acto o prohibición de reiteración, de rectificación y de resarcimiento de daños por parte de los afectados y las autoridades competentes.

Hasta ahora asociaciones españolas vinculadas al marketing directo aseguraban tener en cuenta la Directiva 2005/29/CE en un código deontológico. Si bien, la nueva legislación da una mayor cobertura y unidad que evita las prácticas comerciales desleales sobre todo de aquéllas compañías de telemarketing que no seguían las recomendaciones europeas. En este sentido y con carácter preventivo, la Ley 29/2009 prevé un nuevo capítulo, el V, a la Ley de Competencia Desleal destinado a regular los códigos de conducta entre las organizaciones empresariales y profesionales que ayuden a controlar las prácticas publicitarias desleales de las empresas y a elevar el nivel de protección de los consumidores. Las organizaciones de consumidores también se tendrán en cuenta en la elaboración de esos códigos que, obviamente, han de respetar la normativa de defensa de la competencia. Por otra parte se les dará una publicidad suficiente para que lleguen debidamente a sus destinatarios. Finalmente y para asegurar el cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos por las empresas adheridas, estos sistemas de autorregulación asignarán órganos independientes de control y establecerán sistemas eficaces de extrajudicial de reclamaciones que cumplan los requisitos establecidos por la normativa comunitaria.

Esta ley sale al paso de las cada vez más numerosas reclamaciones de consumidores ante prácticas comerciales abusivas. En vigor desde el 1 de enero de 2010, las empresas y profesionales disponen de dos meses para tener en funcionamiento los medios necesarios que permitan dejar constancia de la negativa de los consumidores a seguir recibiendo propuestas comerciales de dicho empresario o profesional. En el sector se preveía que sería antes del mes de marzo cuando resulte de aplicación práctica real. Ya estamos en febrero así que vamos a ver si esos dos meses nos aportan un poco de seguridad jurídica a la hora de coger el teléfono. Mientras los cursos de los teleoperadores cambian radicalmente a prácticas menos agresivas, al menos, los destinatarios de la publicidad ya tenemos opción real al NO, GRACIAS.

Una vez que se ha conocido la concreta plasmación sobre la protección de la propiedad intelectual en Internet recogida en la D.A. 1ª del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado el pasado día 8 de enero de 2010 por el Consejo de Ministros, han seguido proliferando las opiniones y glosas variopintas a la regulación adoptada por el Gobierno.

Dado que la brevedad del espacio obliga a la concreción, me limitaré a intentar desvirtuar lo que creo es un enfoque grave en el planteamiento de la cuestión que se repite en casi todas las opiniones que he podido leer.

Se oyen muchas voces en contra de que se otorgue a la propiedad intelectual, un derecho privado y de naturaleza patrimonial, un status de protección reforzada, al modo de la protección dada al orden público, la seguridad pública, defensa nacional, la salud o la infancia, y los derechos fundamentales. Siguiendo con el mismo razonamiento, no se entiende cómo se tutela por un órgano administrativo, cuyo control se somete a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Creo que este es un error de planteamiento grave, ya el interés protegido supera con creces los meros intereses patrimoniales de los titulares de derechos.

Con las cifras de Piratería que se manejan (por poner algún dato, la industria musical ha bajado un 60% su facturación, en informática hay una penetración de un 55% de piratería…), esas Industrias Culturales, que representan algo más del 5% del P.I.B. y que dan trabajo a un 2,5% de la población activa, están claramente desprotegidas, en recesión y en fase de desinversión.

No sé si ingenua o intencionadamente, se nos quiere hacer creer que se intenta proteger a los titulares de derechos, con la vanalización de personalizarlos en “personajes” concretos (“los de la ceja”, por ejemplo), cuando esto dista mucho de la verdad.

Lo cierto es que, cuando alguien organiza una empresa legalmente y otra persona puede sustraer ilegalmente sus contenidos y organizar un negocio paralelo a coste cero o mínimo, se pone en entredicho la seguridad del tráfico económico, y eso es algo inconcebible en un Estado de Derecho.

El bien jurídico protegido, por lo tanto, no son los derechos patrimoniales individuales, sino la misma seguridad del comercio, que no es ni más ni menos que una cuestión de orden público.

En España tenemos una larga tradición de protección legal del comercio, que, bajo el nombre de “paz del mercado”, se extendió desde el Fuero de León de 1017 a los demás Fueros medievales. Los mercados medievales y los caminos que permitían el acceso a los mismos, se colocaron directamente bajo la protección del Rey. Y así ha venido siendo desde entonces hasta hace unos años.

La protección del comercio es una cuestion de ORDEN PÚBLICO, por encima de los intereses particulares, porque se refiere, ni más ni menos, al normal funcionamiento de las instituciones, a la paz social y a la seguridad jurídica.

Citamos, a modo de ejemplo, la definición de orden público dada por el Tribunal Constitucional:

STC de 12 diciembre 1994: En definitiva, tal seguridad se bautizó ya en el pasado siglo con la rúbrica del “orden público”, que era concebido como la situación de normalidad en que se mantiene y vive un Estado, cuando se desarrollan las diversas actividades colectivas sin que se produzcan perturbaciones o conflictos. En definitiva, el normal funcionamiento de las instituciones y el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales según lo definía la Ley homónima 28 julio 1933, durante la Segunda República. Tal era el sustrato, también, de la que con la misma rúbrica y finalidades había promulgado el 23 abril 1870, bajo la Constitución de 1869.

STC de 16 de septiembre de 2002: “El orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y, en las cuales el interés general de la sociedad y del estado supedita el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica (…).”

