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Desde el 2004, el Foro de las Evidencias Electrónicas, organizado por Garrigues, se ha celebrado para congregar y detener a los técnicos y juristas en el progresivo e imparable entorno de las tecnologías avanzadas, proponiendo el diálogo y el intercambio de impresiones. Desde entonces, la sociedad de la información ha sido tratada y analizada por responsables del mundo jurídico y expertos afines, desde la perspectiva de la seguridad jurídica. Actualmente, este encuentro anual se ha posicionado como el “think tank” pionero en evidencias electrónicas, contenidos digitales y nuevas tecnologías. Los reconocimientos no son sólo por parte de los participantes que realmente disfrutan de la experiencia caleidoscópica ante una realidad que desafía las ciencias que conocen.


La sexta edición ha tenido lugar el pasado 3 de junio en los Teatros de Canal y hemos de dejar evidencia electrónica para tener una referencia para el año que viene que nos permita reconocer los puntos protagonistas de esta sexta entrega. Debido a que cada vez más, todo es electrónico, este año se cambió el formato como necesidad de la madurez del encuentro. Los paneles de diálogo se sucedieron durante todo el día pincelando de forma esquemática y ordenada los puntos más relevantes de una actualidad cambiante. En un formato televisivo, por supuesto con recursos digitales suficientes, los diferentes expertos intercambiaron impresiones, enfrentaron opiniones y complementaron conocimientos.


Respecto al año anterior hubo diferencias muy relevantes: la asistencia, cada vez más y mejor; el interés suscitado por la agenda acorde con la realidad y la diversidad de ponentes, la amplitud de la propuesta, el desafío del propio tema… todas ellas son razones para tener este encuentro muy en cuenta:


La tecnología cambia el mundo, y lo hace con sus luces y sombras. El Derecho siempre ha regulado las relaciones sociales. Desde hace años somos conscientes del vertiginoso desarrollo que están teniendo las tecnologías y cómo éstas influyen  de forma directamente proporcional en dichas relaciones. Las nuevas tecnologías se han ido descubriendo y ahora despliegan sus herramientas y utilidades exhibiendo un horizonte desafiante para que el Derecho pueda seguir sirviendo a la sociedad con la diligencia y precisión que se le exige.


La tecnología es la inteligencia aplicada a ampliar sus posibilidades. En este proceso hay un intervalo peligroso donde ante una situación nueva el Derecho debe adaptarse. Consecuentemente, en este nuevo proceso de ajuste, existen lagunas legislativas. Los bienes jurídicos protegidos hasta ahora, se revelan: la intimidad toma una nueva dimensión. La propiedad ya no es una porque hay otra propiedad (intelectual) natural del entorno. Las fronteras no terminan geográficamente; más allá de la realidad está la virtualidad. Todo se digitaliza, y hasta la identidad tiene ahora su Mr. Jekyll: el anonimato electrónico (Art. 401 CP). A  mayores posibilidades, mayor ha de ser la garantía de seguridad jurídica. Sin embargo las conclusiones de los expertos técnicos nos ha mostrado que la actividad forense no acaba con la recolección de pruebas y de nuevo ha de irse más allá.


Si el año pasado, las redes sociales eran futuro, este año eran cuestión recurrente ya que son conocidas y utilizadas a un nivel que provocan controversia. Las redes sociales se han convertido en una forma de generar identidad y han sido aceptadas con naturalidad en diferentes entornos. ¿Son una amenaza?  En una sociedad que da el salto al mundo digital, hay situaciones en los que la identidad digital parece superar la individual y éste es un límite recién descubierto.


Esta nueva dimensión hace necesario desarrollar nuevos métodos con los que medir una realidad diferente a la hasta ahora conocida. Por eso la biometría es una de las disciplinas al servicio de los nuevos desafíos de la autentificación. A su vez las nuevas relaciones personales y el entorno comercial necesitan nuevos sistemas de custodia y generación de evidencia electrónica que sirvan de entorno seguro a los negocios jurídicos. Así nacen las terceras partes de confianza cada vez más aceptadas en el entorno empresarial.


