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La Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (aDeSe) representa, desde 1997, a sus asociados en sus relaciones colectivas con la Administración y demás organismos defendiendo sus intereses. Actualmente son 16 las compañías miembros de ADeSe y representan más del 90% de las unidades de videojuegos que se distribuyen en el mercado español. Entre sus principales objetivos está contribuir al desarrollo de la industria del sector y de sus asociados.

Hoy, 23 de marzo de 2010, aDeSe ha presentado el balance económico de 2009. El consumo en la industria del videojuego en 2009 ha ascendido a 1.200 millones de euros, lo que se traduce en un 16% menos que en 2008. Entonces ya comentamos que la industria audiovisual salvaba el año gracias a las cifras conseguidas por los videojuegos. Este año baja en cuatro puntos su porcentaje, (53%) del total de la facturación total del entretenimiento audiovisual e interactivo (cine-DVD-música-videojuegos). Aún así, España mantiene su posición como cuarta potencia europea en consumo sólo por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania.

En la presentación de resultados se ha especificado que de los 1.200 millones de euros que obtuvo el sector en 2009 en España, 638 millones corresponden al software (videojuegos), que cayó un 11%, mientras que 572 millones tienen que ver con la venta de hardware (consolas y accesorios), que sufrió un retroceso del 14,3%. La industria cree que la bajada de precios de las consolas para hacer frente a la crisis ha jugado un papel importante en el descenso de la facturación.

En total, el consumo de videojuegos ha descendido de forma moderada a nivel mundial. Pero la caída no tiene precedentes y si bien tiene algo que ver con la situación económica actual, ésta no es la única razón. Uno de los factores determinantes sigue siendo el índice de descargas ilegales. La piratería, en el sector de los videojuegos empieza a tomar un cariz alarmante (página 7).

Según la asociación estadounidense ESA (Entertainment Software  Association), que analiza las conductas delictivas online en 238 países, durante el mes de enero de 2010 se produjeron 1.354.000 descargas ilegales, un 26% más que la media de descargas mensual del segundo semestre del pasado año. España duplica el número de descargas ilegales de EEUU.

Con todo ello, la asociación de la industria, ha expresado las esperanzas del sector en la nueva legislación propuesta por el Gobierno contra los intercambios no autorizados de archivos protegidos por la propiedad intelectual. Y es que los datos aportados del mercado en España dan muestra del potencial de crecimiento de la industria a pesar de que en términos de consumo, dado el actual contexto económico y demás circunstancias, no se haya producido crecimiento.

Aunque el porcentaje de sentencias que reconocen el derecho de la industria del videojuego en detrimento de las redes de descarga pirata, es cada vez mayor, aDeSe considera que es urgente y prioritario para España incorporar las medidas legales necesarias para desarrollar convenientemente los servicios de la sociedad de la información. Defendiendo que sólo un cambio en la actual legislación podría favorecer que la industria entrara en una etapa de madurez, atrajera talento internacional y pudiera ponerse a la altura de otros países en materia de desarrollo, manifestaron su apoyo a la LES (Ley de Economía Sostenible- disposición primera) pendiente de ser aprobada en el Congreso, tras haber sido aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes.

Para hacer frente a la piratería recogen estas medidas que me parece interesante reproducir literalmente:

Dos frentes de actuación:

“a) Contenidos:

– Aprobación en el Congreso en los próximos meses de las medidas contenidas en la Disposición final de la ley de Economía Sostenible en relación a la propiedad intelectual, que permita la eliminación de la piratería comercial en Internet.

– Impulsar un nuevo modelo de negocio que posibilite el desarrollo de nuevo servicios de la sociedad de la información, fomentando el comercio de contenidos legales en Internet.

– Incorporar medidas de autorregulación como paso previo a la regulación legal, impulsando campañas de sensibilización social.

Modificación de la Circular 1/2006 del Fiscal General del Estado.

b) Dispositivos:

– Desarrollo de un grupo de trabajo con el Consejo General del Poder Judicial intentando que el Supremo decida sobre estas materias para unificación de doctrina, en una sala especial.

– Cursos dirigidos a las Fuerzas de Seguridad y desarrollo de una ponencia específica de videojuegos destinada a jueces, orientada al estudio de los problemas de protección penal específicos de estas obras y muy en particular a los dispositivos de vulneración.”