Desde la aparición de las autopistas de la Información, los caminos por los que circulan las mercancías susceptibles de ser digitalizadas ya no son físicos, y, por lo tanto, se hacen más difíciles de proteger. Del tradicional delito individual y aislado contra la propiedad analógica, se pasa a una defraudación masiva de la propiedad digital, que se generaliza y resulta imposible de perseguir individualmente. Esta masificación transciende el interés particular y se convierte en una cuestión del orden público, incluso supranacional, ya que los titulares últimos son mayoritariamente extranjeros, lo que nos hace responsables ante nuestros socios comunitarios y comerciales. Esto justifica sobradamente la protección del Estado y el recurso a la vía administrativa.

Internet es una nueva revolución industrial. Los contenidos digitales y el comercio electrónico se han posicionado de tal forma que suponen una nueva concepción de consumo, de la comunicación y en definitiva, otra forma de ver el mundo. Su mayor logro es que domina elementos que son los mayores enemigos del resto: espacio y tiempo.

Atendiendo a las fechas y a esta tecnología que nos permite compartir lo que nos gusta, antes de seguir con nuestros temas, os felicitamos el año.

SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Internet ha estado en el último año en boca de todos y seguirá. A finales del año que despedimos se desató la polémica por el intento de regular el control sobre descargas ilegales. Recordamos que al conocerse los detalles del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en diciembre, la alarma social se difundió como la pólvora ayudada por los medios de comunicación e Internet. Respaldados en una ley que nada tenía que ver, en principio, con la salvaguarda de la Propiedad Intelectual si no era por la forzada disposición final primera que sembró el caos, internautas y usuarios se lanzaron a la protesta. Tras un aluvión de comentarios y críticas, nosotros escribimos nuestro post y Zapatero salió al paso precipitadamente asegurando que no se cerrarían páginas sin una orden judicial. (…)

Ahora las medidas para luchar contra la piratería que prevé la Ley de Economía Sostenible se presentarán en el primer Consejo de Ministros del año, el viernes día 8 de enero. El proceso sigue adelante y la controvertida disposición adicional, con algunos cambios técnicos, según se ha indicado, también. (…)

Será la futura Comisión de Propiedad Intelectual la encargada de recibir y tramitar las denuncias de los propietarios de los derechos de autor vulnerados y de presentar la petición de medidas cautelares ante el juez. El procedimiento a seguir combina un proceso administrativo con la asegurada autorización judicial.

PROCESO ADMINISTRATIVO

– La Comisión de Propiedad Intelectual recibe la denuncia de los propietarios de derechos, estudia el caso y comprueba si se están infringiendo derechos de propiedad intelectual.

– Seguidamente notificará a la web la denuncia y los responsables tienen un plazo para presentar alegaciones.

– Si éstas carecen de fundamento o no son suficientes, la Comisión notificará oficialmente a la web que desaloje los archivos de los que está haciendo un uso ilícito y le dará un plazo para ello, dando por finalizado el proceso administrativo. Las páginas web que voluntariamente retiren los contenidos protegidos por derechos de autor que hayan colgado en Internet sin autorización no serán penalizadas con ninguna sanción. Esta es una de las garantías que se quiere otorgar a las web en el procedimiento que prepara el Gobierno para regular las descargas de Internet.

PROCESO JUDICIAL

– Si no hay rectificación, entonces la Comisión podrá solicitar ante el juez medidas cautelares que consistirán en “la interrupción de la prestación de los servicios de alojamiento o almacenamiento de datos” en el caso de páginas nacionales (es decir, el cierre), o el bloqueo a sitios web extranjeros con contenido ilícito que deberán llevar a cabo los operadores nacionales de acceso a Internet. En esta fase judicial del caso, los plazos se reducirán al mínimo.

– El juez no entra en el fondo del asunto (¿?). Sólo decide si la Comisión es pertinente para pedir el cierre de la web en cuestión, y si con ésta no se vulnera algún derecho fundamental, como por ejemplo, el derecho a la información o a la libertad de expresión (si es que procede, entiendo). Desde que la Comisión lleve al juez el caso hasta que éste ordene o deniegue medidas cautelares transcurrirán días, pero, en cualquier caso, menos de un mes. Ambas partes podrán dilucidar luego, en un procedimiento judicial ordinario, el fondo del asunto.

Se pretende introducir este mecanismo en un reglamento que desarrolle la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. En el reglamento se fijarían además los plazos definitivos y la composición y funciones de la Comisión de Propiedad Intelectual. Teniendo en cuenta que los reglamentos no pasan por el Parlamento hay quien no aprueba que no sea en la propia Ley la que desarrolle y garantice el procedimiento.

Así lo indican los medios de comunicación. Así advertimos que estamos muy pendientes de lo que vaya pasando porque actualmente con tanta información no exacta se nos ocurren muchas preguntas a las que aún no encontramos respuesta. En la página web, el anteproyecto no presenta variación alguna en este sentido. (…)

Apuntar que también este viernes, y con algo de retraso respecto a la fecha prevista, se presentarán las conclusiones realizadas por al Comisión Interministerial creada para luchar contra la piratería. Sus conclusiones son producto de las aportaciones y sugerencias de los diversos sectores afectados, entre ellos la Coalición de Creadores.

Se aprueba en el Consejo de Ministros la creación de la Comisión Interministerial para impulsar la lucha contra la vulneración de la Propiedad Intelectual en Internet

El viernes 9 de octubre y un año más tarde de que se hubiera anunciado, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se crea la Comisión Interministerial de Trabajo para el asesoramiento en la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet. Dicha comisión estará formada, en principio, por representantes de los Ministerios de Justicia, Industria, Interior y Cultura.