En el VI Foro de evidencias electrónicas se contaron las verdades prometidas. Los encuentros y desencuentros entre las partes interesadas resultaron estimulantes. A pesar de los brotes verdes que se apuntaban al inicio del Foro, los retos tecnológicos y jurídicos fueron, como cada año, precisados y discutidos.


Con la misma conclusión que los propios anfitriones del Foro concluimos esta entrada hasta una séptima edición: “La sospecha es psicológicamente más efectiva que la evidencia” (Bernardo Nante). Hay mucho por hacer en el Nuevo Mundo del s.XXI.

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Llegada la primavera, la actualidad sigue siendo intensa a la vez que convulsa. En el sector jurídico también hay varios frentes abiertos y nuevas medidas:

  • Nacional

Estas últimas semanas las voces estaban en el “top manta”: en España se reivindica el despenalizar al “mantero” cuya conducta encaja perfectamente con el tipo penal del 270. Las plataformas defensoras de esta iniciativa sostienen que la aplicación del tipo es desproporcionada e incoherente respecto a la pena que corresponde a otros delitos como el robo con intimidación y violencia, o los delitos de lesiones. Sin embargo, mientras la iniciativa llega al Pleno, invitamos a considerar la diferencia entre: despenalizar y ajustar la ley a la realidad social.

  • Europa

El Parlamento Europeo aprobó ayer un informe que rechaza la posibilidad de que los gobiernos europeos puedan denegar el acceso a Internet como un medio para imponer sanciones a los consumidores. A pesar de que algunos países de los 27, manejan estas propuestas siguiendo el modelo de Francia, el texto señala que los gobiernos o las empresas privadas no deben recurrir a cortar ese acceso como forma de penalización a los usuarios de redes p2p.


El texto, aprobado con 481 votos, 25 en contra y 21 abstenciones, aborda la protección de los derechos de propiedad intelectual en Internet y, en ese contexto, urge a los estados miembros a que adopten la directiva sobre medidas penales respecto a la violación de este tipo de derechos. En cambio, para lograr ese objetivo, precisa que es necesario que se prohíban “el control y la vigilancia sistemática” de los usuarios: respetar asimismo la libertad de expresión y de asociación de los usuarios individuales y luchar contra la incitación a la ‘ciberviolación’ de los derechos de propiedad intelectual, incluidas algunas restricciones excesivas de acceso impuestas por los propios titulares de la propiedad intelectual“.


Muy al contrario de estas medidas de castigo, debe garantizarse el acceso a Internet a todos los ciudadanos para asegurar su acceso a la escolarización ya que el “analfabetismo electrónico” será el “nuevo analfabetismo del siglo XXI”. Esta idea, acertada como real, debería ser una consigna perenne porque es innegable la magnitud de Internet y su relevancia en la creación cultural y de mercado. Por eso, penalizar con el acceso a Internet no puede ser “la medida”. Abogamos por unas medidas creativas y constructivas antes que reprimir, pues “cuando digo futuro” (Sr. Silvio Rguez) se habla de medidas constructivas, de educación y respeto a los derechos ajenos.


Por otra parte, como habíamos adelantado en el post del Dia de la Seguridad en Internet, el Parlamento aceptó la enmienda que insta a los países a actualizar su legislación sobre protección de menores que utilizan Internet, especialmente en lo relativo al delito de ‘grooming’ (captación de menores en línea con fines sexuales). También se prestó atención a la “identidad digital”: en esta línea, la Eurocámara reclama a la UE que establezca una “estrategia global” para luchar contra la ciberdelincuencia, especialmente en lo relativo a la usurpación de la identidad de los internautas. Además se considera crear una oficina de ayuda para las víctimas de estas suplantaciones de identidad, que impulsen campañas de sensibilización y prevención al respecto.