España ostenta niveles muy deficientes en educación social sobre los derechos y obligaciones del usuario de tecnologías online.  Por ello la sensibilización y la educación en materia de propiedad intelectual ha de ser una de las tareas en las que centrar el esfuerzo para el total de la industria audiovisual. 

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Plataformas como Youtube y radios como Spotify o Last.Fm son muy populares debido a que usan la técnica del streaming para emitir sus contenidos. Permiten acceder a archivos de vídeo o pistas de audio sin que haya necesidad de bajar los discos y archivos al ordenador. Lo óptimo de esta tecnología, cuyo origen situamos en 1995, es poder reproducir un contenido a partir de un archivo situado en un servidor de Internet sin necesidad de descargarlo antes. El archivo se descarga al ordenador, pero en forma de flujo de datos, y sólo permanece de forma temporal.

La descarga de archivos mediante aplicaciones P2P ha descendido en el último año debido a los servicios para audio y vídeo en streaming y al aumento del ancho de banda en los hogares españoles. Y es que el “descubrimiento” del streaming estaba condicionado a poder acceder a un mayor ancho de banda ya que con conexiones de 3, 6, 10 y 20 Mbps, podemos acceder a un contenido con calidad DVD o superior, en tiempo real.

Poder reproducir los contenidos sin retrasos o tiempos de espera ha sido otro de los hitos en la era Web 2.0. En concreto ha supuesto un antes y un después principalmente para las industria musical y audiovisual, para bien y para mal.

Por primera vez en España la actividad de una página web de contenido audiovisual a través del sistema “streaming” ha sido condenada con una pena de un año de prisión, 12 meses de multa y una indemnización de cerca de 2.000 euros por considerarse un delito contra la Propiedad Intelectual. Se trata de una sentencia de conformidad. El acusado ha llegado a un acuerdo con las denunciantes con el fin de no alargar el juicio, y evitar la posibilidad de una pena mayor.

El origen fue una denuncia a finales del 2006 contra tres páginas web, http://www.simonfilms.tv, http://www.siglox.com y www.maxivideos.tv. Estas páginas ofrecían películas (estrenos y éxitos del mercado) para su visionado a través de streaming. Las páginas, eran propiedad de una S.L. con domicilio en Vigo, y ha sido el Juzgado de lo Penal de Vigo el que ha condenado al gerente y administrador único de esta sociedad.

La gran pregunta: ¿El ánimo de lucro?

Ya comentamos con el asunto del portal www.infopsp.com que el ánimo de lucro excluye del ámbito de la represión penal las conductas en las que no concurre dicho ánimo. En este caso el visionado de los contenidos de estas páginas reportaba a la sociedad un lucro comercial: exigía la suscripción que tenía un precio de un Euro (1€) con una compra mínima de diez películas.

La Circular 1/2006 de la Fiscalía General, que tanto tropieza con la defensa de los intereses de la industria de contenidos, no supuso ningún obstáculo los propósitos de la acusación:

[…] “El elemento del ánimo de lucro debe ser interpretado, no en el sentido amplio de obtención de cualquier tipo de ventaja, utilidad o beneficio, sino en el sentido estricto de “lucro comercial”.

La Circular 1/2006 de la Fiscalía General no contempla como “lucro” los beneficios que se pudieran obtener a título particular con las descargas, siempre y cuando los tales descargas no supongan operaciones “comerciales” posteriores.

En contraposición, la Audiencia Provincial de Valencia, ha vuelto a estimar otro recurso de la acusación particular ejercida por las compañías cinematográficas y de videojuegos en un tema de descargas ilegales a través de Internet. El Auto dictado indica de forma expresa que “no puede descartarse en la instrucción el ánimo de lucro en el encausado pues la exhibición del material tenía la función de enriquecerse con las obras ajenas gracias a la publicidad“. Ha sido contra la web http://www.divxonline.com dedicada al intercambio de contenido audiovisual.

Para confirmarlo, el Auto añade sobre la actividad de la página web que “parece desprenderse que el principal atractivo para la captación de publicidad era la emisión del material protegido por la ley de propiedad intelectual.” Y finaliza así “por todo ello, y ante las implicaciones criminológicas de las nuevas tecnologías, este Tribunal estima que resulta acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva proclamada en el art.24.2 de la C.E., que se prosiga el proceso“.

Está claro que para obtener ingresos por medio de una página web hay que  “colgar” un contenido lo más atractivo posible porque del contenido depende el número de visitas. Si hay un número importante de visitas, los anunciantes se interesarán por la página web y contratarán con el titular espacios publicitarios, u otras modalidades de explotación publicitaria. El problema está cuando NO se utilizan contenidos propios o autorizados.