Las negociaciones entre las telecos y la industria de contenidos para buscar una postura común en la lucha contra la descarga de contenidos protegidos no prosperaban y se pedía desde antes del verano que el Gobierno mediase o participase para avanzar con las propuestas. Se le había pedido al Ejecutivo y en especial al Ministerio de Industria. A pesar de que en con esta misma misión ya se creó la Comisión Intersectorial contra la Piratería, dependiente del Ministerio de Cultura, ésta se ha centrado en realizar campañas de sensibilización entre los usuarios.

La nueva comisión se centrará en diseñar un marco legal y mejorar la acción judicial en vía civil y penal como principal medio para la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en el intercambio de archivos en Internet.

Los Ministerios que componen la Comisión elevarán conjuntamente al Consejo de Ministros las propuestas que correspondan, de acuerdo con las primeras conclusiones de la Comisión, antes del día 31 de diciembre de 2009.

El pasado 22 de mayo se aprobó la Carta de Derechos del Usuario de los Servicios de Comunicaciones Electrónicas por Real Decreto 899/2009. De esta forma se traslada la Directiva europea relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva del servicio universal, 2002/22/CE) al ordenamiento jurídico español. Dicha regulación viene a derogar la normativa hasta ahora vigente en materia de derechos de los consumidores de servicios de comunicaciones electrónicas, incluida en el Título VI del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.


La nueva normativa, que entró en vigor el 30 de agosto, conserva todos los derechos ya reconocidos en el actual marco de protección de los usuarios, y añade otros veinte nuevos derechos para reforzar el nivel de protección de los usuarios de telecomunicaciones en España. Las previsiones de la Carta se refieren principalmente a los contratos; las altas, bajas y cambios de operador; la velocidad del acceso a Internet; las indemnizaciones por interrupción del servicio; los derechos de los abonados prepago; la facturación y medios de pago; servicios de atención al cliente y el procedimiento para la presentación de reclamaciones


Una de las novedades con mejor acogida es que la portabilidad de los números de teléfono ya no podrá prolongarse más de dos días. Pero sin duda las que más ayudarán a evitar luchas y llamadas, ciertamente cercanas al acoso, son las medidas relativas a las altas, bajas y cambios con los proveedores. Ahora desde la solicitud de la baja del usuario el operador tiene derecho a facturar 2 días adicionales. Además el operador no podrá continuar facturando una vez se ejecute la portabilidad o el cambio de operador de ADSL. Si el operador tiene noticia, a través de los procedimientos regulados de acceso a las redes, de que un abonado se ha dado de alta con otro operador, deberá considerar que se ha dado de baja con él. Así se evita que el operador continúe facturando a un usuario que ya ha cambiado de compañía.


Entre las principales novedades de la Carta están también las que se refieren a las formalidades del contrato. Se ha ampliado el contenido que debe figurar en los mismos. Para garantizar la información al usuario será obligatorio que figuren en el contrato hasta dieciséis extremos. A partir de estas estipulaciones, el operador no puede modificar condiciones de servicio si no es avisando con un mes de antelación. Como respuesta ante futuros cambios el usuario puede dar por resuelto el contrato sin penalización alguna. Así mismo el usuario tendrá derecho a que se le envíe un documento acreditativo al dar de alta o de baja cualquier servicio. Las reclamaciones podrán realizarse por teléfono, con la posibilidad de pedir también un documento acreditativo y deberán responderse en el plazo de un mes.


Las averías darán derecho a indemnización automática sin necesidad de que la solicite el usuario. En telefonía fija y móvil, si la cuantía es superior a un euro y en Internet en caso de que se acumule durante un mes averías con una duración mayor a 6 horas diurnas. Otras medidas interesantes son que desde ahora se podrá elegir la forma de pago de entre las más comunes y no podrá imponerse la domiciliación bancaria. Por otra parte se refuerza la protección frente a altas fraudulentas otorgando a la Administración mayor poder sancionador en casos de altas sin consentimiento, como el slamming.


La parte más criticada por las asociaciones de usuarios es que se ha mermado la defensa del usuario en materia de velocidad del acceso a Internet. En relación con la velocidad de transmisión de datos en el acceso a Internet, la Carta prohíbe publicitar velocidades que excedan de la permitida por una determinada tecnología. Además, los operadores estarán obligados a informar a los usuarios, antes de contratar, sobre los factores que influyen en la velocidad efectiva de su línea. Los usuarios hacen notar que no consta la promesa de garantizar el 80% de la velocidad teórica.

El gigante Google diversifica sus productos y aplicaciones. Ésta es una empresa pionera en Internet que abarca cada vez más. Últimamente hemos oído hablar de Google Voice, Google Wave y por supuesto, hemos oído hablar del nuevo sistema operativo Google Chrome. Apuesta en innovación y así nos ofrece situaciones que crean nuevos planteamientos muy interesantes al menos, jurídicamente.


Recordamos la entrada en la que comentábamos el acuerdo histórico alcanzado por Google y las principales asociaciones editores y autores de EEUU. En ese momento hablamos de la interpretación que Google hace del “fair use” al indexar contenidos de terceros. La consecuente demanda colectiva de Authors Guild acabó con este acuerdo por el que Google ofreció a los autores un modelo de compensación económico que les permitirá percibir el 63 por ciento de las ganancias por las ventas de Google Books. Tras el anuncio de este acuerdo muchos siguen creyendo que el uso que hace Google de los fragmentos de libros no es lícito y que este “arreglo” entre sectores no es más que un mensaje equivocado que no tiene en cuenta los derechos de autor. Otros críticos dicen que dicho acuerdo excluirá a los competidores, pues entrega de manera exclusiva por varios años los derechos de comercialización a Google de millones de obras. Incluso el Departamento de Justicia de EEUU debe analizar los alcances de dicho acuerdo para evitar que se violen las leyes antimonopolio. Por un comunicado del pasado 28 de abril de los autores y editores estadounidenses, se ha sabido que el tribunal de Nueva York ha pospuesto del 11 de junio al 7 de octubre la audiencia en la que se presentarán las alegaciones al acuerdo, y en la que además, se decidirá sobre su validez.