El respeto a la vida privada, la protección de datos, la libertad de expresión y de asociación, la libertad de prensa, la de expresión y participación políticas, la no discriminación y la educación, son los derechos que se deben preservar en Internet. Para su garantía y tutela deben aplicarse las normas sobre protección de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

El Día por una Internet más segura se organiza cada año desde 2004. Se celebra en más de 50 países de Europa y del resto del mundo. Este año se celebra hoy, 10 de febrero. Las acciones que llevan a cabo las instituciones involucradas se centran en proteger a los jóvenes, más vulnerables a los riesgos que entraña la Red, para que la necesidad de seguridad se salve con educación. La campaña, de 55 millones de euros, se destinará a luchar contra la propagación de contenidos racistas o de pornografía infantil en la Red y evitar las conductas delictivas como el acoso escolar.


Hoy, en el Día para una Internet más segura, se ha firmado el primer acuerdo europeo sobre las redes sociales. Diecisiete de las empresas más importantes de la web han firmado por primera vez un acuerdo europeo para mejorar la seguridad de los menores de edad que utilizan sitios de redes sociales. La finalidad es educar y capacitar a los adolescentes para enfrentarse a los riesgos que puedan encontrar en línea, principalmente, el ciberacoso o la revelación de información personal.


La utilización de redes sociales, según datos manejados por la Comisión Europea, aumentó durante el año pasado en Europa en un 35 %, y se espera que se incremente en más del doble, hasta alcanzar los 107,4 millones de usuarios de aquí a 2012. Como ya comentamos alguna vez, el reconocimiento a la influencia de las redes sociales en las nuevas generaciones es fundamental. Son un reconocido fenómeno socioeconómico emergente que atrae a 41,7 millones de usuarios habituales en Europa y están cambiando el modo en que interactuamos en la Red. Para que estas redes sociales puedan seguir creciendo dado a su potencial para prosperar en Europa, es preciso que los jóvenes se sientan seguros cuando amplían sus redes.


Las redes sociales en Internet más importantes de Europa se han reunido hoy por primera vez, a fin de reconocer su responsabilidad y determinar los riesgos potenciales que pueden encontrar en sus páginas los menores de edad. Algunos de estos riesgos son el ciberacoso (acoso a los niños en sitios de Internet o a través de mensajes de móvil), la captación de menores (cuando un adulto trata de hacerse amigo de un niño con la intención de abusar sexualmente de él) y comportamientos arriesgados, como el de revelar información personal. La finalidad es (I) limitar estos riesgos con diferentes medidas que garantizan las opciones de privacidad y (II) que las herramientas a estos riesgos sean fácilmente accesibles en todo momento. Los sitios de redes sociales informarán a la Comisión antes del final de abril de 2009, sobre las políticas de seguridad que adopten a título particular y sobre cómo pondrán en práctica lo acordado hoy.


Queremos destacar la fecha, el motivo, y este buen ejemplo de autorregulación de la industria. Algunas iniciativas similares en este ámbito son la guía sobre redes sociales publicada por el Ministerio del Interior del Reino Unido (Social Networking guidance, 28th April 2008) y diferentes acuerdos suscritos entre Myspace y Facebook con 49 fiscales generales estatales en los Estados Unidos. Es muy importante, no sólo para los jóvenes sino para todos los usuarios, que podamos saber fácilmente quién puede ver lo que colgamos en línea: si sólo amigos o todo el mundo.

La generalización del uso de Internet en el trabajo y a nivel doméstico, ha dado una nueva dimensión al tratamiento de los datos personales. Los que son usuarios de motores de búsqueda, de plataformas de contenidos o de redes sociales, tienen un alto grado de desconocimiento acerca de la gestión, protección y garantía en el tratamiento de los datos personales que prestan. La mayoría usamos Google, Youtube o Facebook pero sin detenernos en valorar el riesgo que el uso de estos servicios habituales implica. Últimamente se nos advierte que debemos ser conscientes de que el uso de Internet ha de ser una forma precavida y consciente para evitar que los datos personales sean susceptibles de robo, uso indebido o exposición pública.

Igualmente la protección de la información de carácter personal alcanza una nueva magnitud con el desarrollo de las tecnologías. En España contamos con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que vigila el cumplimiento de la legislación vigente en materia de privacidad e instruye procedimientos sancionadores contra organismos y empresas que no cumplan con la Ley de Protección de Datos.