En abril, la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (aDeSe) publicaba los datos de mercado del 2007. Entonces ya nos dábamos cuenta del importante papel de los videojuegos como alternativa de ocio. El consumo de videojuegos y consolas creció  en España un 50,4%, por encima de la media europea, y llegó a los 1.454 millones de euros.

 
 

 

A pesar de que el sector audiovisual vive sus propias circunstancias, las cifras de negocio siguen siendo elevadas pero eso sí, gracias al protagonismo de los videojuegos que facturan más que música y cine juntos.

 

Es cierto que los videojuegos se van desmarcando cada vez más dentro de las opciones de ocio, y lo más importante, aumenta en simpatizantes e incondicionales. Las opciones van más allá de los videojuegos clásicos de arcade; tenemos simulación, estratégicos, de mesa… para amantes de la ficción, de la Historia,  de la música, del mundo animal, de la cocina… se manejan con un volante, una guitarra, una cámara que permite aparecer al jugador en el juego como personaje, unos micrófonos para cantar e incluso una báscula para hacer deporte… Es un pasatiempo a favor de la tecnología y eso le permite seducir a niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

 

Este verano sigue la innovación del sector en Madrid. Se trata de una iniciativa única en Europa, la primera “cinegames”: una sala en la que se puede disfrutar de los estrenos de los últimos videojuegos del mercado desde la butaca. Esta novedad va acompañada de las ventajas que puede ofrecer una gran sala para vivir una de las experiencias más completas en el mundo de los videojuegos y además, de forma colectiva.

 

Los videojuegos siempre han estado cerca de la música y ahora ha sido el cine el que ha servido de inspiración. La “Sala G”, del centro comercial Islazul, se transforma, durante el fin de semana, para que todo el que quiera viva la experiencia más completa en el mundo de los videojuegos. Para hacerlo lo más realista posible, además de los efectos ya conocidos (humo, láser, niebla, flash, luz ambiental con variación de color y luz negra), se incorporan olores y un nuevo sistema de sonido integrado en la propia butaca de cuero con tecnología táctil.

Quedarse en Madrid en verano tiene más alternativas. En los foros, los primeros en probarlo ya dan sus impresiones.

Marisa Castelo, Abogada

mcastelo@legalarte.es

© Legalarte, 2006.

¿LA COMPRA EN EL TOP-MANTA CONSTITUYE UN DELITO DE RECEPTACIÓN?

La respuesta de los Poderes Públicos a la lógica y clamorosa protesta de los múltiples sectores afectados por la masiva defraudación de derechos de propiedad intelectual imperante en los últimos años ha sido, básicamente, desde la Unión Europea la Directiva 48/2004/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (incorporada al derecho español por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios), norma eminentemente procesal. En cuanto a España, el Gobierno aprobó en abril de 2005 un “Plan Antipiratería”, ambicioso y un tanto etéreo proyecto interministerial, centrado fundamentalmente en un incremento en la dotación de medios policiales, y cuya valoración no es objeto de estas líneas, por lo que dejamos únicamente apuntado que su utilidad ha sido más que dudosa.


Aunque cualquier medida es de agradecer, no podemos dejar de preguntarnos si se están utilizando todos los frentes de combate posibles, y ello, básicamente porque las cifras hablan por sí solas: la defraudación no disminuye, sino todo lo contrario. La respuesta debe ser negativa, por lo que se debe pensar en que tal vez el enfoque que se está dando no es el correcto.


En efecto, en la actualidad los sujetos perseguidos son únicamente quienes desde un punto de vista material proceden a la reproducción y distribución no autorizadas, sin tener en cuenta a los millones de personas que en España adquieren dichos productos ilegales y sin cuyo concurso la piratería no tendría razón de ser. Quiero creer que somos un Pueblo solidario que mira con simpatía a los vendedores, en su inmensa mayoría personas amables y sonrientes, que vienen huyendo del hambre en sus países y que a su vez son explotados vendiendo copias falsas por la calle de sol a sol. Efectivamente, resulta duro arremeter contra la agradable mujer china que entra en cualquier bar a cualquier hora para ofrecernos los últimos estrenos de la cartelera cinematográfica con una sonrisa, y, sobre todo, resulta inútil, porque la cadena no se puede romper por su eslabón final. Pero ¿cabe decir lo mismo del parroquiano que, entre caña y caña de cerveza, aprovecha para llevarse a casa el último estreno de Cine (o incluso el próximo anunciado, aun sin estrenar)? Evidentemente, creemos que esta conducta no es tolerable y no se entiende muy bien por qué nadie ha hecho el suficiente hincapié en ello. La única campaña que hemos podido ver en este sentido es el clip añadido en muchos de las películas en alquiler y en compra, y nos parece mínimo y enfocado a las descargas ilegales mediante sistemas de archivos compartidos peer to peer, lo que constituye una conducta penalmente distinta a la que nos ocupa.