Entre los libros escaneados hay títulos cuyos derechos corresponden a autores europeos. En Alemania se ha lanzado una “apelación Heidelberg” reclamando que se está robando la propiedad intelectual a los autores del país. Reino Unido y Francia expresaron también su preocupación por lo que la Comisión Europea estudiará si las acciones de Google Books son irreconciliables con los principios de la ley europea de derechos de autor. El tribunal de Nueva York que está al cargo del caso ha ampliado el plazo del 5 de mayo al 4 de septiembre para que lo titulares de derechos puedan decidir si se mantienen en el acuerdo o, si por el contrario, deciden no formar parte de él. En España casi 9.000 autores y 900 editoriales van a ser representados por Cedro para solicitar las compensaciones que les puedan corresponder por la digitalización no autorizada de obras que haya podido hacer Google en los últimos años.


Ahora Google cuenta con un nuevo opositor cada vez más poderoso: laOpen Book Alliance” (la Alianza del Libro Libre), una coalición que se opone al acuerdo alcanzado el pasado octubre entre Google y las asociaciones de editores y autores American Publishers y Authors Guild. Microsoft y Yahoo, antiguos enemigos irreconciliables, han aparcado sus diferencias para unir fuerzas ante el gigante de Mountain View en el campo de los buscadores y la publicidad contextual en Internet. Amazón, que entre sus ventas posee un activo importante derivado de los libros elctrónicos, se suma a la Open Book Alliance (OBA), para emprender acciones legales contra Google Books, el proyecto de digitalización de libros que aspira a crear una gigantesca biblioteca virtual. Liderada por el abogado especialista en temas antimonopolio, Gariel Reback, defenderán que la biblioteca virtual de Google Books supone un amenaza para el libre comercio.


Lo cierto es que otras empresas de libros y publicaciones diversas pueden verse afectadas por dicho acuerdo por lo que la OBA puede llegar a ampliarse. Todo se prepara para una nueva serie de procesos en los tribunales y quizá un nuevo acuerdo, o ninguno. Veremos qué pasa. En el amplio mercado que abarca Google en Internet no sólo entran en conflicto cuestiones de Propiedad Intelectual sino que la controversia, más allá de la gestión de contenidos, plantea también importantes cuestiones de competencia desleal.

Pero ¿Qué es un libro electrónico? Al decir libro electrónico podemos referirnos al texto: a la obra que ha evolucionado de la versión impresa a la digital; es decir, que su texto está en formato tipo word, html o PDF. O también podemos referirnos como libro electrónico al aparato que sirve para visualizar dicho texto electrónico. Para evitar confusiones a este segundo se le llama dispositivo de libro electrónico y así se diferencia de los títulos ya en versión digital.


Origen del “e-book”: La digitalización del libro se inició en 1971 por Michael Hart, como no, un chico de una Universidad de Estados Unidos. Michael Hart comenzó con la tarea de digitar en el ordenador de la universidad algunos textos libres de derechos de autor para ofrecerlos públicamente a los usuarios universitarios en su misión de difundir la información. Así inició el Proyecto Gutenberg, aún vigente, que cuenta actualmente con más de 10,000 libros electrónicos de descarga gratis vía Internet.


¿Cómo es? Una pantalla de papel electrónico no es mayor a los 3mm, es similar a la de un libro, cuenta con tinta electrónica, el texto no parpadea y los pixeles se pueden variar para facilitar la lectura. La pantalla no está iluminada y por tanto, no cansa la vista. Lo óptimo frente al papel es que cabe una biblioteca en pocos gramos. Comodidad.


Libro lectrónico

En España: Desde 1999 aparece en el diccionario de la RAE: (Del lat. liber, libri). 1. m. Conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen. 2. m. Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar volumen, que puede aparecer impresa o en otro soporte. Voy a escribir un libro. La editorial presentará el atlas en forma de libro electrónico.[…]

La Ley del Libro también lo tiene en cuenta en su Artículo 2 de forma expresa.


En el mercado supone una revolución como la de la imprenta pero también podemos verlo como una evolución natural en la era de la digitalización. Sin duda el libro electrónico es una nueva forma de transmitir el conocimiento pero la digitalización del libro en sí no puede ser una sorpresa sino un paso más en el desarrollo las aplicaciones de la tecnología.


Es el siglo XXI y el libro electrónico va a tener que plantearse la misma composición de lugar que los demás sectores donde la Tecnología aporta nuevas aplicaciones. Los hábitos del lector cambian y cambia la perspectiva para todos los profesionales del mundo del libro. La industria tendrá que adaptarse y salir al paso con un nuevo modelo de negocio. El mercado lo está haciendo poco a poco pero a nivel jurídico se plantean numerosas cuestiones:

  • Los nuevos soportes no deben perjudicar al escritor sino contribuir a la difusión de su obra. Para ello es fundamental que la gestión colectiva de derechos de autor contemple las licencias respecto a las formas de difusión de la obra con naturalidad, claridad y transparencia.

  • Por supuesto que las obras electrónicas han de ser legales y, por ello, algunos se muestran escépticos por las sombras de la Red: la piratería y el concepto de gratuidad que existe respecto al intercambio de cultura.

  • El libro electrónico es otro prisma de la relación entre el Derecho de Autor y la Tecnología. De nuevo se puede plantear la necesidad de una nueva Ley de Propiedad Intelectual o al menos, el cumplimiento de la existente.

Está claro que lo que preocupa siempre es cómo respetar los Derechos de Autor en el entorno digital. A los más puristas, que el libro no se devalúe al poder ser susceptible de intercambio en la Red. Lo que está claro es que el cambio responde a una situación global y es por tanto, inevitable.