Desde 2006, en España ha aumentado la videovigilancia de forma incontrolada y así lo muestra el último informe presentado por la AEPD. A pesar de que su uso se destina para garantizar la seguridad, simultáneamente reduce los espacios de privacidad y de protección de la imagen. Así, las denuncias por parte de ciudadanos preocupados han ido creciendo de forma directamente proporcional al número de ficheros de cámaras inscritas. Para que sirva de parámetro, hasta el 2006, había registradas unas 700 cámaras de vigilancia. Según datos de la Agencia, en 2008 llegan a ser unas 15.000 entidades las que tiene cámaras.

Éste y otros fenómenos, así como el tratamiento de ficheros con datos de carácter personal en pymes, generan dudas y nuevas cuestiones que se han de tener en cuenta. El próximo miércoles 28 de enero de 2009, tendrá lugar la tercera edición del Día Europeo de la Protección de Datos y es un buen día para detenerse y valorar los derechos y responsabilidades en materia de protección de datos. Este día se fijó en el 2006 y se quiso hacer coincidir con el aniversario de la firma del Convenio 108 del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 y cuyo objeto es garantizar el derecho a la vida privada con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal a cualquier persona física de cada estado parte.

Coincidiendo con este día, la AEPD convoca la 2ª Sesión Anual Abierta donde se pretende analizar las novedades en esta materia tanto a nivel nacional como internacional. Será una sesión pública en el Auditorio de la Universidad Carlos III (Avenida de la Universidad, 30, 28911-Leganés) para todos los profesionales para formular todas las preguntas que deseen. La apertura de la sesión correrá a cargo del Sr. Ministro de Justicia y seguidamente el personal directivo de la AEPD se ocupará de analizar y contestar las cuestiones que los presentes hayan formulado por escrito en la solicitud de inscripción. El aforo es limitado y las plazas disponibles se asignarán por riguroso orden de la inscripción realizada a través de la website de la Agencia.

A principios de año, el Tribunal Supremo británico permitía a varias compañías de videojuegos localizar los datos personales de los usuarios desde cuya IP(1) les constaba que se intercambiaban contenidos protegidos, para poder iniciar acciones legales contra ellos. Con la relación de IPs y este fallo, los abogados de dichas entidades solicitaron a los ISP(2) el nombre, dirección y número de teléfono de los titulares de las mismas. Unos 25.000 británicos recibieron una carta acusados de intercambiar archivos ilegalmente, exigiéndoseles una cantidad de 500 libras en concepto de compensación y con la amenaza de que, de no tener en cuenta esta notificación, pueden tomarse medidas legales imponiéndoseles una multa mayor.

Esta acción ha despertado la indignación e inquietud de los internautas que reclaman la privacidad de sus datos personales y defienden que la dirección IP no identifica a ninguna persona por lo que consideran esta medida desproporcionada, ultrajante e inadecuada. Es cierto que una dirección IP no identifica a una persona sino a un dispositivo, y es muy difícil identificar a quien realmente está intercambiando los contenidos protegidos, por ejemplo, en los casos en los que se comparte una conexión mediante Wifi, al margen de que esté abierta o no. En algunos casos esta medida está provocando grandes conflictos, especialmente en aquéllos en los que según la BBC, la compañía alemana DigiProject acusa de descarga ilegal de películas para adultos. Ante esta acusación hay quienes pagan directamente con miedo a que se haga público. Sin embargo, una gran mayoría de afectados se están movilizando desde la página TorrentFreak para exigir de forma colectiva ante el Gobierno el respeto a los datos de carácter personal y defender su privacidad. Para ello, han colgado una carta modelo de protesta en la que denuncian el incumplimiento de las leyes de protección de datos y piden la intervención a favor de sus derechos de ICO(3), la Agencia de Protección de datos británica. En esta carta se reivindica la literalidad de la norma comunitaria y de las locales, y se cita jurisprudencia española, caso Promusicae v. Telefónica, como ejemplo.