Después de las campañas de concienciación que están llevando a cabo los perjudicados, no puede quedar la más mínima duda de que la totalidad de los ciudadanos que estén en posesión de sus facultades mentales saben perfectamente que cuando adquieren un CD o un DVD en el llamado Top-manta, están comprando un producto ilegal, cuyos fabricantes y distribuidores son perseguidos por la Ley, pero… ¿Saben que es este propio conocimiento el que a su vez los convierte en autores materiales de un delito autónomo de receptación y que como tales delincuentes pueden ser detenidos en flagrante delito, puestos a disposición judicial e imputados en un procedimiento penal?


Después de examinar el Art. 298 del vigente Código Penal, parece que no queda duda alguna de que la actuación del comprador del Top-manta es constitutiva de delito: el párrafo 1º, Art. 298, recoge el tipo básico del delito de receptación en los siguientes términos:

El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años”.


El fundamento del delito de receptación se encuentra en que la actividad del receptador promueve la comisión de delitos que no se producirían si el autor del delito principal no tuviera la seguridad de poder obtener el provecho económico que le garantiza dicho agente. En una palabra, sin la actuación del receptador, los autores de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico no podrían en la mayoría de los casos obtener provecho de la comisión de dichos delitos. Esto, que podría resultar discutible en los casos en que el beneficio obtenido del delito pudiera redundar en provecho del propio delincuente (p.ej.: en caso de objetos robados cuya utilidad pudiera redundar en beneficio del criminal), parece que no es de recibo en el caso de la venta de soportes, ya que nadie fabricaría miles de miles de discos para su propio uso.


Parece que no hacen falta más explicaciones acerca del ánimo de lucro que indudablemente mueve a quien compra en la calle un bien que en el comercio cuesta entre cuatro y ocho veces más de lo que paga, y que viene a ser precisamente la razón de que compre un objeto cuyo origen ilegal conoce sobradamente. Sin embargo, llama poderosamente la atención el hecho de que repetidamente se intente poner en tela de juicio por algunos sectores el ánimo de lucro, lo que sería un buen tema para tratar en otra ocasión.


Los restantes requisitos del tipo penal se cumplen igualmente: se trata de un sujeto que no ha intervenido en la comisión del delito de que trae causa el que él está cometiendo, y “adquiere” los efectos provenientes de dicho delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, entre los cuales, (Capítulo XI, Título XIII, Libro II del Código Penal, se encuentra la defraudación de derechos de propiedad intelectual (e industrial) en todas sus formas.


Siendo la Ley tan clara, surge la pregunta de nuevo: ¿Cómo es posible que se haga ojos ciegos a la comisión diaria en nuestras calles de miles de delitos?

¿Acaso de debe a que se considere a estas personas “honrados” ciudadanos y probos consumidores ejerciendo su derecho a la adquisición de bienes en libre competencia en detrimento de los “perversos delincuentes”, en su mayoría inmigrantes que fabrican y venden las copias piratas?


Seamos claros: ni siquiera en una sociedad tan cínica como la que nos ha tocado en suerte en este tercer milenio se puede afirmar esto. Más bien puede suceder que resulte “políticamente incorrecto” y pueda pasar factura electoral empezar a detener votantes encorbatados. Realmente puede ser chocante la escena de unos niños viendo a su mamá entrar en un furgón policial con el CD “Me siento viva” de Rosa de España, por ejemplo, asomando del bolso.

Seamos más claros todavía: ¿O es más bien que como todos hacemos lo mismo nadie está en condiciones de tirar la primera piedra? En este caso, la posición más coherente sería la de despenalizar la conducta, continuando la labor legislativa de adaptación de la norma jurídica a la realidad social.


Mientras esto no suceda, cada vez que una persona adquiere un soporte “pirata” está cometiendo un delito de receptación penado con prisión de entre seis meses y dos años, y conviene que nadie lo desconozca.

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