Recientemente el Consejo de Ministros estudió en primera lectura el anteproyecto de la Ley General Audiovisual, que incluye entre otras medidas, la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. La nueva regulación hace una revisión de las normas básicas que deben regular la publicidad en televisión, fija determinadas obligaciones a los servicios de comunicación audiovisual y garantiza el derecho a la información frente a situaciones de contratos de exclusividad. Prometida y esperada, se presenta en el momento en el que la industria audiovisual está en el punto de mira por infinitos motivos. Por una parte, es la recta final para los contenidos analógicos y por otra, la ley sirve como instrumento de transposición de la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2007, que los países miembros de la Unión Europea tienen obligación de llevar a sus legislaciones internas antes del 19 de diciembre de este año 2009. El texto deberá contar con el dictamen preceptivo de distintos organismos antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros y remitido al Parlamento.


El anteproyecto de la ley revisa el sistema de ayudas a la producción de cine español. El 5% de los ingresos que han de destinar las televisiones a producciones cinematográficas puede ser destinado además a series de televisión (producto de gran éxito en la televisión comercial española y que se exporta a nivel internacional), proyectos de animación o documentales. En esta línea, amplía el número de agentes que han de contribuir con esta ayuda a la producción de contenidos audiovisuales. Los prestadores del servicio de comunicación electrónica que difundan canales de televisión y los prestadores de servicios de catálogos de programas también estarán obligados, junto a los prestadores del servicio de comunicación televisiva de cobertura estatal o autonómica, a destinar el 5% de sus ingresos a financiar la producción europea de largometrajes, cortometrajes, películas y series para televisión, documentales y productos de animación.


Esperada por un sector que aqueja un exceso de regulación parcial y fraccionaria, el anteproyecto de esta norma es considerado un paso más en la necesaria reforma del sector audiovisual. La renovación empezó con el proyecto de reforma de RTVE y se ha continuado con el proyecto de reforma de la financiación de la televisión pública (actualmente en trámite parlamentario). La norma se formula como una apuesta por la alta definición, la interactividad y la televisión en movilidad. Igualmente, se refuerzan los derechos de las personas con discapacidad, mediante obligaciones que permitan que la accesibilidad sea una realidad.


La futura Ley, albergará la creación y regulación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y el Registro de prestadores de comunicación audiovisual, cuya administración corresponde al Consejo. Será autoridad independiente con capacidad sancionadora encargada del control y seguimiento del cumplimiento de esta ley y, en general, de la normativa audiovisual de ámbito estatal. Los miembros tendrán un origen parlamentario sustentado en una mayoría cualificada de dos tercios del Congreso de los Diputados. Además, regula las licencias audiovisuales (de 15 años y renovación automática) y determina que las mejoras tecnológicas no habilitarán a sobrepasar las condiciones de la misma. Se establece el régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual y, especialmente, de aquéllos sometidos a la necesidad de licencia o concesión y autorización administrativa previa. Se regula así el régimen de concesión, arrendamiento, cesión, renovación o extinción de las licencias. Igualmente se cuidan aspectos destinados a garantizar el pluralismo y el respeto a los principios y normas de la competencia en el mercado audiovisual con el objetivo de evitar posiciones de dominio.

La norma transpone además la directiva europea relativa a la publicidad. En materia de contenidos televisivos contempla las fórmulas de Televisión Digital Terrestre de pago o de acceso condicional en vías a poder garantizar una oferta en abierto gratuita, amplia y que alcance a contenidos de interés general. En cuanto a la TDT de pago, establece que podrán explotarse contenidos total o parcialmente siempre que no sobrepase el 50 % del conjunto del espectro asignado. El Consejo será el encargado de determinar bianualmente los contenidos de interés general y el anteproyecto regula asimismo las adquisición de los derechos en exclusiva y en especial del fútbol.


Ante una Ley necesaria, obligatoria y urgente, surge la ambiciosa oportunidad de poder sentar la base de los derechos y obligaciones de aquéllos que gestionan y participan de la industria audiovisual. De cara al desarrollo del texto de la norma y su tramitación parlamentaria, las asociaciones de telespectadores han reclamado participar ya que no consideran que se haya tenido en cuenta el destinatario en el proceso de elaboración del proyecto de la Ley General Audiovisual. El bien jurídico protegido nos interesa mucho a todos. Por eso, estaremos muy pendientes.

Desde el 2004, el Foro de las Evidencias Electrónicas, organizado por Garrigues, se ha celebrado para congregar y detener a los técnicos y juristas en el progresivo e imparable entorno de las tecnologías avanzadas, proponiendo el diálogo y el intercambio de impresiones. Desde entonces, la sociedad de la información ha sido tratada y analizada por responsables del mundo jurídico y expertos afines, desde la perspectiva de la seguridad jurídica. Actualmente, este encuentro anual se ha posicionado como el “think tank” pionero en evidencias electrónicas, contenidos digitales y nuevas tecnologías. Los reconocimientos no son sólo por parte de los participantes que realmente disfrutan de la experiencia caleidoscópica ante una realidad que desafía las ciencias que conocen.


La sexta edición ha tenido lugar el pasado 3 de junio en los Teatros de Canal y hemos de dejar evidencia electrónica para tener una referencia para el año que viene que nos permita reconocer los puntos protagonistas de esta sexta entrega. Debido a que cada vez más, todo es electrónico, este año se cambió el formato como necesidad de la madurez del encuentro. Los paneles de diálogo se sucedieron durante todo el día pincelando de forma esquemática y ordenada los puntos más relevantes de una actualidad cambiante. En un formato televisivo, por supuesto con recursos digitales suficientes, los diferentes expertos intercambiaron impresiones, enfrentaron opiniones y complementaron conocimientos.