En España, el 31 de enero de 2008, conocimos el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE en relación con la denuncia de Promusicae contra Telefónica. Promusicae había denunciado a Telefónica por negarse a facilitarle los datos de los usuarios de Internet que se identificaban con unas direcciones IP desde las que se habían decargado contenidos protegidos, para poder ejercer contra ellos las pertinentes acciones legales por vía civil. Telefónica se negó amparándose en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de telecomunicaciones por la sólo está obligada a ceder esa información “siempre que les sean requeridos a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales”


El Juzgado mercantil 5 de Madrid elevó una cuestión prejudicial al TJCE que falló que el derecho comunitario no obligaba a los Estados miembros a divulgar los datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor, en el marco de un procedimiento civil. Si bien entre las excepciones permitidas por la legislación de la Unión, Directivas 200/31, 2001/29, 2004/48 y 2002/58, sobre protección de datos personales, había medidas necesarias para la protección de los derechos y libertades de otras personas, pero esta medida sin ser excluída tampoco era obligatoria y tal decisión era cuestión de cada Estado miembro.


Así los acusados de intercambio ilegal quieren que el ICO, institución que informa directamente al Parlamento, plantee la cuestión de la misma forma abanderando la legislación local: La Ley de Protección de Datos (Data Protection Act 1998), La Ley de Libertad de Información (the FOIA: Freedom of Information Act 2000), las Regulaciones de Privacidad y Comunicaciones Electrónicas (PERC: The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003); y las Regulaciones para la Información Medioambiental (EIR: Environmental Information Regulation 2004).


  1. Dirección IP, número jerárquico y lógico asignado a un dispositivo, generalmente un ordenador, que identifica un usuario dentro de una red que utiliza el IP, protocolo de Internet.

  2. ISP, Proveedores de Servicios de Internet

  3. ICO, Information Commissioner’s Office, Oficina del Comisionado de Información que en Inglaterra es una institución independiente establecida para facilitar el acceso a información oficial y garantizar la protección de la información privada.

“La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos” Art. 18.4 CE

El 96% de las pequeñas y medianas empresas manejan ficheros que contienen datos protegidos legalmente por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), en vigor desde 1999. El 78 % de las mismas lo hace en soporte automatizado.

Esta norma prevé sanciones ante su incumplimiento que llegan a alcanzar los 600.000€. Las empresas deben hacer frente a las nuevas medidas de seguridad previstas en la LOPD y el nuevo Reglamento de Desarrollo (RDLOPD) que entró en vigor en abril de 2008. Respecto a éste se establece un periodo máximo de adaptación desde su entrada en vigor.

Hablando con un amigo, directivo de una agencia de medios, hablábamos de los ficheros que se manejan en las empresas y el tratamiento de los datos personales de trabajadores, proveedores y clientes que derivan de la actividad diaria. Me comentaba lo difícil que les resultó localizar la asesoría e información necesarias para regularizar sus procesos y bases datos conforme a esta norma, y concretamente este año con el RDLOPD.

Un reciente estudio del Observatorio de Seguridad del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, (Inteco, con sede en León), cuyo objetivo es determinar el grado adaptación de las pymes españolas a ambas normas, revela que el 80% de las pymes incumple la Ley de Protección de Datos. El estudio se realizó a partir de 250 encuestas telefónicas a pymes españolas; de 15 entrevistas en profundidad a juristas, auditores y consultores especializados y también de la información que dispone la Agencia Estatal de Protección de Datos.

El estudio, recogido por EFE, refleja que el 37% de las pymes con ficheros automatizados aseguran haberlos declarado ante la Agencia Estatal de Protección de Datos, tal como obliga la ley, si bien este último organismo confirma que sólo un 16% lo han declarado realmente. Por lo que respecta a las pymes con ficheros no automatizados, dos de cada diez declaran que tiene establecidas medidas de seguridad, y el 23% afirma clasificar su documentación en papel en función de la confidencialidad del contenido.