Respecto al año anterior hubo diferencias muy relevantes: la asistencia, cada vez más y mejor; el interés suscitado por la agenda acorde con la realidad y la diversidad de ponentes, la amplitud de la propuesta, el desafío del propio tema… todas ellas son razones para tener este encuentro muy en cuenta:


La tecnología cambia el mundo, y lo hace con sus luces y sombras. El Derecho siempre ha regulado las relaciones sociales. Desde hace años somos conscientes del vertiginoso desarrollo que están teniendo las tecnologías y cómo éstas influyen  de forma directamente proporcional en dichas relaciones. Las nuevas tecnologías se han ido descubriendo y ahora despliegan sus herramientas y utilidades exhibiendo un horizonte desafiante para que el Derecho pueda seguir sirviendo a la sociedad con la diligencia y precisión que se le exige.


La tecnología es la inteligencia aplicada a ampliar sus posibilidades. En este proceso hay un intervalo peligroso donde ante una situación nueva el Derecho debe adaptarse. Consecuentemente, en este nuevo proceso de ajuste, existen lagunas legislativas. Los bienes jurídicos protegidos hasta ahora, se revelan: la intimidad toma una nueva dimensión. La propiedad ya no es una porque hay otra propiedad (intelectual) natural del entorno. Las fronteras no terminan geográficamente; más allá de la realidad está la virtualidad. Todo se digitaliza, y hasta la identidad tiene ahora su Mr. Jekyll: el anonimato electrónico (Art. 401 CP). A  mayores posibilidades, mayor ha de ser la garantía de seguridad jurídica. Sin embargo las conclusiones de los expertos técnicos nos ha mostrado que la actividad forense no acaba con la recolección de pruebas y de nuevo ha de irse más allá.


Si el año pasado, las redes sociales eran futuro, este año eran cuestión recurrente ya que son conocidas y utilizadas a un nivel que provocan controversia. Las redes sociales se han convertido en una forma de generar identidad y han sido aceptadas con naturalidad en diferentes entornos. ¿Son una amenaza?  En una sociedad que da el salto al mundo digital, hay situaciones en los que la identidad digital parece superar la individual y éste es un límite recién descubierto.


Esta nueva dimensión hace necesario desarrollar nuevos métodos con los que medir una realidad diferente a la hasta ahora conocida. Por eso la biometría es una de las disciplinas al servicio de los nuevos desafíos de la autentificación. A su vez las nuevas relaciones personales y el entorno comercial necesitan nuevos sistemas de custodia y generación de evidencia electrónica que sirvan de entorno seguro a los negocios jurídicos. Así nacen las terceras partes de confianza cada vez más aceptadas en el entorno empresarial.


En el VI Foro de evidencias electrónicas se contaron las verdades prometidas. Los encuentros y desencuentros entre las partes interesadas resultaron estimulantes. A pesar de los brotes verdes que se apuntaban al inicio del Foro, los retos tecnológicos y jurídicos fueron, como cada año, precisados y discutidos.


Con la misma conclusión que los propios anfitriones del Foro concluimos esta entrada hasta una séptima edición: “La sospecha es psicológicamente más efectiva que la evidencia” (Bernardo Nante). Hay mucho por hacer en el Nuevo Mundo del s.XXI.

Este lunes, formando parte de una audiencia, escuché declarar a un ponente conocido en el mundo audiovisual español que en una película o en una serie, la música era lo de menos porque siempre podía componerse algo … (le faltó decir midi o con el Casio de Navidad del niño) para tener que evitar pagar derechos de autor. Entendiendo que la defensa de un gremio  (el que interese de una producción audiovisual) puede llevar a la exageración, pero ésta casi me incentiva a otra entrada. Sin embargo, como habíamos adelantado en la anterior, había una novedad musical de la que queríamos dejar constancia en el blog: derechos de los intérpretes y ejecutantes que como se ve, frente a los autores (Art. 87 TRLPI), hay quien los tiene más o menos en cuenta.


En el mundo musical europeo no hay una verdadera igualdad de condiciones para los distintos tipos de artistas. Actualmente, la protección de los derechos asociados a las interpretaciones y grabaciones musicales tienen una duración de 50 años. Los de los compositores, sin embargo, gozan de esta protección durante toda su vida y 70 años después. Así está regulado Art. 26 vs. Art. 112 del TRLPI.


La situación de los intérpretes en Europa es que sólo el 5% de los artistas intérpretes viven de su profesión ya que la gran mayoría desarrolla actividades alternativas que, al final, son los ingresos de los que realmente viven. Además, según un informe de la Asociación de Organizaciones de Intérpretes Europeos de julio de 2007, entre el 77% y 90% de los ingresos distribuidos a los artistas intérpretes en la UE, se destina al 20% de los artistas más destacados. Por ello, ya el año pasado desde la Comisión Europea como la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos, proponían una ampliación hasta los 95 años para lograr una medida que supusiera una mejora social de esos artistas que en ocasiones ven disminuir sus ingresos en sus últimos años de vida.


Este año, a finales de abril, la Eurocámara ha aprobado unas enmiendas donde se aboga por ampliar la protección de los derechos de los intérpretes a 70 años frente los 50 actuales. Enumeramos las principales:


  • Con el fin de garantizar que los artistas se benefician de los ingresos procedentes de esta extensión, los diputados reclaman evitar el uso de contratos previos a la nueva norma (enmiendas 46 y 62).

  • Otra de las propuestas es la de crear un fondo destinado a los músicos cuyos derechos ya han expirado. Este fondo es una medida transitoria para compensar a aquellos músicos que hayan cedido sus derechos basándose en la protección de 50 años. Para financiar este fondo, los productores tendrán la obligación de contribuir, al menos una vez al año, con un mínimo del 20% de los ingresos procedentes de la extensión del plazo de protección.

  • El Parlamento alega que esta aportación de las productoras debe ser proporcional a los ingresos de los productores y, por tanto, la transferencia será menor si los ingresos son menores (enmienda 68).

  • Las sociedades recaudadoras, que representan los intereses de los artistas y los productores, deberían ocuparse de la administración del fondo y de su distribución entre los músicos (enmienda 61).

  • Se busca introducir un procedimiento uniforme de cálculo del plazo de protección de una composición musical con letra elaborada por varios autores.

  • Por otra parte, el texto parlamentario contempla que si los productores, 50 años después de la publicación del disco, no ponen a la venta un número suficiente de copias del álbum, el artista podrá entonces rescindir el contrato suscrito sobre la propiedad intelectual. El productor tendrá un año, desde la notificación por parte del intérprete, para proceder a su publicación (enmienda 58).

  • La Comisión debería presentar un informe tres años después de la entrada en vigor de la nueva legislación (y a continuación cada cuatro años) que aclare si la extensión de los derechos de autor ha mejorado realmente la situación social de los artistas (enmienda 74).
  • El texto solicita a la Comisión que realice antes de enero de 2010 un estudio sobre la situación del sector audiovisual europeo. El objetivo de este estudio es determinar si la ampliación del plazo de protección de los derechos de autor también beneficiaría a este sector (enmienda 75).

Para que entren en vigor estas medidas el Consejo tiene que aprobar todas las enmiendas que han salido adelante en la Eurocámara; en caso contrario, el tema quedará pendiente para la próxima legislatura. Los 95 años inicialmente aludidos eran excesivos y el ponente, el diputado irlandés Brian Crowley, aseguró que dejar esta cifra en 70 años facilitará el acuerdo con los Estados miembros para aprobar definitivamente la directiva. El documento contó con el respaldo de 377 votos, mientras 178 parlamentarios se mostraron contrarios y 37 se abstuvieron. De ser ratificadas estas enmiendas, los Estados miembros dispondrían, según el texto del Parlamento, de dos años para transponer la directiva.

Como habíamos adelantado, fue hace unos días cuando supimos que el Juzgado de lo Penal número 1 de Logroño había dictado la primera sentencia condenatoria a un sitio Web de los que permite descargas de contenidos mediante la tecnología “peer to peer” (de ahora en adelante “P2P”). Denunciado por las patronales de videojuegos (aDeSe) y videográfica (UVE), el administrador del portal www.infopsp.com era condenado a seis meses de prisión y al pago de 4.900 euros. La sentencia es firme, ya que ambas partes manifestaron su intención de no recurrir.


Mientras se conocían y se valoraban estos hechos por unos y otros, el administrador de www.infopsp.com hizo público un dato que, más o menos relevante, desde luego le daba otra perspectiva: se trataba de una sentencia de conformidad. En seguida en la Red se sembraron todo tipo de dudas y conjeturas: ¿Cómo se puede ser inocente según un tribunal y culpable según otro? ¿Qué significa para unos y otros esta sentencia?


Compartir ficheros de contenido creativo ajeno y protegido constituye una infracción de los derechos de autor por carecer de la autorización de su titular: representa una conducta de comunicación pública no autorizada. Aunque puede sancionarse y repararse en el ámbito de la jurisdicción civil, la industria de contenidos comenzó denunciando estos hechos en el ámbito penal donde hay una mayor carga sancionadora. En España para que una conducta como ésta sea calificada de delito contra la Propiedad Intelectual debe ajustarse al tipo del Art. 270 y ss. del Código Penal que por Ley Orgánica 10/1995 incorpora en el tipo básico el elemento subjetivo del “ánimo de lucro” y la exigencia de que fuera “en perjuicio de tercero”.


El ánimo de lucro excluye del ámbito de la represión penal las conductas en las que no concurre dicho ánimo. Desde la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, de manera muy polémica se equiparó el elemento subjetivo del “ánimo de lucro” del art. 270 con “lucro comercial”, excluyendo por lo tanto los beneficios que se pudieran obtener a título particular con las descargas, siempre y cuando los particulares no usaran tales descargas en operaciones “comerciales” posteriores. Es en la existencia o no de dicho ánimo donde se suscitan algunas cuestiones interpretativas de relevancia. Así, el ánimo de lucro, en cuanto a quienes intercambian obras protegidas en la Red, no se considera con la misma interpretación que el TS establece para los delitos patrimoniales “cualquier ventaja, utilidad, beneficio o rendimiento que se proponga obtener el sujeto activo, no importando ni el modo de materialización de su propósito lucrativo ni si llegó o no a obtenerlo efectivamente.” A raíz de esto, multitud de asuntos fueron sobreseídos (o dictadas sentencias absolutorias). Con base en estos resultados, desde entonces en la Red se declara que la descarga de contenidos no es delito sin matizar qué tipo de ilícito es la descarga de contenidos protegidos.


El administrador de www.infopsp.com fue criticado por otros usuarios de Internet por haberse rendido y por haber facilitado esta primera resolución a favor de la industria audiovisual. Existía la posibilidad de que las denunciantes recondujeran la acción por la vía civil y esta persona no posee los medios para hacer frente a la indemnización que se le podría exigir ni al pago de su representación. Y es que con la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que incorpora una nueva definición de copia privada más restringida y el nuevo derecho de puesta a disposición, los tribunales civiles pueden considerar esas copias privadas que se obtienen en estas redes como ilícitas imponiendo las indemnizaciones previstas en la LPI.