Al igual que el mencionado estudio, entre tapas, llegamos a la conclusión de que la normativa sobre protección de datos es escasamente conocida y no suficientemente implantada. Y eso que, en general, a todos nos preocupa el tratamiento de nuestros datos. La rápida evolución y los vertiginosos adelantos que se suceden en el mundo de las tecnologías y en el entorno digital, efectivamente obligan a prestar atención sobre la seguridad y las garantías que deben ofrecer aquéllos que tienen acceso y manejan datos de carácter personal.

Es imperativo legal para las empresas notificar a la AEPD (o a las Agencias de Protección de datos de las Comunidades Autónomas) los ficheros que contengan datos de carácter personal. Se ha de elaborar un Documento de Seguridad donde se contengan las medidas técnicas y organizativas de seguridad e implantarlas. Igualmente tener en cuenta las medidas de seguridad necesarias según el nivel de información que se manejan en los sistemas de información, los centros de tratamiento y las redes de comunicaciones. Por último se han de realizar auditorías internas o externas, para verificar el cumplimiento de la LOPD, al menos cada dos años.

Cada una de las empresas debe partir de un proceso previo de análisis del estado actual de sus ficheros y su tratamiento. Seguidamente trazar un plan para la adecuación a la normativa. De esta forma, podrá normalizar las medidas necesarias en los procesos de la actividad. Así garantizará la seguridad y garantías, necesarias y suficientes, respecto “al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.” Art. 1LOPD

(Asunto Telma Ortiz vs. Medios de comunicación)

Cuando Víctor Jara cantaba urbi et orbe aquello de El derecho de vivir en paz, “paz” era lo contrario de “guerra”. Poco podía imaginar Víctor que, superado aquel momento de tan precaria estabilidad política, vendría otro en el que a algunas personas, en países de primera velocidad, inmersos en la sociedad del bienestar y teóricamente libres y democráticos, se les negaría el derecho de vivir en paz.

Últimamente he tratado con alguna Celebrity extranjera, que me refiere su espanto ante la situación de persecución que se padece en España, tanto por supuestos periodistas, como por “espontáneos” que se les abalanzan y abrazan mientras el acompañante hace una foto con el móvil, y además se forma cola en el local para repetir la operación. Esto, que he tenido el dudoso placer de ver, es una falta de respeto brutal hacia las personas, que son totalmente cosificados por el mero hecho de ser Artistas. Por esta razón, pese a que a la gente le enloquece España, son bastante reacios a venir, y por esto también algunos españoles se ven obligados al autoexilio, para poder simplemente pasear por la calle, tomarse un aperitivo, comprar el periódico o ir de compras, como cualquier otra persona.

Si cabe un caso peor, es el de quien se ve en esta situación sin comerlo ni beberlo, simplemente porque alguien de su familia alcanza fama o notoriedad y de la noche a la mañana le brota un teleobjetivo del cogote, a modo de cazador permanentemente apostado esperando el mínimo desliz de su presa para someterla al escarnio público, a ella y a su familiar famoso. Dicho esto, y puesto que se trata de un foro jurídico, os daré brevemente mi opinión (sometida a cualquier otra mejor fundada en Derecho) sobre el caso “Telma Ortiz vs. Medios de comunicación”.

En cuanto al fondo, encuentro desacertada la línea argumental de que T.O. tiene una faceta pública en actos en los que aparece junto a su hermana, y una faceta privada en el resto de su vida. Telma Ortiz no puede ser considerada un personaje público por el mero hecho de que su hermana se haya casado con el Príncipe de Asturias. Es decir, no opera ninguna dualidad, bicefalia o esquizofrenia en la naturaleza de la demandante, doble naturaleza que ciertamente la Ley no recoge, sino, simplemente, la excepción recogida en el art. 8, 2, c) de la Ley Orgánica 1/82, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen,

Artículo Octavo.-

Dos. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá:

c.- La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.

Es decir:

T.O. es una persona privada, y por lo tanto, nadie tiene derecho a captar su imagen, salvo, acogiéndose a la excepción del art. 82.c), cuando sea accesoria en un acontecimiento público. Por poner un ejemplo, es exactamente el mismo caso que si fotografían a Servidora en la Cibeles celebrando el pase a semifinales de la Selección, o entrando en un estreno de cine, justo cuando paso junto al protagonista. Pensar lo contrario, es decir, que un hecho voluntario de otra persona, totalmente fuera de nuestro libre albedrío implique automáticamente una expropiación de derechos fundamentales, es inconstitucional, ilegal, injusto e inhumano.