La sentencia de conformidad, sin tener la misma relevancia jurídica que un fallo motivado tras el planteamiento detallado y el estudio de las circunstancias técnicas y circunstanciales, cobra toda su validez jurídica cuando el juez valida el acuerdo. Sin embargo el Juzgado de lo Penal no es fuente de jurisprudencia por lo esta resolución es una más en la historia de los casos P2P llevados a los tribunales.

La exportación de bienes culturales se reguló por primera vez a nivel europeo en el año 1992, mediante el Reglamento 3911/92, de 9 de diciembre. Hasta fecha, no existía una regulación uniforme, por lo que se aplicaban las normas nacionales que dificultaba, y sigue dificultando, el comercio interior de este tipo de bienes. Por otra parte el citado reglamento de 1992, fue modificado sucesivamente y hacía necesaria una nueva redacción. El Reglamento (CE) nº 116/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la exportación de bienes culturales es de obligatorio cumplimiento desde el 3 de marzo del presente año tal y como se establece en su artículo 12.


En el Patrimonio Histórico de un país determinados bienes culturales pueden tener una alta valoración o apreciación en un Estado miembro que desaparece una vez que ha abandonado su entorno natural. Regular la exportación de bienes culturales fuera de las fronteras del territorio político de la Unión Europea es una forma de limitar el empobrecimiento en este tipo de bienes de algunos países a favor de otros con mayor potencia económica. Exigiendo la previa obtención de una autorización de exportación, bien del Estado miembro en que se encuentre de forma lícita en el momento de la exportación, o, si no fuese así (por ejemplo en los casos de exportaciones ilegales), por la correspondiente autoridad en el Estado miembro en el que se encontrase dicho bien cultural antes del día 1 de enero de 1993, la Comisión Europea pretende que aquellos bienes culturales, que se han desplazado de un Estado a otro sin obtener los permisos de salida correspondientes ,no se puedan hurtar al control de las autoridades nacionales legítimas.


La autorización de salida del espacio territorial de la Unión Europea podrá denegarse por dos motivos. El primero de carácter intrínseco, y que se aplica a aquellos casos en los que un objeto sea no exportable de acuerdo con el Reglamento. Y el segundo en virtud de la legislación aplicable del Estado miembro que debe emitir dicha autorización. Ahora bien, una vez obtenida la autorización, la exportación hacia terceros países se puede producir desde cualquier lugar de la Unión.


Según la legislación española vigente, la solicitud de autorización para la exportación debe ser expresa y previa a la realización de la misma en uno de los dos modelos oficiales. En función de la intención con la que se va a realizar la exportación, se distinguen tres tipos: definitiva, temporal con posibilidad de venta y temporal.


La exportación no autorizada de bienes culturales (art. 9 del Reglamento) está sujeta a las sanciones que sean aplicables en el Estado miembro competente para emitir la autorización, por lo que corresponde a cada uno de estos establecer la reforma específica, y con independencia de las que ya contemplase la legislación nacional. En cualquier caso dichas sanciones deberán ser efectivas (es decir, contar con un procedimiento de exigencia de las mismas de carácter efectivo), proporcionadas cuantitativamente a los efectos que suponga la salida del patrimonio del país miembro del bien cultural y, por último, disuasivas.


Incumplir las condiciones del retorno a España de los bienes cuya exportación temporal ha sido permitida, tendrá la consideración de exportación ilícita. Por otra parte la exportación de un bien mueble del Patrimonio Histórico Español que se realice sin la autorización constituirá:

  • Si del mismo es superior los 18.000 euros: Delito de contrabando

  • Si del mismo es inferior a 18.000 euros: Infracción

En lo que se refiere al SECTOR AUDIOVISUAL:

El Reglamento no se refiere en modo alguno a bienes incorporales o derechos, como serían los de explotación de las obras, sino solamente a bienes corporales. Por tanto están sujetos a dicha autorización los siguientes:

1) Las fotografías, películas y sus negativos respectivos, siempre y cuando tengan una antigüedad superior a 50 años, su valor unitario sea superior a 15.000 euros y el propietario del soporte físico no sea su autor;

Por su redacción debe deben interpretarse de forma extensiva refiriéndose por tanto a los originales (por ejemplo en el caso de las fotografías y películas impresionadas en material reversible), como a las copias de las mismas siempre y cuando la antigüedad y valor sean los indicados. Así, por ejemplo, la exportación de películas domésticas está sujeta a autorización, si quien la efectúa no es su propietario.

2) Los instrumentos y aparatos de fotografía o cinematografía con una antigüedad superior a 50 años, siempre y cuando su valor unitario sea superior a 50.000 euros;

3) Los soportes y aparatos con una antigüedad superior a 100 años, necesitan la autorización con independencia de cual sea su valor.

3) Igualmente queda sujeta a autorización la exportación fuera del ámbito de la Unión Europea de las colecciones que tengan valor histórico (como pueden ser las de carteles cinematográficos) cuyo valor sea superior a 50.000 euros. Según sentencia de 10 de octubre de 1985 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, son piezas de colección los objetos “… que son relativamente escasos, que no se utilizan normalmente con arreglo a su destino inicial, que son objeto de transacciones especiales fuera del comercio habitual de objetos similares utilizables y que tiene un valor elevado”.


Se entiende que no será necesaria la autorización para la exportación de master, internegativos y otros elementos de obras cinematográficas y audiovisuales, salvo que cumplan el requisito de antigüedad, lo que es bastante improbable.


Concluimos: debe tenerse en cuenta este Reglamento cuando se quieran movilizar negativos de obras cinematográficas que se hayan fijado hace más de 50 años, y siempre que efectivamente se cumplan los requisitos exigidos por la norma, aunque la exportación se lleve a cabo de forma temporal. Aparte de consultar los bienes culturales afectados en el Anexo I es criterio esencial para la obligatoriedad de la norma la antigüedad del bien objeto de exportación.

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