– En cualquier caso, lo anterior va referido al derecho de imagen, que tiene que ser así, porque de otra manera se impediría la labor de la prensa gráfica, y el derecho a la información sobre el suceso principal del que la persona en cuestión es imagen accesoria, pero en ningún caso se puede extender al derecho a la intimidad ni al derecho al honor, que se trata de derechos distintos, independientes y autónomos, aunque habitualmente se suelen confundir. Es decir: la infracción del derecho a la intimidad de T.O. y de su derecho al honor no están amparados por ninguna excepción legal.

Y de aquí precisamente surge una cuestión fundamental, cual es la correcta determinación de los derechos infringidos, lo que probablemente no se ha desglosado suficientemente en el pleito que comentamos. Me refería un día una persona que sufrió idéntico problema al de T.O. que la tortura auténtica no era tal o cual foto en determinada revista, sino el hecho de esa foto tenía detrás días y noches de vigilancia. La tortura es sentirte vigilada 24 horas al día, y no poder hacer cosas que cualquier persona joven normal haría, como irte de copas y llegar tarde, que vaya un amigo a tu casa a ver el fútbol, quedar a solas con un hombre, aunque sea tu íntimo amigo del cole, etc., etc., etc….

Esta persona me contaba que realmente sólo hacía una décima parte de las cosas que solía hacer antes de verse forzosamente “sacada del armario” sin tener arte ni parte. Ni siquiera salía a pasear con su niña por el barrio, porque el fotógrafo de turno directamente se iba detrás de ellas, y, aparte de estar a disgusto, tenía mucho miedo de que sucediera algo, cualquier mínima cosa, que pudiera perjudicar a su famosa pariente.

Yo creo que esto excede del derecho a la intimidad y del derecho a la propia imagen, y ataca frontalmente a la propia libertad humana, infringiendo de plano, al menos el art. 10 de la Constitución, en cuanto consagra La dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad.

No está de más, plantear subsidiariamente, para el caso en que el argumento principal sea desestimado, y T.O. fuera considerada un personaje público, la aplicación de la Doctrina Hannover vs. Alemania, creada en Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de septiembre de 2004, en la que el Tribunal concede amparo a Carolina Grimaldi-Hannover desglosando las dos facetas de su vida, pública y privada, y afirmando que no debe soportar intromisiones en esta última. Si bien opino que en una demanda no se debe dejar pasar la mención a esta doctrina, creo que debe ser de manera subsidiaria, con la finalidad de llegar en vía de recurso ante dicha alta Instancia europea, porque con la poca sensibilidad que hay en la judicatura española hacia estas cuestiones, es bastante impensable que esto llegue a triunfar en España, para empezar porque no es exactamente acorde a la letra de nuestra Ley, la famosa Ley Orgánica 1/1982.

En la forma del pleito no quiero entrar, porque no me apetece hacer juicios de valor sobre el trabajo de compañeros cuando probablemente hayan usado su más leal saber y entender… simplemente, una crítica a la actuación del órgano judicial, quien, en mi modesta opinión, no debió nunca haber entrado al fondo del asunto, porque había razones formales más que suficientes para fundamentar la desestimación, y, la verdad, flaco favor le ha hecho a T.O., al poder haberle producido para el futuro una excepción de cosa juzgada material que puede pesar como una losa…. no sé si habrá sido por afán de protagonismo, o por qué razón, pero, la verdad, creo que lo correcto habría sido desestimar por defecto formal en el modo de proponer, y punto-pelota.

Mucha suerte Telma, de todo corazón, aunque no creo que llegados a este punto procesal lo tengas fácil. Tal vez, puesto que se ha recurrido la resolución, la mejor vía sea seguir el despropósito hasta conseguir una resolución que pueda ser objeto de recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos…. pero, sinceramente, no lo veo claro.

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